Claudio “Morocho” Mansilla, el último en ser recapturado de los ocho presos que el año pasado escaparon a tiros de la cárcel de Piñero, fue imputado este jueves por liderar una violenta asociación ilícita en el barrio Santa Lucía y por instigar un crimen. El mes pasado había sido condenado en la Justicia federal a 12 años de prisión como el jefe de una organización dedicada al comercio de estupefacientes que funcionó especialmente en ese barrio, donde se lo conoce como un referente del delito. Mientras que este proceso se concentró en las actividades de narcotráfico del grupo, la imputación en sede provincial pone el acento en la saga de asesinatos atribuidos a la banda. Uno de los cuales fue acusado de ordenar.
Parte de esa serie de homicidios fue la sangrienta disputa del año 2018 entre los allegados a Mansilla y la familia Aquino. Un conflicto del que se volvió a hablar hace tres semanas cuando asesinaron Catalina Aquino, quien ya había sido baleada en aquel entonces. El 17 de agosto pasado, la mujer de 63 años tomaba mates con su pareja frente a su casa de Misiones al 6100 cuando tiraron desde una moto. El mismo día habían detenido al sospechoso del crimen de uno de sus hijos, asesinado con dos tiros en la cabeza durante un partido de fútbol de noviembre de 2019.
Conectado por videoconferencia desde la cárcel federal de Ezeiza, adonde fue derivado tras su recaptura, Mansilla participó esta mañana de una audiencia imputativa en la que el fiscal Luis Schiappa Pietra lo acusó de liderar una asociación ilícita y de ordenar el crimen de Sergio Birri. El juez Florentino Malaponte le dio curso a la imputación que se añadió a una lista de causas -algunas cerradas, otras pendientes- acumuladas por este hombre de 39 años que cobró notoriedad tras la espectacular fuga de junio de 2021.
Mansilla fue acusado de dirigir una banda criminal integrada por su pareja Jésica González, Maximiliano “Menor” González, Carlos Saúl “Carita” Gómez, Alfredo Eduardo “Edu” Salva Celis, Iván Norberto Chaves, Ezequiel “Colo” Romero, Lautaro Agustín “Lauti” Acevedo y Damián Nahuel "Pufli" Córdoba, entre otros integrantes. Según la acusación, el grupo cometió delitos violentos como amenazas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas, lesiones y homicidios, además de vender drogas. Córdoba y González fueron condenados recientemente a 8 años de prisión en la causa federal.
El mes pasado Mansilla sumó a su legajo el pedido de prisión perpetua que formuló el fiscal Gastón Avila al acusarlo de haber ofrecido 100 mil pesos a un chico para que matara a Mauricio Ezequiel Gómez el 26 de abril de 2021, además de poner a disposición del sicario un vehículo y una pistola 9 milímetros.
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La jefatura de la asociación fue atribuida a Mansilla, quien “desde su lugar de alojamiento en la unidad de Piñero da órdenes a los miembros a través de líneas de teléfonos celulares”. Los delitos cometidos por la banda tenían como propósito “afianzar su dominio territorial y extender geográficamente los puntos de venta” de drogas.
De acuerdo con la acusación, la asociación criminal funcionó al menos desde que asesinaron a Kevin Nieri, de 16 años, y Leonel Bubakar Aw Borda, de 18, muertos a tiros la noche del 23 de septiembre de 2018 al ser emboscados por tres personas en la boca de un pasillo de Lima al 2100. Kevin murió alcanzado por ocho disparos y Kevin por 16. Mansilla estaba preso por esa causa y con el juicio oral por el caso recién iniciado, cuando el 27 de junio del año pasado, en medio de una balacera entre penitenciarios y un grupo de apoyo, escapó junto a siete presos con los que compartía pabellón en la cárcel de Piñero.
La provincia de Santa Fe llegó a ofrecer un millón de pesos de recompensa para quien aportara datos de su paradero. Un año después, el 17 de junio, fue recapturado. Cuando aún estaba prófugo, Mansilla fue condenado en ausencia a 25 años de prisión como quien cometió el doble crimen al sospechar que las víctimas trabajaban para una banda rival y culparlos por una ataque a tiros que había sufrido junto a su pareja dos días antes en la entrada al mismo pasillo. En esa época Morocho regresaba a las calles tras haber estado 17 años preso por robo calificado y una causa federal por las que había recuperado la libertad a mediados de 2018.
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Un año más tarde la organización de Santa Lucía quedaba al descubierto con una serie de asesinatos en ese barrio, todos mencionados en la imputación. El 2 de agosto fue baleada Catalina Aquino cuando la Misiones al 2100 -la misma en la que fue asesinada hace tres semanas- fue atacada a tiros desde un Peugeot 206 gris. La mujer salió a cerrar el portón y la alcanzó un balazo en la zona abdominal.
Los atacantes buscaban a uno de sus hijos que había salido de prisión. Según la investigación, la familia ya había mantenido en 2014 un enfrentamiento con la gente de Morocho que recrudeció ese año. Tres días después fue asesinada Sol Jazmín Delgado, una chica de 21 años, en una balacera a una casa de pasaje Serén al 7700. Era pareja de “Carita” Gómez, herido en ese incidente y detenido luego como un soldadito de Morocho.
Al mes fue asesinado Sergio Birri, yerno de Aquino, atacado a tiros desde una moto en Estudiante Aguilar 7750. Ese es el crimen que le imputaron a Morocho como instigador. El hecho fue el 19 de noviembre de 2019 a las 22. Según la imputación, Mansilla "contactó a personas de la organización, quienes a bordo de una motocicleta se dirigieron hasta la casa de la víctima, llamaron por su nombre a Sergio Birri y cuando este se acercó le efectuaron al menos doce disparos". Cuatro lo alcanzaron y le causaron la muerte por una hemorragia torácica.
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Días después, un hijo de Catalina, Rubén Giménez, fue asesinado cuando jugaba al fútbol en una canchita de Pujato al 8000. Tras los crímenes, en allanamientos de fines de diciembre se secuestraron casi cinco kilos de marihuana, un auto robado y celulares. En un aparato secuestrado en la casa “Pufli” Córdoba se detectaron mensajes que intercambiaba con Morocho y que aluden al movimiento de la banda que ahora le imputaron liderar.
