Tres personas comenzaron a ser juzgadas como parte de una banda que durante el año 2022 se dedicó a extorsionar a comerciantes. Esas maniobras eran planificadas desde la cárcel de Coronda por un preso que hoy cumple una pena de prisión perpetua por un homicidio. El fiscal a cargo de la acusación puntualizó en su alegato de apertura que los grupos criminales cobraban un "impuesto mafioso" y destacó que "la ausencia de control o la connivencia de las autoridades encargadas de la custodia era alarmante".
El fiscal Pablo Socca ubicó al recluso Fabio Giménez como jefe de la asociación ilícita, delito por el cual en marzo pasado aceptó una condena de 15 años en un procedimiento abreviado. El recluso de 35 años acumula penas por 28 años y 8 meses, mientras resta que quede firme la sentencia a perpetua que recibió en 2024 por instigar el asesinato de Nicolás "Fino" Ocampo, miembro de la banda de Esteban Alvarado.
Para el investigador, la organización se dedicó a extorsiones, amenazas, balaceras, homicidios por encargo, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Además de Giménez, otras dos personas ya fueron condenados en juicios abreviados. Mientras que este miércoles otros tres miembros de la banda comenzaron a ser juzgados en debate oral y público por una serie de extorsiones ocurridas en 2022 en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
Se trata de Samanta Joana Vilches, pareja de Giménez, sindicada como organizadora de la asociación ilícita e imputada en ese marco por varias extorsiones por las cuales Fiscalía pidió 20 años de prisión como condena. Los otros dos juzgados son Lucas Ezequiel Romagnoli, quien participó de extorsiones también desde la cárcel, y su pareja Vanesa Soledad Luna, para quienes la pena solicitada es de 6 años y 9 años respectivamente.
Delito en aumento
En su alegato de apertura, el fiscal Socca describió que en 2022 en Rosario y alrededores se vivió "un incesante incremento de delitos cometidos u ordenados desde la cárcel, producto de la proliferación en el uso de teléfonos celulares por los presos". "La ausencia de control, o la connivencia, de las autoridades encargadas de la custodia era alarmante", indicó el funcionario.
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En ese marco, explicó el fiscal, se instaló "una nueva modalidad delictiva" a la que describió como "un impuesto mafioso". Explicó, entonces: "Bandas criminales, comandadas desde la cárcel, dedicadas habitualmente al microtráfico de estupefacientes y todo tipo de hechos de violencia altamente lesiva, sumaban a este polirrubro una nueva fuente de ingresos, fácil, sin costo y sin riesgo: el cobro de dinero por "protección" a ciudadanos o comerciantes".
"¿Protección de quién? De ellos mismos", aseguró el fiscal. "Solo se necesitaba dejar un cartel, con un número de teléfono y a veces cometer balaceras para aumentar el pánico de las víctimas y así doblegar su voluntad", agregó. En ese contexto consideró que para el funcionamiento de esas estructuras eran fundamentales personas de confianza de los reclusos, que estaban en libertad y podían seguir sus órdenes. En ese marco se entiende que parte de los miembros de la banda eran las parejas de los presos.
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El resultado de este delito que se propagó en 2021 y 2022, para Socca, "excedía a la propia víctima o su familia". El fiscale explicó que "empresas, comercios o industrias veían amenazado su funcionamiento y, a veces, su propia existencia. Dueños o empleados con temor a desarrollar sus actividades o, directamente, a perder el empleo o sus vidas. Clientes atemorizados, afectando la demanda de bienes y servicios".
Las extorsiones
La única juzgada como parte de la asociación ilícita será Samanta Vilches, que como pareja de Fabio Giménez fue organizadora de la banda. Ella y los otros dos imputados están sindicados como partícipes de varias extorsiones a comerciantes.
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Uno de esos casos tuvo como víctima al dueño de una empresa de mudanzas. La primera intimidación fue en enero de 2022, cuando un miembro de la banda ya condenado se presentó en un domicilio de la víctima y le entregó un papel con un número con el pedido de que se comunique de manera "urgente". A esa primera advertencia le siguieron otras, que incluyeron llamados del propio Fabio Giménez desde la cárcel, pero la extorsión no logró consumarse. En ese hecho Samanta Vilches aparece como quien hizo "tareas de inteligencia, planificación y monitoreo sobre las víctimas".
Otra de las extorsiones fue a un comerciante al que le exigieron la entrega de 300 mil pesos. En esta ocasión Fabio Giménez también llamó a la víctima y la amenazó. "¿Querés que yo haga cruzar una moto por tu casa y te haga descargar una pistola para que veas que esto va en serio?", le dijo de acuerdo a las evidencias con la que fueron acusados. A raíz de esa y otras amenazas finalmente el dueño del comercio le entregó 280 mil pesos a Samanta Vilches.
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Los demás hechos tuvieron mecánicas similares, llamados desde prisión y advertencias que llegaron a consumarse como ocurrió el 30 de enero de 2022 con una balacera contra la casa de una de las víctimas. En ese marco durante la investigación de Socca fueron identificados el recluso Lucas Robay Romagnoli, también preso en Coronda, y su novia Vanesa Luna, para quienes el fiscal pidió una condena de 9 años para ella y 6 años para él. Para Samanta Vilches, en tanto, la pena solicitada es de 20 años de prisión por su participación en cinco hechos.
