A comienzos de la semana fue imputada una banda que extorsionaba a comerciantes, a fuerza de amenazas y balaceras, que se organizaba y ordenaba los ataques desde la cárcel de Piñero a través de celulares. Entre las nueve personas identificadas hay dos, acusados como líderes, que operaban desde la prisión y un "jefe de sicarios" que se encargaba de garantizar las tareas de calle. Las actividades del grupo, que se daban sobre todo en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, alcanzaban también a la venta de drogas. En ese marco se dio una fuerte disputa con otro grupo que recrudeció la violencia en ese sector del noroeste de la ciudad, que los últimos meses fue escenario de varios homicidios. La imputación a esta banda expuso cómo se organizaba, pero también cómo el negocio de las extorsiones orquestadas desde la cárcel se afirmó como una actividad sistemática paralela al comercio de drogas. En la unidad fiscal de NN hay en curso 796 causas por hechos extorsivos de distintos tipos ocurridos solo en los primeros cinco meses del año.
Durante cuatro días de agosto de 2021 un vecina de la zona de Tupac Amaru al 5500, barrio Ludueña, recibió a su celular una serie de amenazas para obligarla a tres posibilidades: que abandonara su casa, que pagara una suma determinada de dinero o que vendiera drogas ahí mismo. "Listo, para mañana no me desocupás la casa y yo ya sé lo que tengo que hacer. Vos me hacés caer un pibe o le traés un problema a la familia que va a ir a vivir y te juro que te voy a buscar por cielo y tierra y vos sabés lo que te voy a hacer", decía uno de los mensajes. Unos días después dos tipos pasaron en moto y dispararon once balazos contra la casa. La mujer y su familia tuvieron que abandonar la vivienda, que fue ocupada por una pareja y sus familiares.
Ese hecho fue uno de los expuestos durante las tres jornadas de audiencias en las que el fiscal Pablo Socca, de la unidad de balaceras, acusó a nueve personas como integrantes de una banda dedicada a cometer extorsiones y otros delitos. La misma, según desarrolló el fiscal, también comprendía el uso de menores de edad y respondería a una línea de mando superior que todavía no fue identificada. En esa estructura fueron acusados Julián Aguirre y Andy Benítez como organizadores del funcionamiento de la banda, lo que hacían mediante uso de celulares desde sus lugares de detención en la cárcel de Piñero. Socca los imputó como jefes de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad.
Por debajo de estas dos personas la acusación identificó a Mauro Gerez, detenido a fines de mayo, como "jefe de sicarios". En tanto otras seis personas también fueron imputadas como miembros de la asociación ilícita con el mismo agravante por la participación de menores. "Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario -principalmente Ludueña y Empalme Graneros- y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas. Para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron sistemáticamente diversos delitos, entre otros: homicidios, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego, venta ilegal de estupefacientes y casi 40 extorsiones (algunas seguidas de “balaceras”) a comerciantes y otros habitantes", describió Socca en la imputación.
La banda estaba siendo investigada desde mediados de 2021 por las extorsiones, sin embargo de todo ese abanico de actividades lo que antecedió a la caída de Mauro Gerez fue su exposición tras el recrudecimiento de la disputa de su grupo con otra banda de la zona. La bronca entre la gente de Gerez y los Riquelme, de la zona de Felipe Moré al 600 bis, fue el trasfondo de varios de los 28 homicidios ocurridos en los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Larrea en lo que va de 2022. Tras uno de esos últimos hechos -el crimen de Mauro Fleita- los presuntos autores fueron detenidos luego de tirotearse con agentes del Comando Radioeléctrico. Después de ese hecho el nombre de Gerez apareció con más fuerza como el ideólogo del ataque, hubo avisos a la Fiscalía de que había pasado por la comisaría 12 de barrio Ludueña sin que quedaran registros y todo se precipitó hasta su detención el pasado 26 de mayo en la casa de su novia.
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Lo que queda de este desenlace es que el brazo armado de la banda se expuso tras un hecho de extrema violencia con el episodio atípico de un enfrentamiento a balazos con fuerzas policiales. Gerez quedó acorralado hasta que su detención fue inevitable y en la Fiscalía suponen que el avance de las investigaciones de algunos de estos homicidios podrá relacionarlo a los ataques concretados por quienes en la calle son identificados como sus "soldaditos". "Tiene un ejército de pibes que lo siguen y lo blindan", dijo un vecino tras uno de estos hechos.
El negocio de extorsionar
En forma paralela a sus actividades vinculadas a la venta de drogas la banda se dedicaba a extorsionar a comerciantes del mismo barrio. La investigación indica que entre julio de 2021 y agosto de 2022 el grupo estuvo detrás de unos 40 hechos de este tipo. Así esta imputación expuso cómo los barrios Ludueña y Empalme Graneros quedaron en medio de la violencia instalada por una banda como medio para garantizar sus negocios. Los homicidios y balaceras a comerciantes o viviendas que frecuentemente se registran y narran como hechos aislados, podrían tener entonces más de un punto en común.
Los primeros hechos por los que este grupo fue investigado fueron extorsiones y amenazas a los vecinos más cercanos a un punto de venta de drogas. A una víctima, por ejemplo, la obligaron a pagar dinero acusándola por un allanamiento por el que la banda tuvo pérdidas. A otro vecino, que impidió la usurpación de una vivienda, comenzaron a extorsionarlo alrededor de su comercio. El fiscal Socca, en diálogo con La Capital, sostuvo que hubo una diferencia muy marcada con el paso de los meses: en julio y agosto de 2021 las extorsiones eran vinculadas a la actividad de venta de drogas, como represalias a vecinos que de alguna manera intercedían en el negocio. En tanto más adelante, ya en 2022, empezaron a reproducirse con más frecuencia hechos de extorsión a comerciantes solo como una recaudación más.
En ese marco las extorsiones aparecen como una rama en crecimiento para las bandas que no necesitan demasiados recursos para lograr que un comerciante pague una cuota a cambio de no ser atacado a balazos, o que una familia abandone su vivienda porque resistirse a esa orden puede costar una vida. Alcanza con instalar el miedo en una comunidad, lo que para el fiscal Socca en el rubro de las extorsiones es posible "con un celular, alguien que reparta un cartelito y alguien que tire un par de tiros".
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Socca explicó que en el último tiempo esta modalidad se afirmó como una forma muy eficaz con la que las bandas criminales recaudan dinero sin demasiada exposición. Este aspecto, sostuvo, quedó explicito con el avance de las investigaciones de la unidad especializada en balaceras, creada en septiembre de 2020. "Al principio todas las balaceras eran entre bandas, no existía la balacera como consecuencia de una extorsión a un comerciante. Se dieron cuenta lo fácil que es extorsionar a varios comerciantes de una zona, de vez en cuando tirotear a uno para que el resto pague por miedo", explicó Socca.
En la unidad fiscal de NN hay 796 causas judiciales iniciadas en lo que va de 2022 a partir de denuncias por extorsiones. De ese total 434 corresponden a hechos que fueron acompañados por balaceras contra viviendas particulares o comercios. Otros 154 extorsiones se realizaron mediante llamadas telefónicas, 151 llegaron a las víctimas mediante notas amenazantes y otras 57 fueron amenazas directas. “El aumento de estos casos es porque se trata de una fuente más de ingreso, por eso hay comerciantes que cierran sus locales producto de las amenazas, las extorsiones y las balaceras. Es algo que llegó para quedarse y está claro en los números”, explicó Socca.
Cuestión de recursos
Para su despliegue las bandas necesitan recursos humanos y materiales, además de manejo de información para saber cuándo y cómo actuar para evitar quedar expuestos. Los grupos más afirmados dedicados al narcomenudeo utilizan parte de sus ganancias para conseguir todo eso. "Es muy costoso sostener una organización que vende drogas. Tienen que garantizar el bunker, los traslados, las armas, los vehículos, las broncas con otra banda, empiezan a tener bajas producto de esos problemas. Es toda una logística", detalló el fiscal. Por el contrario para una misma banda si ya cuenta con esa posibilidad es mucho más fácil expandirse en el rubro de las extorsiones.
"Necesitan un celular, alguien que reparta un cartelito y alguien que tire un par de tiros. Estas bandas tienen todo eso. Se han dado cuenta de que es una fuente de ingreso muy fácil de lograr para ellos. Eso se patentiza el año pasado cuando comenzaron las balaceras a comerciantes", describió Socca. En ese marco el fiscal recordó que en un principio, cuando comenzaron a aparecer casos de comerciantes extorsionados, se solía al menos sospechar de la propia víctima. "Pensábamos que nos mentían cuando decían que no sabían de dónde venía la amenaza. Pero después se masificó y nos dimos cuenta que era un rubro que estaba sin explotar".
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Para Socca el negocio de las extorsiones, por sus características, se amplió más allá de las bandas de renombre. "Todas las bandas lo empezaron a hacer sistemáticamente y no solo las bandas grandes sino cualquiera, porque es una manera muy eficaz de generar ingresos", explicó. Una característica que distingue a esta actividad delictiva por sobre otras es que, en principio, no genera competencia directa con otras bandas y por lo tanto no hay disputas violentas que la expongan. Asimismo es una manera de instalar temor en una comunidad y condicionarla para el desarrollo de otras actividades: la impunidad es más viable cuando -por la fuerza, por miedo o por desconfianza a la comisaría del barrio- los vecinos miran para otro lado.
Descontrol
El negocio de las extorsiones se afirmó en parte por el acceso a celulares a las cárceles, lo que parece fuera de control en la provincia de Santa Fe. En esta causa puntual, por ejemplo, el despliegue de la banda fue posible gracias al uso desmedido de teléfonos en prisión. "Comencé con un número que extorsionaba, pido el informe y me doy cuenta de que impacta en Piñero, después que ese número estuvo en al menos seis celulares según el impacto del IMEI y que esos seis celulares se usaron en casi 70 líneas en menos de un año, todo dentro de la cárcel", explicó Socca sobre esta investigación.
Por fuera de esta causa aparecen muchas otras en la cual el trasfondo es el manejo deliberado de celulares desde la prisión. Una que sirve de ejemplo es la imputación que hizo en febrero pasado la fiscal Valeria Haurigot a dos presos de la cárcel Nº 6. Ambos fueron acusados de cometer unas 200 estafas y extorsiones por teléfono en término de un mes. En este caso no se trataría de presos "de alto perfil": uno cumple condena por un robo a mano armada y el otro por un homicidio.
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Otra investigación, que sí puso el foco en presos de renombre, se dio a conocer en la última imputación a Ariel "Viejo" Cantero y otras 20 personas acusadas de integrar una asociación ilícita desde la cual cometían extorsiones entre otros delitos. Una de las células del grupo era manejada por Nelson "Pandu" Aguirre, quien, según la acusación, desde la cárcel de Coronda y mediante el uso de celulares se mantenía en contacto con el "Viejo" o con sus gatilleros. De esa manera estuvo detrás de extorsiones a vecinos de la zona sudoeste y de las balaceras contra dos escuelas en noviembre de 2021.
"Lo primero que no debería existir es el acceso a celulares. Se ha naturalizado que pase y ya nadie se escandaliza. Tiene que haber una decisión política de impedir el ingreso", opinó Socca sobre lo que aparece como la problemática de fondo detrás del aumento de extorsiones organizadas desde la cárcel. "El Estado es impotente. El Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad no saben cómo hacer para que no ingresen celulares", agregó.
