Graves acusaciones contra seis policías del Comando de la Costa santafesina

Seis policías del Comando Radioeléctrico de la Costa, con jurisdicción en la zona ribereña este de la ciudad de Santa Fe, están presos desde el martes por una serie de graves delitos imputados por el fiscal de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional Ezequiel Hernández y el jueves (tras el receso por los carnavales) se realizará la audiencia de medidas cautelares en la cual se establecerá si siguen tras las rejas y por cuánto tiempo.

   La Fiscalía acusó a la jefa, un oficial y cuatro suboficiales de la mencionada repartición por los delitos de "torturas, robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios ilegales, abuso de armas y severidades", según enumeró el fiscal en una rueda de prensa. En tanto el defensor de los detenidos, el abogado Jorge Qüesta, solicitó postergar la audiencia de medidas cautelares porque "son seis imputados con 11 delitos, cada uno tiene varios hechos y es muy voluminoso el expediente".

Actuaban en banda

El lunes pasado Santa Fe volvió a sobresaltarse cuando seis efectivos de policía de la Unidad Regional I fueron detenidos y acusados de integrar una banda que cometía todo tipo de tropelías en el distrito costero que corre paralelo a la ruta provincial 1, en el departamento La Capital. La jefa del Comando, comisaria inspectora Nadia Lucrecia S., de 36 años; el oficial Ariel Alejandro S., de 41; y los suboficiales Carlos Javier N., de 41; Exequiel M., de 31; Lucía G., de 36; y Juan Emilio T., de 28 años, fueron detenidos por orden del fiscal Hernández en sus domicilios.

   Además se indicó que hay cuatro efectivos más que están involucrados en la investigación y que serán imputados en los próximos días, aunque afrontarán el proceso en libertad. Por los delitos que se les imputan, entre ellos el del torturas, a los seis policías podrían caberles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

   El martes, en los Tribunales santafesinos, los policías se sentaron en el banquillo de los acusados y frente a la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Sandra Valenti escucharon la imputaciones del fiscal Hernández. La jefa del Comando fue imputada de 41 delitos. A sus subalternos los acusaron de entre 23 y 36 ilícitos.

Cómo actuaban

Tras la audiencia el fiscal explicó que a partir de la implementación de la Unidad Especializada en Violencia Institucional comenzaron a llegar a su escritorio "dos o tres denuncias semanales en la que se mencionaba a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa". Fue así que unificó la investigación en manos de la División Asuntos Internos y el área de Judiciales de la UR I. "Ésto data de octubre, noviembre y diciembre del año pasado", dijo el fiscal y agregó que "la más antigua de las denuncias recopiladas es de enero de 2017".

   Al describir el modus operandi de la pandilla, el fiscal hizo hincapié en que si bien entre los detenidos está la jefa del Comando de la Costa, en la banda no había una división de roles. "Era una banda que se dedicaba a ésto (el delito) cotidianamente", indicó Hernández. Luego el fiscal describió las prácticas de esta pandilla a las épocas más oscuras de las dictaduras que padeció el país.

   Del relato de la acusación se infiere que los policías salían a patrullar por la costa santafesina y cuando se les presentaba una ocasión favorable o veían algún vecino vulnerable por tener conflictos con la ley penal, con su credibilidad doblegada por los antecedentes policiales, lo tomaban como presa. Tras mancillar sus derechos y robarle lo que pudieran, blanqueaban el operativo ilegal con un acta preventiva falsa en la que fingían un procedimiento en flagrancia. Luego trasladaban el operativo a las comisarías de la zona. Según el relevamiento, las víctimas que denunciaron hechos similares son alrededor de 30.

   La pandilla actuaba mayormente de día. Ingresaba a las viviendas de sus víctimas, las privaban de la libertad, les exigían dinero, armas y drogas, y se llevaban todo objeto que consideraran de valor. Convertían el lugar en un botín de guerra. "Uno de los ilícitos más reiterado consistía en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar y llevarse pertenencias de las víctimas", explicó Hernández dejando entender que eran crueles con las personas que se cruzaban en sus caminos.

   "Finalmente realizaban actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos", indicó. Si bien los procedimientos eran trasladados como acto final a la comisarías (sub 4ª, sub 6ª y sub 14ª) el fiscal indicó que "no hemos determinado complicidad de esas seccionales. En general, el relato de las víctimas decía que los trasladaban a una pieza separada donde no había personal de la seccional".

   El fiscal Hernández contó que la pandilla continuaba operando más allá de las denuncias. "Cuando iba el médico policial a constatar los golpes, las víctimas eran amenazadas. Les decían que si denunciaban los iban a matar, les iban a llevar a sus hijos, quemar la casa o, en uno de los casos, hacerlos desaparecer", contó el fiscal.

Casos aberrantes

Como casos testigos el representante del Ministerio Público de la Acusación describió lo que debieron pasar una vecina embarazada que fue golpeada y a raíz de los golpes sufrió un aborto; un muchacho de 17 años "con una notable discapacidad" al que en la comisaria obligaron a meter un dedo en un ventilador; y un muchacho al que sometieron al método de tortura llamado "submarino seco" (colocarle una bolsa de nailon en la cabeza para provocarle asfixia) mientras lo azotaban con un látigo de doble trenzado.

   También relató el caso de una pareja de adictos a la que le robaron la droga que tenían y la de una nena de 12 años a la que le sustrajeron su alcancía y amenazaron con llevarla a un centro de acogida de menores para que la violaran; y el de un joven que recibió 21 puntos de sutura el cabeza por los golpes que le propinaron. La pandilla, incluso, hacía descalzar a sus víctimas y les pegaba en la planta de los pies con palos.

   Cerrada la audiencia de imputación, el viernes debían analizarse las medidas cautelares para los policías. El fiscal Hernández ya había adelantado que solicitará la prisión preventiva de los seis efectivos. Pero la audiencia fue suspendida a pedido de la defensa de los efectivos y todo pasó para el próximo jueves a las 8 de la mañana. El abogado Qüesta explicó que la prórroga fue solicitada debido a "lo voluminoso" de la acusación.

   En declaraciones a medios santafesinos el abogado comenzó a desplegar su estrategia defensista. "Si una persona llega lesionada a una comisaría el policía en el lugar tiene la obligación de denunciar lo sucedido. Y no tenemos constancias de que en las comisarías se hayan producido ese tipo de denuncias", indicó el letrado.