La fuga de quince presos de la comisaría 12ª ocurrida una semana atrás dejó expuestas, en el vacío del calabozo abandonado, las inhumanas condiciones en que subsistían los detenidos en el penal policial. Ese escenario de precariedad quedó reflejado en el expediente que investiga cómo ocurrió la huida en masa de los internos y si contó con algún tipo de colaboración policial. Así, se instaló de modo visible en la causa judicial una variable que suele quedar tácita en casos similares: los policías cuya conducta se juzga, más allá de la responsabilidad que hayan tenido o no en la evasión, convivían con esas condiciones y eran afectados por ella.
“Esta situación no alcanza solamente a los presos. Hay que tener en cuenta que en esta dinámica el policía cumple funciones para las cuales no fue preparado. Su formación está dirigida a la prevención y sanción del delito y no a la custodia de los presos. Las malas condiciones afectan tanto al preso como al desempeño policial”, opinó, en ese sentido, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, quien investiga el escape e imputó a dos policías por favorecimiento doloso de evasión.
Degradación. En el penal, tras el desbande, quedó una postal de abandono. Un plato con restos de comida en un baño sin puerta, excrementos en el piso y un olor nauseabundo que emergía de las paredes completaban el aspecto medieval de la celda, según describieron funcionarios judiciales y policiales que recorrieron el sitio tras la evasión.
“Esas no son condiciones de detención óptimas. En ese lugar no hay para el sujeto posibilidades de reflexión sobre lo hecho, ni sobre el crimen ni sobre su historia. Ese marco impide toda reflexión y para quien tiene que hacer la custodia también es un ámbito nocivo”, añadió la jueza. El día que precedió a la fuga, con 38 grados de sensación térmica, fue el más caluroso del año. Presos y custodios convivieron allí en un espacio de dimensiones reducidas que, tras el escape, dejó al descubierto un sitio paupérrimo.
La seccional 12ª funciona en una vieja casa reciclada en Pedro Lino Funes 247 bis, en un sector empobrecido de barrio Ludueña. Como la mayoría de las comisarías de Rosario, instaladas en edificaciones que no fueron concebidas originalmente con ese fin. Un año atrás, el 25 de enero de 2010, se fugaron once de los 23 presos alojados en la 12ª tras romper la malla metálica de una ventana. También entonces, se dispuso el pase a disponibilidad de dos oficiales y dos suboficiales a cargo de la seccional hasta que se determinara su responsabilidad en el hecho. Un año después, la historia insistió en repetirse.
Quienes participaron de la inspección judicial dispuesta tras esta última evasión ingresaron a una habitación pestilente, con paredes sucias y restos de orina y materia fecal. Un único baño sin puerta, desprovisto de privacidad, se conecta con la celda. Una olla con comida había quedado depositada allí, al lado de un inodoro. Nada parecido a un ámbito propicio a la rehabilitación.
El déficit de infraestructura en celdas policiales no es nuevo. Es una situación que afectó a distintas gestiones de gobierno y motivó incontables acciones judiciales conminando al Ejecutivo a desalojar y mejorar esos espacios, pero que sin embargo se reitera, con variaciones de intensidad, de manera cíclica. El problema carcelario es, además, pese a la afectación de derechos humanos que supone en casos como éste, un tema que no integra la agenda de las demandas sociales más enérgicas.
Números, antes y ahora. La detención de presos en ámbitos policiales es irregular. La ley dice que deben ser alojados en prisiones y con una finalidad de reinserción social. En el ámbito de la Unidad Regional II de policía, que abarca al departamento Rosario, a partir de la construcción de la cárcel de Piñero y sucesivas ampliaciones se logró reducir de un promedio de 1.200 internos en establecimientos policiales a 520, según cifras de la Jefatura de Policía local. En diciembre de 2007, cuando asumió la administración de Hermes Binner, la población en comisarías de Rosario era de 640 internos. Ayer ascendía a 554.
La seccional 12ª, además, es una de las que el gobierno provincial prevé reconstruir a nuevo como un edificio vidriado y su penal de detenidos será cerrado. (ver aparte).
Por lo más delgado. Pero mientras tanto, una fuga como la ocurrida una semana atrás pone en evidencia una cara no siempre advertida de la crisis carcelaria. Una fuga es una situación que se percibe como generadora de inestabilidad laboral en la tropa policial: sus miembros advierten que el policía debe cuidar presos cuando no fue formado para eso. Y que, si ocurre una evasión, se corta el hilo por lo más delgado con el pase a disponibilidad del efectivo que trabajaba en ese momento, con la consecuente afectación de la carrera y el salario. Mientras, la falencia estructural perdura.
“El policía no está preparada para cuidar presos porque para eso existe el Servicio Penitenciario”, se sinceró un oficial de jerarquía, con años de servicio y habituado a tratar con presos en distintas comisarías de Rosario. “A lo largo de los años el policía convive diariamente con detenidos que ingresan por distintos procedimientos. Muchos van quedando dentro de la dependencia y hasta llegan a ser condenados. Con buen criterio se puede lograr una buena convivencia, pero la situación es conflictiva a ambos lados”, añadió.
Como ejemplo, recordó una tarde de calor extremo en una comisaría de la zona sur. Faltaba el agua y un corte de energía afectaba a la seccional. “Como no había luz, y en la celda casi no entraba la luz natural, a los presos les compramos velas. Conseguimos unos bidones de agua, los cargamos en una estación de servicios y se los dimos para aplacar el calor. Ellos no tenían luz, pero nosotros tampoco. A pesar de que uno está en libertad y el otro recluido, en los dos lados se está padeciendo la misma situación”.
