La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela
Claudio Coto, el cerebro de una banda de secuestradores bonaerenses que dio al menos dos golpes en Rosario.
Los integrantes de una banda de secuestradores conformada en la provincia de Buenos Aires pero con actuaciones en Rosario recibieron duras condenas en los Tribunales Federales de Rosario. La dirigían dos hombres con antecedentes: Claudio Daniel Coto y Néstor Santabaya.
Entre 2021 y 2023 cometieron graves delitos, entre ellos el secuestro de personas y su posterior liberación tras el pago del rescate, algo no muy habitual en el mundo delictivo de Rosario. Contaban con una muy buena inteligencia previa y esto les hacía elegir a sus víctimas de manera casi quirúrgica. Los integrantes de la banda eran seis y fueron detenidos en 2022.
En el juicio oral y público que terminó este viernes en los Tribunales Federales de Rosario, las penas fueron altas y no muy distintas a las pedidas por los fiscales. A los jefes, Coto y Santabaya, les dieron 19 y 17 años, respectivamente. Por su parte, el resto de los integrantes de la banda recibieron condenas de menos tiempos pero importantes: Emiliano Mario Andrés Acuña fue penado con 15 años de prisión, Sebastián Pugliese recibió una condena a 14 años de prisión y tanto Nicolás Santabaya como Silvia Beatriz López fueron condenados a 5 años cada uno.
En el contexo de los alegatos en los tribunales contra los seis inculpados, la Fiscalía, a cargo de Federico Reynares Solari, expresó que entre julio de 2021 y diciembre de 2023 la banda planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario y San Nicolás con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.
Los investigadores ubicaron como jefe de la organización a Coto, quien manejaba la estrategia general y utilizaba identidades falsas para camuflar la autoría de los delitos perpetrados. Su segundo era Néstor Santabaya, definido por los investigadores como jefe operativo.
En el rol de “soldados” o mano armada, se encuentran Acuña y Pugliese, mientras que López actuaba en las tareas de inteligencia y logística, y Nicolás Santabaya colaboraba en funciones de apoyo.
El alegato ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, reconstruyó un cuadro probatorio “contundente” en el cual estuvieron presentes los testimonios de las víctimas y sus familias, escuchas telefónicas, pericias técnicas, cámaras de seguridad, cotejo de voces y análisis de equipos secuestrados. Todo encajó como “un rompecabezas que conduce a los mismos nombres y la misma firma criminal”.
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La acusación solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para todos los imputados, con la máxima gravedad para Coto, para quien se requirió una pena de 20 años de prisión, y para Néstor Santabaya de 18 años de prisión, por considerarlos jefes de la asociación ilícita y responsables de los secuestros extorsivos.
El fiscal Reynares Solari expresó en una rueda de prensa posterior al veredicto: "Las penas fueron similares a las pedidas y las condenas fueron básicamente por secuestros extorsivos. Son oriundos de la provincia de Buenos Aires y contaron con una importante logística e inteligencia previa. No es una banda local y se entrecruzan variables que se dan por separado en delitos del tipo económico y secuestro. Hubo mucha inteligencia previa".
A cargo de la investigación de los hechos estuvieron el fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación del Distrito Rosario, por secuestros ocurridos en Rosario, y Matías Di Lello por un hecho ocurrido en la ciudad de Ramallo, con la colaboración de Santiago Marquevich.
El primero de los hechos por los que Di Lello y Marquevich requirieron la elevación a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario. La víctima fue secuestrada cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra y se montó un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
El hombre fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás. Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.
El familiar comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta el día siguiente, cuando acordaron el pago de 580.000 dólares. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el dinero.
Los delincuentes se comunicaron a las 2 del 26 de enero de 2023 para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional 9, de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y tercero de los secuestros, uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente de un empresario rosarino.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio de Rosario donde residen para subirse a su auto. En ese marco, los imputados intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron.
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El 10 de octubre siguiente, a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio en una habitación. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían 3 millones de dólares.
Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue ploteada como ambulancia y utilizada el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, que luego apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.
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