Danilo Barrientos fue declarado culpable a casi seis años de haber sido detenido por su participación en una red de apuestas ilegales
El juicio por juego clandestino se realizó en los Tribunales de Reconquista.
La Justicia santafesina dictó este jueves una condena por juego clandestino en el norte provincial. El fallo de primera instancia apunta contra un exjefe policial que fue arrestado a fines de 2019 por la denuncia sobre una red de salas de apuestas no autorizadas en la región.
El juicio oral y público en los Tribunales de Reconquista concluyó con una pena de 3 años y dos meses de cárcel para Danilo Iván Barrientos. El imputado trabajaba en Fortín Olmos, un pueblo ubicado a 80 kilómetros al oeste de la cabecera del departamento General Obligado.
El juez Martín Gauna Chapero dictó la sentencia al final del debate sobre múltiples delitos investigados desde 2018 por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Todos giran alrededor de una organización de juegos de azar clandestinos que incluían al comisario entre los miembros principales.
En el inicio del juicio, el fiscal Nicolás Maglier ratificó la acusación contra el exjefe policial por la explotación y administración del sistema de apuestas no autorizadas. Además lo imputó por el cobro de coimas en Fortín Olmos, una pequeña localidad del departamento Vera.
Además de la pena de prisión, Barrientos recibió una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Gauna Chapero lo declaró culpable y dictó una resolución que quedó cerca de los tres años y medio de cárcel que había solicitado el funcionario del MPA a la hora de los alegatos.
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El investigador recordó que el excomisario realizaba actividades vinculadas al juego clandestino "de forma continua y habitual". La evidencia presentada se remonta hasta noviembre de 2018 y define que el negocio se sostuvo al menos durante un año.
Por otra parte, Maglier remarcó que Barrientos "omitió cumplir sus deberes públicos de control para facilitar el desenvolvimiento de la estructura" se captación de apuestas no autorizadas. Mientras tanto obtenía un rédito económico como consecuencia de hacer la vista gorda.
Finalmente, la Justicia consideró probado que el uniformado abusó de su cargo para cobrar dádivas, de modo que lo condenaron por concusión. "A sabiendas de que no estaba permitido, aceptó que un integrante del gobierno de la comuna de Tartagal le pagara por servicios de seguridad que él brindó sin estar habilitado", precisó el fiscal.
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Por Mariano D'Arrigo
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