El fiscal que investigó el caso conocido como megaestafa inmobiliaria, una serie de operaciones atribuidas a una organización que falsificaba documentación para arrebatar propiedades a sus dueños y luego desplegar maniobras para darles una apariencia lícita a las falsas transacciones, solicitó las penas contra las once personas llevadas a juicio. Entre las requeridas destacan las solicitadas a cuatro escribanos a los que acusó de ser parte de los actos ilícitos. Se trata en todos los casos de condenas de prisión efectiva y altas sumas económicas en concepto de multas. Uno de los escribanos afronta un pedido de condena por veinte años de prisión.
Durante tres jornadas de juicio, entre el martes y el jueves, el fiscal Sebastián Narvaja reseñó que las maniobras consistían en falsear escrituras y poderes de inmuebles para despojar a sus verdaderos dueños e inscribirlas a nombre de otras personas. Adujo que se generaron documentos falsos por medio de los cuales se les quitó la propiedad de diez inmuebles a diferentes familias. Y agregó que las acusaciones incluyen el delito de lavado de activos de origen ilícito porque esos inmuebles que les quitaron fraudulentamente a las víctimas luego fueron, a partir de nuevas escrituras y transacciones, ingresados al mercado con la apariencia de haber sido compradas legalmente. En el caso de los escribanos las imputaciones son por falsificación de documento público, y en algunos casos lavado de activos y estafa.
El fiscal solicitó penas de cinco años y seis meses de prisión para el escribano Luis María Kurtzemann, inhabilitación especial para ejercer el notariado por diez años y multas. Para el escribano José Luis Gordó requirió siete años de prisión, doce años de inhabilitación y multas. Para el escribano Juan Bautista Aliau pidió nueve años de prisión, doce de inhabilitación y multa de tres veces el valor de las operaciones de lavado en las que intervino. Para el escribano Eduardo Torres requirió una pena de 20 años de prisión, doce años de inhabilitación para el oficio y una multa de tres veces el valor real sobre la apropiación de un campo de 1.600.000 dólares. La definieron en 344 millones de pesos.
Otra pena de 20 años de cárcel fue solicitada para el sindicalista Maximiliano González De Gaetano, acusado en tres hechos. En su caso, la multa requerida es de 353 millones de pesos.
En el caso de Marcelo Basilio Jaef, por su participación en dos casos se le pidió una pena de siete años de cárcel y una multa de 73 millones de pesos, equivalente a cuatro veces el valor real de la operación de lavado de activos que se le atribuye.
A Juan Roberto Aymo, implicado en ocho casos, le pidieron veinte años de prisión. Acusado en varios hechos de delitos como falsificación ideológica de instrumento público, estafa y lavado “agravado por realizar el hecho con habitualidad o como miembro de una banda formada” a tal efecto. Implicada en tres hechos, su esposa Ramona Isabel Rodríguez también está entre los acusados afrontando una pena de cinco años de prisión.
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Finalmente, acusados de haber participado en un solo hecho están Vanina Viglione (recibió una probation), Alejandro Martín (dos años por falsificación de documento), Magalí González de Gaetano (tres años y medio de cárcel y 6 millones de multa por lavado) y Omar Buselatto (cuatro años de cárcel y multa por lavado simple).
Varios acusados no llegaron a juicio porque admitieron sus culpas en trámites abreviados. Uno es Marcelo “Lelo” Pérez, quien aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares, y Sandra Moresco. Anteriormente ya habían acordado penas de la misma manera Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.
En el juicio actúa el tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrín, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón. El veredicto se espera para principios de agosto.
