Una fuente de ingresos fácil y sin costos: el cobro de dinero por "protección". La práctica no es nueva y marcó el punto de partida de grandes bandas criminales en la ciudad. Sólo que, en su versión remozada y adaptada a los nuevos tiempos, en este caso se organizaba desde prisión y ya no tenía como víctimas a personas ligadas al mundo del delito —como en sus orígenes— sino a comerciantes o simples vecinos. Esa modalidad delictiva, el cobro extorsivo de una suerte de impuesto a víctimas numerosas, es la que deparó penas de 6 a 19 años de prisión a tres integrantes de la banda del preso Fabio Giménez, condenado como jefe de la organización.
Las condenas fueron dictadas el martes por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas y Gonzalo Fernández Bussy. Fue al finalizar un juicio oral en el Centro de Justicia Penal al que una mujer llegó acusada de asumir un rol de peso en la empresa de extorsiones. Se trata de Samanta Vilches, de 36 años y pareja de Giménez, quien recibió la pena más alta a 19 años de prisión como encargada de la logística del grupo. Había sido detenida en la puerta de un bodegón frente a la cárcel de Coronda, donde visitaba al preso que cumple una condena a prisión perpetua por homicidio. Otro interno y su novia fueron condenados por intervenir en algunos casos.
El preso Giménez, de 35 años, aceptó en marzo pasado una condena a 15 años de prisión como jefe de la asociación ilícita cuyo funcionamiento se expuso en el juicio. En total, acumula condenas por 28 años y 8 meses, mientras resta que quede firme la sentencia a perpetua que recibió en 2024 por instigar el asesinato de Nicolás “Fino” Ocampo. Un miembro del círculo íntimo de la banda de Esteban Alvarado que fue acribillado en su casa de la zona oeste el 16 de abril de 2021.
La cárcel de Coronda, base de operaciones
La organización dirigida por Giménez fue gestada y dirigida desde prisión. Se dedicó a extorsiones, amenazas, balaceras, homicidios por encargo y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Dos miembros de la banda fueron condenados en juicios abreviados: Ariel Giménez, a 7 años y 2 meses, e Iván Bojanich, a 3 años de prisión condicional como partícipe de una extorsión. En el juicio oral iniciado a fines de junio pasado se abordaron una serie de extorsiones ocurridas en 2022 en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
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El fiscal Pablo Socca, a cargo de la acusación, planteó en sus alegatos que en aquel entonces se vivió “un incesante incremento de delitos cometidos u ordenados desde la cárcel, producto de la proliferación del uso de teléfonos celulares de los presos”, en un contexto “alarmante” de falta de control o connivencia de las autoridades. La modalidad, dijo, consistía en el cobro de una suerte de “impuesto mafioso”: el reclamo extorsivo de dinero a cambio de “protección” a vecinos, comerciantes y pequeños empresarios a los que amenazaban con balaceras en caso de no colaborar.
"¿Protección de quién? De ellos mismos —dijo el fiscal—. Solo se necesitaba dejar un cartel con un número de teléfono y a veces cometer balaceras para aumentar el pánico de las víctimas y así doblegar su voluntad".
Los condenados: una organizadora y dos partícipes
Un rol de peso se le atribuyó a Samanta Vilches, condenada a 19 años de prisión como organizadora de la asociación ilícita, además de extorsiones consumadas o en tentativa, con o sin uso de armas o la participación de menores de edad. Considerada “una de las personas de confianza del líder”, se le asignó la logística de los atentados y la realización de tareas de inteligencia para identificar a las personas que serían blanco de las amenazas.
Esta actividad incluía sacar fotos y conocer el núcleo familiar de las víctimas para luego pasar la información a Giménez, a quien además, según la acusación, rendía cuentas de los ingresos por al venta de estupefacientes al menudeo.
Otra condenada es Vanesa Soledad Luna, de 35 años, a quien el tribunal dictó 7 años de prisión efectiva como partícipe en dos extorsiones por concurrir en un remís a retirar el dinero exigido. En tanto que su pareja, el preso Lucas Ezequiel Romagnoli, de 33 años, fue condenado a 6 años de prisión por participar desde la cárcel en uno de los intentos extorsivos al enviar a personas de su confianza a intimidar a la víctima, además de enviar audios, mensajes e imágenes amenazantes por WhatsApp.
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Uno de esos casos tuvo como víctima al dueño de una empresa de mudanzas. La primera intimidación fue en enero de 2022, cuando un miembro de la banda ya condenado se presentó en un domicilio de la víctima y le entregó un papel con un número con el pedido de que se comunique de manera "urgente". A esa primera advertencia les siguieron otras, que incluyeron llamados del propio Fabio Giménez desde la cárcel, pero la extorsión no logró consumarse. En ese hecho Samanta Vilches apareció como quien hizo "tareas de inteligencia, planificación y monitoreo sobre las víctimas".
Otra de las extorsiones fue a un comerciante al que le exigieron la entrega de 300 mil pesos. En esta ocasión Fabio Giménez también llamó a la víctima y la amenazó. "¿Querés que yo haga cruzar una moto por tu casa y te haga descargar una pistola para que veas que esto va en serio?", le dijo de acuerdo a las evidencias con la que fueron acusados. A raíz de esa y otras amenazas finalmente el dueño del comercio le entregó 280 mil pesos a Samanta Vilches.
Los demás hechos tuvieron mecánicas similares: llamados desde prisión y advertencias que llegaron a consumarse, como ocurrió el 30 de enero de 2022 con una balacera contra la casa de una de las víctimas.
