“En esta causa todo parece ser Traferri” dijo el abogado Daniel Terani en medio de la acusación a su cliente, el ex legislador provincial por el PJ Marcelo Darío Scataglini. Fue en una extensa audiencia en la que se imputó al ex diputado provincial como el eslabón del sistema político para que el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri favoreciera al empresario de juego clandestino Leonardo Peiti. A Scataglini lo acusaron de realizar negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencia e incumplimiento de deberes de funcionario. La jueza de primera instancia Eleonora Verón dispuso que el ex asesor de la Cámara baja se fuera en libertad con restricciones bajo una fianza de 41 millones de pesos (tasación de la casa en la que vive la familia Scataglini y que ofrecieron como caución). Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery había requerido una medida cautelar de prisión preventiva por 90 días.
La detención de Scataglini el jueves pasado en su casa de la ciudad de Santa Fe despertó expectativas ya que se trataba del primero de “la pata política” que se sentaba en el banquillo en el marco de una megacausa por juego clandestino en la que terminaron imputados y destituidos el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal; el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad; el ex corredor de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri; el ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez José Fernández Chemes; y el senador Armando Traferri. Además fueron investigados David Itatí Perona (conocido como el zar del juego en Rafaela), quien fue imputado por asociación ilícita y juego clandestino y falleció en noviembre pasado; y el mencionado Peiti, un empresario que siempre tuvo bajo perfil y que desde hace años maneja licencias de casinos en Formosa, Misiones y Paraguay. Peiti se convirtió en el principal actor de la película judicial más importante en los últimos años en la provincia de Santa Fe.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron en la audiencia que llegaron a Scataglini "escuchando" a Peiti. En una de esas escucha el ex legislador llamó a la secretaria del empresario y dijo hacerlo de parte de Traferri. Un hecho que resultó "sospechoso" para los fiscales, según indicó Schiappa Pietra.
Los fiscales le atribuyeron a Scataglini haber realizado negociaciones para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular a Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas por el organismo oficial de la provincia. Según la acusación esas negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor en la Cámara de Diputados y tuvieron el fin de que se beneficiaran tanto Peiti como el senador Traferri.
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Scataglini, en su tiempos de legislador provincial, había sido integrante de la Comisión de seguimiento de bingos y casino. Según explicó el propio acusado en una de sus tres declaraciones testimoniales fue “por el conocimiento que tenía del tema” que el senador Traferri le pidió mirara una carpeta que Peiti quería presentar como oferente de juego online en la Lotería de Santa Fe.
“Lo que está sucediendo aquí es que el propio senador está involucrado directamente. Y lo convoca a Scataglini porque es una persona que conoce esta temática. Y convoca también al abogado de Peiti. Esto es el famoso lobby empresarial. Lo que no podemos admitir es esto: es jugar para un sector para poder beneficiarlo. Este mensaje trasunta una manifestación de interés de consolidar una contratación claramente ilegal contra las leyes de ética pública y contra el contenido del Código Penal”, subrayó Schiappa Pietra.
Scataglini fue citado como testigo por los fiscales de la Agencia en tres oportunidades el año pasado, su casa fue allanada el 12 de diciembre y en esa oportunidad entregó voluntariamente su celular y la clave de desbloqueo. Al declarar como testigo, admitió las reuniones con Peiti. Dijo que éste le extendió una carpeta como apoderado de su empresa con un negocio importante: “Me dijo que a la provincia le podían quedar 1.200 millones de pesos mensuales con el juego online legal”, indicó. Y expresó que lo tomó como parte de su trabajo en el sector privado ya que al momento de producirse ese encuentro él no era funcionario público.
El debate
En principio la audiencia imputativa contra Scataglini estaba prevista para las 17 horas del viernes 3 de septiembre y el juez de Garantías que había sido sorteado era Mariano Alliau. Pero los fiscales Schiappa Pietra y Edery presentaron un escrito ante la Oficina de Gestión Judicial a última hora del jueves donde explicaron que la acusación era parte de las audiencias de la causa por juego clandestino y corrupción. Y solicitaron la presencia de la jueza Eleonora Verón, quien había participado de esas audiencias. Así fue que la acusación contra Scataglini pasó para este sábado a la mañana en el Centro de Justicia Penal.
Scataglini fue asistido por los abogados Daniel Terani y Juan Delafontana. La defensa edificó su estrategia en cuestionar la orden de detención y la calificación legal de la acusación además de sostener que su cliente desfiló ante los fiscales como testigo antes de ser acusado. También cuestionaron que al momento de que se extrajo información del teléfono de Scataglini la defensa no puso controlar qué y cómo se había realizado esa medida. Terani indicó que Scataglini era empleado categoría 19, la más baja de los empleados de la Legislatura, y que por lo tanto no hubiera podido realizar los delitos que los fiscales le achacaban.
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Buena parte del debate se realizó en tiempos de mesa de café judicial, lo que motivó que la jueza debiera intervenir para mantener el orden. “Si quiere declarar, puede hacerlo en el momento que quiera pero no dialogue con el fiscal”, le dijo a Scataglini. A poco de finalizar el debate entre las partes, la magistrada debió llamar al fiscal Schiappa Pietra y al defensor Delafontana a su estrado. Fue luego de que el fiscal manifestara que se le había faltado el respeto al decir que la acusación era mal intencionada y sin especificaciones. Y que el abogado dijera que su cliente había sido víctima un “proceso de ablandamiento”, ya que estuvieron 23 horas sin saber ni poder comunicarse con él. De hecho presentaron un hábeas corpus luego de la detención, que fue analizado y desestimado por un juez de primera instancia. “Si los fiscales tenían algún indicio de que iban a imputar a Scataglini no debieron llamarlo como testigo para sacarle información”, dijo Delafontana. “Nuestro cliente no puede declarar porque no entiende por qué lo están acusando”, dijo el abogado.
Discusión y hartazgo
El hecho que motivó la discusión fue la fecha en la que Scataglini mantuvo una reunión con Peiti, el abogado Fernández Chemes y Traferri en la oficina que el senador tiene en San Lorenzo. La defensa entendió que era un dato surgido de las testimoniales, pero los fiscales explicaron que fue a partir de chats que encontraron en el celular de Fernández Chemes que pudieron reconstruir esa reunión que se llevó a cabo el 7 de julio de 2019. “(Scataglini) trabajó para que el negocio se concrete", dijo Schiappa Pietra. Además de que, como un lugar común dentro de las estrategias de las defensas de los acusados en la causa de juego clandestino y corrupción, continuaron la línea de que los fiscales tienen objetivos político por sobre los jurídicos. Eso enervó a los representantes del Ministerio Público de la Acusación. “No puede ser que en todas las audiencias tengamos que explicar lo mismo”, dijeron.
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Cuando la tensión llegó a su máxima expresión, la jueza Verón requirió un cuatro intermedio de media hora y a las 13.05 se sentó a resolver. La magistrada le habló al acusado bajo la premisa de que en este expediente se debe explicar todo hasta el hartazgo, dio por válida la calificación elegida por los fiscales pero desestimó el pedido de prisión preventiva por 90 días. En ese aspecto le dio la derecha a la defensa quien había pedido la libertad y como caución había ofrecido la casa en la que viven Scataglini y su familia en Santa Fe. Una propiedad tasada, según explicaron los defensores, en poco más de 41 millones de pesos al valor del dólar oficial al día viernes. La fianza fue fijada en ese monto de dinero y la jueza indicó que gestionaría que el ex legislador quedara libre este mismo sábado.
Previamente, en el transcurso de la audiencia, Verón había rechazado los planteos de ilegalidad sobre la orden de detención presentada por los abogados de Scataglini. Entre las reglas de conducta y restricciones impuestas la jueza ordenó que el ex diputado provincial no se acerque ni se comunique con otros investigados como Peiti y Traferri por el plazo de ley, es decir al menos dos años. La defensa, por su parte, dejó asentada sus reservas para peticionar ante todas las Cortes: la suprema de Santa Fe, la de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
