Policiales

"Es una medida violatoria del derecho de defensa de la población"

El penalista Fernando Sirio cuestionó a la UIF, que pidió justificar el origen de honorarios pagados por acusados de delitos graves.

Domingo 04 de Marzo de 2018

Un penalista del foro local pidió al Colegio de Abogados de Rosario que se expida respecto de la disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación que exige que los defensores de delitos graves como narcotráfico, trata de personas o corrupción económica den cuenta de los honorarios que perciben en esos casos al igual que la procedencia del dinero con el cual sus clientes les pagaron.

"Dar información sobre los honorarios que se perciben significa exponer al cliente a una investigación por presuntos hechos ilícitos en el caso que no pudiera justificar sus ingresos. Esta es entonces una medida que resulta absolutamente violatoria del derecho de defensa de cualquier ciudadano, de la tarea de confianza que realiza el defensor y una violación del secreto profesional. Para los profesionales que litigamos en Rosario es importante que el Colegio de Abogados ponga de manifiesto su posición respecto de esta exigencia", indicó el abogado Fernando Sirio en el texto que elevó al presidente del cuerpo gremial del letrados, Juan Carlos Martorana, impresión que es compartida por otros colegas.

Casos resonantes

La UIF interviene en más de un centenar de expedientes por delitos de los tipos referidos. En los casos de Rosario agentes de esa repartición realizan análisis y tratamiento de información en varias de las causas derivadas de narcotráfico. Por ejemplo en casos de lavado en los que están acusados miembros de Los Monos, Delfín Zacarías, Luis Medina y Leonardo Popea. Las notas ya fueron remitidas desde la UIF y son recepcionadas en los distintos estudios jurídicos que llevan adelante esas causas. El organismo intima a los abogados a informar en un plazo de 10 días los honorarios percibidos, los que se hayan pactado y estén pendientes de cobro. Se debe indicar la fecha y forma de pago, así como el nombre de quien abonó o debe abonar honorarios en los casos en los que haya procesados por los delitos citados.

"Si el profesional manifiesta públicamente o reservadamente cuáles han sido los honorarios viola el secreto profesional porque expone a su cliente a una posible investigación, que sería similar al caso del médico que recibe a una persona herida y denuncia a su paciente, pone en la disyuntiva al paciente de ir o no al médico por la posibilidad de ser denunciado, por ello primando el derecho a la salud obliga al médico a guardar el secreto profesional, como lo obliga al abogado con el fundamento que prima el derecho de defensa a cualquier otro interés", sostuvo Sirio.

Lo que en definitiva Sirio pide al Colegio de Abogados local es que se expida sobre las obligaciones que le competen a los matriculados. "Para nosotros las obligaciones, que son las lógicas de todo contribuyente y en relación de igualdad con cualquier trabajador, es realizar facturaciones en resguardo de la información fiscal que nos pueden requerir los medios oficiales. Pero ésta es una circunstancia que va mucho más allá y que pretende que el abogado se convierta en investigador de su propio cliente. Si uno hace la facturación correspondiente eso está en la declaración jurada. Lo lógico es que si uno percibe honorarios facture. Pero no es lógico que se pretenda información del letrado para investigar la conducta de su defendido, relación que es absolutamente secreta entre abogado y cliente".

Sin deber de sospecha

En su planteo al Colegio profesional, Sirio señala que el defensor particular en determinados casos recibe dinero en concepto de honorarios de parte de su cliente que, en muchos casos, pudo haber realizado un hecho delictivo con el que contrata el servicio profesional. Pero el abogado no tiene un deber de sospecha ni obligación de abstenerse de prestar el servicio. "La imputación penal dirigida al cliente no puede alcanzar al profesional que no ha hecho otra cosa que cumplir con una función socialmente valorada, en defensa de todos, y no tan solo de los culpables".

Desde la UIF indican que ese órgano tiene la atribución de analizar todo acto que pueda configurar lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. "El producto ilícito no puede canalizarse para pagar honorarios, ni bienes ni servicios porque serían adicionales al lavado de activos. Por ello los honorarios que se paguen deben ser afrontados con dinero de origen lícito. Si los fondos vienen de actividad ilícita se generan operaciones sospechosas. En países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra se controlan los honorarios de defensores de presuntos narcos y terroristas. Desde que comenzamos nuestra gestión, estas operaciones están sujetas a análisis. Los abogados que no reciben fondos provenientes de hechos ilícitos y pueden justificarlo no tienen por que preocuparse", indicó desde Buenos Aires una alta fuente de la repartición que conducen Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

Al respecto, el presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires Jorge Rizzo declaró al portal Infobae que esa entidad tiene la medida requerida por la UIF en evaluación. "Vamos a acompañar (la iniciativa de la UIF) siempre y cuando no se afecten el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y sobre todo el secreto profesional de los colegas", dijo.

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