Las personas privadas de libertad en la provincia de Santa Fe no dejan de crecer. Contra los estereotipos que aluden a la puerta giratoria, se verificó en 2017 un alza de presos en todo el territorio provincial del 11.5 por ciento en relación a 2016. Si la comparación se establece entre los últimos tres años el repunte es de 19,3 por ciento. Otro dato sobresaliente es que en los últimos cuatro años la población de detenidos en comisarías se redujo el 80 por ciento en todo el territorio provincial.
Según el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA-Fiscalías) a la fecha la provincia se encuentra en su nivel más alto de personas detenidas considerados los registros disponibles desde 2009. Al último día hábil de ese año los presos eran 3.794 en tanto que a la misma fecha de 2017 eran 5.442.
Si se considera la tasa de encarcelamiento, se verifica que en 2017 en la provincia hay 158 personas detenidas cada 100 mil habitantes. También se trata del guarismo más alto desde 2008 cuando era de 120.
La cantidad de personas presas ha sido motivo en los últimos años de una discusión de política penal y seguridad pública. Estos temas llevaron al gobernador Miguel Lifschitz a modificar el sistema de conducta de los presos para acceder a beneficios de sus condenas endureciendo las condiciones de salida.
El debate involucró al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Especialmente al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien cuestiona lo que a su juicio son políticas flexibles de los jueces contra acusados y en especial reincidentes. "Quiero insistir en la idea de lograr un mayor compromiso de la Justicia en la lucha contra el delito. Los detenidos son siempre los mismos, se repiten una y otra vez, generando una sensación de impunidad nociva", sostuvo el ministro.
En tanto, el ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta es uno de los que más rechaza ese punto de vista. En 2016 citaba un informe de gestión del propio gobierno que revelaba que la población de condenados había crecido un 97 por ciento entre 2016 y 2015. "Nada de puerta giratoria. La puerta está bien trabada", decía.
Los números actuales del MPA indican que actualmente los detenidos sin condena representan el 41 por ciento de las presos. En años anteriores los porcentajes de quienes esperaban sentencia eran notoriamente más altos: 56 por ciento en 2008, 55,5 por ciento en 2009, 47,9 por ciento en 2011, 54,2 por ciento en 2012 y 54,2 por ciento en 2013. Para la Fiscalía la mayor proporción de presos condenados puede tener que ver en buena parte con la celeridad de los procesos desde la implementación del enjuiciamiento oral en la provincia, en 2014.
Un aspecto notable es el cambio histórico de la población de detenidos. Mientras la población en cárceles de la provincia subió de manera continuada desde 2008, descendió abruptamente en espacios policiales. Entre 2013 y 2017 la caída de presos en penales de comisarías se redujo en la provincia un 80,8 por ciento.
