El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de la causa penal que se sigue a un presunto narco de la capital provincial, a un ex jefe de la Delegación de la Policía Federal en esa ciudad, al jefe de la Brigada Antinarcóticos de esa repartición y a otros dos miembros de la fuerza que cayeron tras detener a un distribuidor y cobrarle para adulterar los datos en el acta policial respecto a la cantidad de droga secuestrada y así permitir que recuperara un celular donde el hombre llevaba el registro de sus cuentas a cobrar.
Hacia un año y dos meses que la Fiscalía Federal 2 de la capital provincial había ordenado a la Delegación Santa Fe de la Policía Federal que siguieran los pasos a Guillermo Alberto Kernc, de 42 años, por estar sospechado de comercializar drogas al menudeo.
El 4 de abril de 2019 llegó un anónimo a dicha Delegación donde se contaban los lugares y personas que posiblemente se dedicaban a la venta al por mayor de cocaína. Eso derivó en un operativo en la intersección de las rutas 5 y 70, en la ciudad de Esperanza, donde los efectivos antidrogas de la Federal apresaron a Kernc.
Según el acta de procedimiento le secuestraron 80,13 gramos de cocaína, dos celulares y 3 mil pesos de la camioneta Nissan que conducía. Sin embargo Kernc recuperó poco después la libertad.
Pero de la investigación surgió que los datos consignados en el acta oficial y la cantidad de droga secuestrada no eran reales. Para el fiscal federal, el narco pagó 50 mil pesos a los uniformados para alivianar su situación procesal.
En ese marco, la investigación sostiene que a Kernc le urgía recuperar uno de los celulares secuestrados ya que en la memoria del mismo guardaba la lista de deudores de su actividad comercial. Según la Fiscalía, ello genero un ida y vuelta con los uniformados que intercambiaron el aparato y se lo entregaron (después de cambiar varias veces el sitio de encuentro) en un sector de la costanera santafesina y a cambio otros 70 mil pesos.
El 9 de mayo del año pasado y con una orden judicial se allanó una casa del barrio Caima, en cercanías del aeropuerto de Sauce Viejo, y dentro del departamento San Jerónimo. Allí había una camioneta Nissan que le asignaron a Kernc y secuestraron un sobre con 250,19 gramos de cocaína y una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, dos cargadores y varios cartuchos. El arma, dijeron después las pericias, tenía características similares a un arma reempadronada por la policía de la provincia de Buenos Aires y no poseía pedido de secuestro.
Pedidos del fiscal
Para Kernc el fiscal pidió el juicio por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho y tenencia simple de arma de guerra sin autorización.
En cuanto a la pata policial, el fiscal solicitó el juicio oral para el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Marcelo Octavio “Lechuga” Lepwalts; el jefe de la Brigada Antinarcóticos, Cristian Bogetti; y sus subordinados Carlos Gómez Navarro y Michael Juan Arbildo debido a que sabiendo la actividad delictiva de Kernc lo favorecieron al insertar declaraciones falsas en el acta de procedimiento del 4 de abril de 2019 cuando lo detuvieron en la ciudad de Esperanza.
En ese documento oficial consignaron menor cantidad de droga incautada y no especificaron los datos identificatorios de los teléfonos celulares secuestrados explicó el titular de la Fiscalía 2 de la ciudad de Santa Fe. También, les achacó cambiar el aparato marca LG negro por un Samsung del mismo color para luego devolverle el primero a Kernc, engañando a las autoridades del Juzgado Federal 1 de Santa Fe y sin hacer la comunicación correspondiente al fiscal, según explicó la acusación.
Para el fiscal federal, Arbildo y Gómez Navarro además declararon hechos falsos en sus testimoniales el día del procedimiento en Esperanza.
En su acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que el conocimiento previo de la actividad delictiva de Kernc motivó a los uniformados a efectuarle además una propuesta ilegal de protección a cambio de una suma de dinero mensual que en principio fue rechazada y que el propio Kernc le contó a su madre vía telefónica, línea que estaba intervenida. También las maniobras para el cambio de celular y el cobro del dinero que fueron captadas en conversaciones vía mensajería entre Gómez Navarro y Arbildo.
Rodríguez pidió al Juzgado Federal 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño, llevar a juicio a Lepwalts, Arbildo, Gómez Navarro y Bogetti por los delitos de falsedad ideológica de documento público, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento con alteración y desaparición de rastros del delito agravado por ser un delito grave, actuar con ánimo de lucro y mediando la intervención de funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y cohecho. Además, a Arbildo y Gómez Navarro le sumó el delito de falso testimonio.
Adentro del baño
Asimismo, aquel 9 de mayo de 2019, cuando se realizó el allanamiento a la casa a Kernc, el personal de la División Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal también hizo un operativo en el edificio de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal.
En ese procedimiento, los investigadores secuestraron en una bolsa de consorcio distintos envoltorios con cocaína que arrojaron un peso total de 40,38 gramos y 3,78 de marihuana. Los estupefacientes estaban en la repisa de un baño de la Brigada cuyo superior era Bogetti y en la que prestaban servicios Arbildo y Gómez Navarro junto a Darío Duarte y Lucas Leonel Bustos.
Para el fiscal, si bien el baño era usado por otras personas, ellos no podían desconocer su existencia ya que estaba dentro del ámbito donde trabajaban. Y pidió la elevación a juicio por tenencia simple de estupefacientes para los cinco uniformados.
El fiscal agregó que mandará una copia de la elevación a juicio a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, ya que al inicio de su investigación no se encontraban en trámite las causa donde fueron procesados el sucesor de Lepwalts, Mariano Ezequiel Valdés y su segundo Higinio Alberto Bellaggio por infracción a la ley de drogas en la que “se investiga a integrantes de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal por diversos delitos, entre ellos confabulación para transportar material estupefaciente y asociación ilícita (por detectarse un sistema de recaudación ilegal horizontal entre sus ejecutores materiales y orientado en sentido vertical y ascendente respecto de sus beneficiarios), todo lo cual de manera conjunta con otros episodios adjudicados a integrantes de distintas fuerzas constituyen un patrón demostrativo del consentimiento Estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento de las actividades del organismo que represento”, destacó el fiscal.
Recaudación ilegal
Valdés había sido detenido luego de ser baleado en un oscuro episodio ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires el 9 de septiembre pasado y tras hallarse restos de drogas en un bolso de su propiedad y en un bolsillo de su pantalón.
Luego, el fiscal pidió que se le abriera una nueva causa por cohecho pasivo ya que en diciembre pasado un familiar de uno de los policías detenidos con Lepwalts se presentó en la Fiscalía Federal 2 y contó que a dos meses de que fuera detenido su hijo en la causa, pactó un encuentro con Valdés para pedirle que lo trasladaran a la sede de la Federal en Santa Fe y que antes de hablar, Valdés le pidió que apagara el celular para que no lo pudiera grabar.
Según lo expuesto por el hombre, Valdés le dijo que “estaba muy interesado en conocer al grupo de arbolitos de la ciudad de Santa Fe y a cualquier otro responsable de cuevas donde se venda dólar en negro”, detalló el escrito donde está resaltado que Valdés le advirtió: “De no lograr que hagan el aporte voluntario por las buenas, no tengo ningún problema de ir a patear las puertas de esos boliches”.
Con respecto a este “sistema ilegal de recaudación”, a principios de diciembre Rodríguez había iniciado una nueva investigación sobre el ex jefe de la Policía Federal en Santa Fe “Lechuga” Lepwalts, Bogetti, Arbildo, Gómez Navarro, Bustos y Duarte no sólo por sustraer y dividirse dinero secuestrado en allanamientos sino también por “embagallar” a personas.
