El Servicio Penitenciario acatará órdenes judiciales pero "en disconformidad"

El secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Pablo Cococcioni, hizo saber ayer su disconformidad con la decisión judicial de ordenar en qué lugares deben ser alojados los detenidos considerados de peligrosidad. En notas elevadas a los jueces, el funcionario dejó en claro que acatará "puntillosamente" las medidas judiciales, "pero que eso no implica no expresar su discrepancia y disconformidad con ellas".

El pronunciamiento se conoció después de que el camarista Daniel Acosta aceptara el hábeas corpus presentado por los defensores de Ariel Máximo "Guille" Cantero y Emanuel "Ema" Chamorro para que sean trasladados de las celdas de aislamiento a un pabellón común.

"Solicitamos no confundir el respeto a las órdenes judiciales con la conformidad con el contenido de la orden. De hecho, no estamos conformes, sino que hacemos saber la gravedad institucional que implica no permitir al Servicio Penitenciario implementar todas las medidas de seguridad a su alcance en relación a detenidos de altísima peligrosidad. Y aclaramos que la decisión sobre el alojamiento es la principal medida de seguridad", indica la nota.

Esto se suma a una larga polémica entre Cococcioni y distintos jueces a partir de las órdenes para movilizar internos dentro de las cárceles, generalmente tras las denuncias por las malas condiciones de encierro. Al respecto, el funcionario explicó que "acatar las órdenes lleva a una situación que debilita las condiciones de seguridad de las unidades penitenciarias".

Y por ello dijo que ante la decisión del camarista Acosta, "habrá traslados rotativos, de modo sorpresivo y no anunciados, a fin de cumplir la orden judicial que indica que estos presos quieren estar en un pabellón común" pero poniendo "celo en evitar su fuga".

La respuesta

En respuesta a Cococcioni, los abogados Fausto Yrure y Carlos Edwards, defensores de "Guille" Cantero y "Ema" Chamorro, presentaron un escrito ante Acosta solicitándole "que el Servicio Penitenciario cumplimente en forma inmediata la resolución judicial dictada" y en la cual ordenó el traslado de nuestros defendidos a un pabellón común.

Y sostuvieron que "si el Servicio Penitenciario no puede garantizar que se respeten los estándares mínimos de seguridad y paralelamente que todos los internos puedan ejercer sus derechos sin necesidad de encontrarse en un régimen de aislamiento, implica reconocer su propia inoperancia y que no puede cumplir la función para la cual fue creado, lo cual debería provocar la inmediata intervención de las autoridades políticas de esta provincia a fin de corregir y solucionar esta cuestión".