El Senado santafesino le dio media sanción anoche al proyecto de ley que provincializa la investigación penal del narcomenudeo, delito focalizado en la venta a menor escala de estupefacientes en los quioscos de drogas que han proliferado en las últimas décadas no sólo en Santa Fe y Rosario sino también a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Ese fue el eje en el que basó la fundamentación de la iniciativa uno de sus principales impulsores en la Cámara alta, el senador radical del Frente Progresista Lisandro Enrico (departamento General López). "Es un tema muy debatido, con posiciones encontradas, pero ésta es una decisión histórica del Senado porque Santa Fe es una de las provincias que no ha desfederalizado este delito. Es un tema que no puede esperar más porque estamos aplicando una ley de estupefacientes que es de 1989, cuando ésta era una provincia de paso. Hoy, en cada pueblo por más pequeño que sea hay quiosco de drogas", argumentó el legislador de la UCR.
El texto, que pasó a consideración de la Cámara de Diputados, fue votado por los legisladores del Frente Progresista con el apoyo mayoritario del bloque del Justicialismo salvo tres de sus integrantes: Rubén Pirola, Alcides Calvo y Daniel Capitani, quienes se abstuvieron a la hora de la votación.
El proyecto votado anoche en el Senado dispone que todos los fiscales provinciales estarán obligados a intervenir en las 32 localidades donde funcionan las Unidades Fiscales de la provincia ante denuncias por narcomenudeo. En ese sentido, dice el texto, "se considera ámbito de competencia el comercio de estupefaciente, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación, o la tenencia con fines de comercialización o la distribución o la dación en pago o el almacenaje y transporte siempre que la entrega, suministro y facilitación de estupefacientes estén destinadas directamente al consumidor".
También la competencia se limita a la siembra, cultivo de plantas, guarda de semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima utilizable para producir o fabricar estupefacientes.
Los jueces provinciales, en tanto, deberán "fundar el pedido de allanamiento merituando con suficiente amplitud los indicios o elementos que hagan presumir que, en determinado sitio, se producen los hechos tipificados como delitos", en un diligenciamiento que será "expeditivo y no puede negarse o demorarse cuando haya indicios de la actividad denunciada".
En su argumentación, el senador Enrico también consideró que "esta ley que estamos aprobando expresamente establece la no penalización del consumo personal" y cuestionó que "si algún diputado ha sostenido que es para perseguir a los consumidores no ha leído el proyecto".
Por el bloque Justicialista ofició de miembro informante del dictamen de mayoría el senador por el departamento 9 de Julio Raúl Gramajo, quien consideró que "este texto no atenta contra el sistema federal. Así lo ha establecido una acordada de la Corte Suprema de Córdoba que deslinda las competencias (entre Nación y provincias) para que no haya superposiciones entre ambas jurisdicciones".
El proyecto fue votado por el Fente Progresista y la mayoría de los justicialistas. Ahora será el turno de los diputados