El ingreso a grito partido en el caserón de un country de Ibarlucea desató una sorpresa brutal. Con la primera luz de la mañana del miércoles 8 de abril, Andrés “Pillín” Bracamonte saltó de la cama pensando que llegaban a matarlo. Hubo un fugaz intento de resistencia hasta que la cantidad de policías presentes le hizo desistir de cualquier brusquedad a la vez que pareció tranquilizarlo. El grupo de irrupción de la TOE estaba compuesto por diez hombres que en una requisa rápida encontraron pilas de billetes en una valija. “Llévense eso que está todo bien”, dijo Bracamonte. “Nosotros no trabajamos así”, le respondió el responsable del operativo. Para saber cuánto había, los empleados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) no necesitaron pedir una contadora de billetes. “Pillín” tenía una en su casa. Se contabilizaron 2.500.000 pesos y 1.700 dólares. En el exterior de la vivienda, de casi 300 metros cuadrados cubiertos y rodeada de verde en el country Los Álamos, había estacionados tres vehículos de muy alta gama.
El hombre que lleva 20 años manejando la barra brava de Rosario Central es hace tiempo objeto de la ambición investigativa de distintas agencias estatales. Varios fiscales que lo seguían de cerca eran renuentes a acercarse por varios motivos. El primero era que para tocar a un hombre de su sagacidad, piensan, no hay que derrochar movimientos que puedan tomarse como amagues. Para avanzar hay que ir sobre seguro. Algo que no parece fácil para un hombre que no se muestra hace mucho y es poco proclive a usar el teléfono aunque de su casa la policía, interesada en las huellas que dejan los mensajes, se llevó cinco.
“Pillín” es ahora un empresario próspero, pero una incógnita duradera es, como dicen los investigadores, ¿cómo obtuvo su primer millón? Después del primer millón, afirman en el mundo de las pesquisas sobre delitos económicos, todo se acomoda. El dilema no pasa por la justificación de la solvencia actual sino de la que le permitió subir el primer peldaño. En base a esa pregunta el diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular) presentó en la Legislatura un pedido para que los organismos provinciales precisen si recibieron alguna vez informes de parte de la Justicia Federal “sobre las actividades del señor Bracamonte”. También si está en la hipótesis de trabajo de los fiscales alguna investigación por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.
La acción policial contra Andrés Bracamonte de hace ocho días reanuda la circular discusión de un personaje público complejo y de difícil aproximación. Un hombre que se mueve hace dos décadas en la frontera de las leyes, cubierto de claroscuros y con consideraciones muy dispares en las agencias penales de la provincia. Donde conviven los que quieren encontrarle el punto flaco para ir a fondo con otros que mascullan que si todos los líderes de espacios conflictivos redujeran al mínimo la violencia como él, Rosario sería otra y mejor.
Desde que en 2002 puso el pie en la barra de Rosario Central, Bracamonte se distinguió por dos atributos: construyó su presente de magnate y no se fue más. Siempre estuvo ligado a episodios resonantes pero, ligado a asesores sagaces, el impacto era más por visibilidad pública que por consecuencias penales. Estuvo implicado en hechos de sangre, en intimidaciones y en una presunta asociación ilícita. Pero sólo lo condenaron una vez, en 2008, por amenazar un año antes a Pablo Ismael G., un empleado del club de Arroyito al que le exigió que le extendiera los recibos de cuantiosos socios de una filial de Granadero Baigorria que demostraran que tenían las cuotas al día para participar en una asamblea del club en septiembre de 2007.
El empleado obedeció pero lo denunció ante la Justicia porque había amenazado atacar a su hermano. La jueza Carina Lurati le impuso a Bracamonte dos años de prisión efectiva. La Cámara Penal le confirmaría la pena después de retornar del Mundial de Sudáfrica en 2010 en el mismo avión que lo había llevado, tras ser el primer barra brava argentino deportado por el gobierno de aquel país. Estuvo preso unos meses y obtuvo la libertad condicional. Fue lo máximo que atravesó a la sombra.
Reducción de daños
Lo cierto es que desde aquel año 2002 en el que se adueñó de la barra canalla, Bracamonte tuvo una expansión económica que procedía, según lo dicen bajo reserva directivos históricos del club de Arroyito, de su capacidad de garantizar orden en las tribunas a cambio de beneficios de la explotación de espacios de la propia institución y otros negocios adyacentes.
Y esa disyuntiva de la dirigencia centralista de sostener a un hombre oscuro y complejo, lo es también para los que manejan la seguridad pública. Aunque sea incómodo de decir en voz alta, las autoridades siempre pensaron que el escabroso liderazgo de Bracamonte tendía a ahorrarles dolores de cabeza. El contraste evidente surgía con comparar los resultados de las sangrientas guerras de facciones en Newell’s, donde la ausencia de un cacique con capacidad de imponerse sobre todos (algo que habían garantizado Roberto Caminos o Diego “Panadero” Ochoa) desató homicidios de salvaje expresividad, algunos cometidos frente a la misma cancha.
No es que en el entorno auriazul no los hubo. En 2016 se dieron en dos meses los crímenes de dos actores fuertes de la barra y laderos de “Pillín”, como Julio “Cara de Goma” Navarro y Mario “Gringo” Visconti, este último con condenas por narcotráfico. Fueron episodios fuertes pero que rápidamente el histórico líder pareció apaciguar.
En el Organismo de Investigaciones y en el propio Ministerio Público de la Acusación suponen que una pesquisa que saque de escena a “Pillín” lanzará a los referentes que se encuentran debajo de él en la tribuna a una disputa nada calma. Y justamente ahora que está bajo persecución revive la incógnita.
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El allanamiento
Con el allanamiento del 8 de abril ordenado por el fiscal Miguel Moreno se movieron las bisagras de asuntos sensibles a la historia de “Pillín”. Es una derivación del crimen del policía Cristian Ibarra, ocurrido el 22 de julio de 2019 y por el que fue condenado hace dos meses Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero, uno de los hijos de Ariel Máximo “El viejo” Cantero, fundador de Los Monos. Lo que motivó el avance sobre Bracamonte fue que en la pesquisa sobre la fatal disputa territorial por el narcomenudeo entre Ibarra y “Chanchón”, aparece la llamada de uno de ellos a “Pillín”.
El abogado de Bracamonte, Carlos Varela, sostuvo que su cliente no tiene causas judiciales activas, y que todos los hechos anteriores no lo perjudican en nada. También alegó que “Pillín” es propietario de cinco taxis que junto a otros negocios como empresario justifican la tenencia de los 2.500.000 de pesos en su casa, al igual que sus bienes.
El pedido de Del Frade a la Legislatura reclama establecer cómo es la actividad laboral o comercial de “Pillín” ante organismos provinciales, cuál es su relación contractual con la vivienda del country de Ibarlucea, si existe registro de las personas que trabajan en relación de dependencia en sus taxis. También si existe un informe pormenorizado de las personas que murieron siendo integrantes de la barra de Central en los últimos 15 años.
El operativo del 8 de abril no solo fue originado por el incidente de “Chanchón”. También habría menciones sobre “Pillín” (no llamados a él) en escuchas al grupo de extorsionadores a taxistas que salieron a la luz en la investigación de la balacera contra el casino de Rosario en enero pasado, hecho en el cual fue asesinado un apostador.
En el operativo de Ibarlucea no hubo pedido de detención para “Pillín” porque no hay evidencia de que esas menciones sean algo más que una conexión esporádica o casual. El dinero que tenía “Pillín” en su casa es sometido a pericias contables en el MPA tendientes a definir su justificación. Los investigadores desestiman que semejante cantidad, en efectivo y en pesos, haya sido atesorada para ahorro. Nadie ahorra en pesos.
La cuestión es qué necesidad inmediata explica esa pequeña fortuna. Se presume que, contra la ley que pide bancarizarlos, circula en emprendimientos. Hay estudios en marcha de certificación de ingresos para sostener el secuestro del dinero. Los cinco teléfonos decomisados, sobre los que Bracamonte proporcionó los patrones de desbloqueo, también están bajo pesquisa.
Más que la sinuosa historia de la construcción de su liderazgo, a los 48 años lo que a Bracamonte lo complica no son pleitos penales del pasado sino la plata, no la que encontraron en su casa, sino el lejano primer millón. En un sistema penal donde la carga de la prueba se invierte y el sospechado debe demostrar la licitud de lo que tiene, el problema no es lo incautado sino cómo lo consiguió y cuándo empezó. Es decir antes de 2005, como indica el pedido legislativo de informes, cuando ni las empresas aludidas por “Pillín” ni la moderna mansión de Ibarlucea aún existían.
