Un joven de 28 años que cumple una condena en la cárcel de Piñero solicitó la prisión domiciliaria para terminar de desarrollar, desde la casa de su madre, una app que comenzó a programar desde su celda y para la cual cuenta con un precontrato de la empresa Meta de Mark Zuckerberg en el orden de los 900 mil dólares. Se trata de Angel Ochoa, condenado por robo calificado de vehículos y posteriormente imputado de encubrimiento por la compraventa de autos que hacía desde el pabellón 20, uno de los cuales fue empleado por los sicarios que fueron hasta la ciudad bonaerense de Colón a matar a un sindicalista rural pero terminaron asesinando a su chofer. Otra imputación más reciente tiene que ver con la venta de vehículos robados a través de una plataforma de Facebook.
El pedido presentado el miércoles por los defensores de Ochoa, Alejandro Impallari y Damián Vicente, incluye una copia del precontrato y una propuesta de indemnizaciones y resarcimientos a víctimas de los delitos atribuidos al joven, así como a reparticiones estatales.
También promete destinar 200 mil de los 300 mil dólares que aportará la empresa en un primer desembolso a contratar a al menos una veintena de programadores para desarrollar el proyecto cuyo plazo de entrega es el 7 de diciembre. En ese sentido, el requerimiento de los abogados propone en forma subsidiaria salidas laborales para poder terminar su trabajo.
“El pedido se fundamenta en que este muchacho pueda ejercer su derecho a trabajar, previsto tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Pero dentro de la cárcel de Piñero es imposible realizar un trabajo como este porque requiere conexión de internet y en la cárcel hay inhibidores de señales, además de que tiene que contratar a mucha gente. Por eso pedimos que se pueda instalar en la casa de su madre con una computadora que pueda ser monitoreada por la Justicia y también que tenga custodia mientras está trabajando”, dijo a este diario Impallari, para quien una de las claves del pedido es no solo la posibilidad de la reinserción laboral de su cliente sino también la de brindar trabajo a otras personas.
Algoritmos
El abogado de Ochoa comentó que el joven está preso desde los 22 años en Piñero, donde lleva cumplida cerca de la mitad de una condena por robo calificado. Contó que antes de ir preso había estudiado diseño gráfico y desarrollo web. Y relató que dos años atrás, con un celular obsoleto que posteriormente le quitaron en una requisa, comenzó a desarrollar una app que tiene como función combinar distintos servicios y encontrar mejores precios. “El tiene un gran manuscrito de más o menos unas 20 hojas con algoritmos matemáticos y de esa forma desarrolló una aplicación que, según él, va a ser de utilidad para toda la humanidad de acá a algunos meses. Vamos a estar todos usando esa aplicación”, dijo el letrado.
“Por lo que él nos comentó —añadió— la aplicación serviría para nuclear absolutamente todos los servicios que podamos necesitar, conseguir los mejores precios cercanos en cuestión de segundos”, describió someramente Impallari. Si bien se excusó de brindar más detalles técnicos sobre la aplicación, el abogado relató que dos años atrás Ochoa envió este proyecto a Meta a través del portal de la empresa, que recientemente le comunicó vía mail que el proyecto había cumplido con requisitos de admisibilidad, entre ellos “que tiene que ser de interés para la humanidad”.
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El abogado también destacó que el proyecto está en desarrollo pero puede terminar siendo una buena fuente de trabajo si prospera y Meta finalmente lo termina comprando. En ese sentido destacó que en el pedido presentado Ochoa ofrece emplear parte del primer desembolso de dinero en sueldos, resarcimientos e indemnizaciones. La propuesta destina 25 mil dólares a resarcir a las víctimas de los hechos que le imputaron en torno a la compra y venta de autos robados; la misma cifra se ofrece a la policía santafesina “por haber vulnerado la seguridad pública al comprar autos de dudosa procedencia” y al Poder Judicial “por haber generado un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos”.
Pero además asegura que 200 mil dólares del primer desembolso serán para los programadores —unos veinte en primera instancia— que contrate para, en principio, terminar el proyecto y presentarlo a tiempo. Y en caso de prosperar, remarcan los abogados, el emprendimiento podría generar hasta cien puestos de trabajo.
Domiciliaria o laboral
En cuanto a las necesidades que fundamentan el pedido, Impallari sostuvo que en Piñero es imposible realizar este trabajo que requiere entre otras cosas de una buena conexión de internet. Por eso pidieron que pueda ser alojado en la casa de su madre, donde también deberían trabajar en forma presencial algunos de los programadores.
Para los abogados eso aseguraría que Ochoa no se fugará. Además ofrecieron, ante la posibilidad de que se esgriman entorpecimientos probatorios, que entre los contratados por el preso haya al menos un empleado judicial, con conocimientos en el tema, y un policía. El recluso además accedería a que le coloquen dispositivos de control de la domiciliaria y que también sea controlada su computadora mediante un dispositivo remoto.
Asimismo el requerimiento prevé una solicitud subsidiaria para el caso de que fuera rechazado el pedido de morigeración de la prisión: salidas laborales “extraordinarias y excepcionales” de lunes a sábado de 9 a 21 con custodia en la casa de su madre y volver a pernoctar a la cárcel.
Auto criminal
No es la primera vez que Angel Ochoa protagoniza una noticia en las crónicas policiales. A comienzos de 2023, la investigación del asesinato de Mauricio Cordara, chofer del dirigente del gremio rural de Uatre y ex diputado nacional por el Frente Renovador Pablo Ansaloni, fue asesinado de nueve balazos cuando llegaba a la casa de su jefe en la ciudad bonaerense de Colón.
Una cámara captó el momento en el que Cordara fue baleado por un joven que había bajado de un Fiat Palio Attractive rojo cuyo trayecto posterior hacia Rosario fue también registrado por diversas cámaras en su paso por distintas rutas. La identificación del vehículo, que tres días después del crimen fue hallado en poder del padre de un jefe criminal de Nuevo Alberdi, permitió reconstruir el camino que siguió el auto desde que había sido robado en la provincia de Buenos Aires, al igual que la patente de otro vehículo que le colocaron, hasta que fue utilizado los asesinos de Cordara en el trayecto Rosario-Colón ida y vuelta.
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En esa cadena apareció Ochoa como quien le había vendido el vehículo a otro hombre que fue quien se los proveyó a los gatilleros. Por este hecho, además de haber sido imputado por encubrimiento —figura que se suele atribuir a quien compra y vende objetos robados a sabiendas de su procedencia ilegal— por parte de la Justicia de Santa Fe y también fue acusado en la provincia de Buenos Aires como partícipe secundario del crimen del chofer. Al respecto su abogado dijo que Ochoa no sabía quién lo iba a usar ese auto y para qué.
Otra trama en la que quedó envuelto Ochoa tiene que ver con una imputación de finales de febrero de este año cuando le atribuyeron integrar una organización que vendía en Rosario autos robados en el conurbano bonaerense. Tal como el auto empleado en el homicidio de Cordara, los vehículos llegaban a la ciudad con los números de motor y patente adulterados y se comercializaban con documentación falsificada de buena calidad. En este caso a Ochoa le atribuyeron acordar las ventas a través del sitio de ventas Marketplace.
