Por su increíble temeridad, la dimensión pública de la víctima y el completo misterio de sus motivos, a 40 días de concretado, el asesinato de Eduardo Trasante aún congela de espanto. En la pesquisa de su asesinato asomó una figura que capta la atención de las agencias penales por el rápido liderazgo en asuntos de narcotráfico en franjas del oeste y el sur de Rosario. Es un ciudadano peruano de 27 años que está en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero donde, ya está claro para los investigadores, se tramó el crimen del ex concejal de Ciudad Futura. Se llama Julio Andrés Rodríguez Granthon. El caso de drogas por el que recaló en prisión lo muestra en directa relación con Los Monos. Está oficialmente inscripto en Argentina como piloto de avión civil y comercial. Cuando entraron a requisar el corredor donde está su celda partió en dos pedazos su teléfono celular.
No está claro si Rodríguez Granthon, el "Peruano", tiene alguna responsabilidad en el crimen de Trasante. Sí lo está la conexión de los compañeros que comparten con él pabellón como Isaías Zenón, quien se vincula al robo del auto que usaron los asesinos. El teléfono roto en dos mitades fue a una oficina de pericias de Gendarmería en Buenos Aires donde intentarán revivir su sistema operativo. Si eso resulta quizá se avance en el esclarecimiento de este conmovedor homicidios. Pero aunque eso no ocurra los investigadores esperan que al destripar el teléfono aparezcan precisiones más detalladas del papel que este hombre nacido en el distrito limeño de Lurigancho, donde está la mayor cárcel de varones de Perú, tiene en el mapa de la criminalidad de Rosario.
La vida de Rodríguez Granthon en Argentina arranca el 5 de marzo de 2012 cuando llegó desde su país a radicarse en Río Grande de Tierra del Fuego. Allí estudió la carrera de piloto de avión. Refirió estar inscripto ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y ante la Dirección General de Salud de la Fuerza Aérea Argentina.
Se mudó a Rosario dos años después y completó más horas de vuelo para obtener en Funes la credencial de piloto comercial. Ese año apareció su primer problema con la ley. Lo encontraron responsable del accidente de tránsito que causó la muerte de Pablo Franco el 8 de marzo de 2014. La fiscal Mariana Prunotto lo imputó por homicidio culposo por conducción negligente, inexperta y antirreglamentaria de vehículo por lo que fue condenado a dos años de prisión en suspenso. Por este hecho la Dirección Nacional de Migraciones le prohibió la permanencia en el país. Pero Rodríguez Granthon logró permanecer gracias a un recurso ante esa dependencia con el que pedía que se reconsiderara su expulsión por motivos de reunificación familiar.
Para ese entonces estaba en pareja con una rosarina y también sus padres vivían en la ciudad, en la zona de Pellegrini y San Nicolás. Alegaba estar dedicado a la conducción de remises y tener un emprendimiento de provisión de productos y servicios de automotores. En mayo de 2016 fue detenido por la policía a bordo de un Chevrolet Astra. En ese momento se le secuestró el vehículo y quedó detenido porque al consultar sus antecedentes el 911 reportó que tenía un pedido de captura activo por la condena por el accidente. En 2017 tuvo una detención más por el Comando Radioeléctrico porque aún permanecía vigente ese requerimiento.
Ya se había iniciado para ese momento una investigación que lo terminaría implicando en un hecho delictivo más relevante: ser jefe de una organización dedicada a la recepción, fraccionamiento y distribución de drogas en distintos barrios de Rosario y ciudades vecinas. En esa pesquisa de la Justicia Federal se determinó que el Peruano proveía de cocaína de máxima pureza a Gisela Bocutti, quien recibía indicaciones de su pareja Leandro Vilches, condenado como miembro de la banda de Los Monos en 2018, también vinculado a la trama del asesinato de Diego Demarre, dueño del boliche donde mataron al Pájaro Cantero. A su vez Bocutti abastecía, según la resolución federal, a Gustavo "Toro" Martinotti, ex barra brava de Rosario Central, quien respondía a la misma banda.
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En un pasaje del fallo se enuncia la conexión del peruano con Los Monos. "Se visualiza una organización de tipo piramidal en la que Máximo Ariel Cantero (Guille) ejerce un dominio territorial sobre el negocio de la venta de estupefacientes en algunas zonas de Rosario. Leandro Alberto Vilches, en contacto con Cantero, transmite este dominio a los estamentos más bajos de la organización a través de su pareja, Gisela Bocutti, quien no solo comunica las directivas que recibe sino que se encarga de abastecer a Gustavo Carlos Martinotti y recolectar el dinero de la venta de estupefacientes", indica el texto.
Esa operación era, para los investigadores, una etapa intermedia del “Peruano” por la cantidad no demasiado relevante de las drogas decomisadas. Pero eso escaló más alto cuando en noviembre de 2019 se desmanteló una organización que funcionaba dese Piñero a partir de las órdenes de Rodríguez Granthon para que sus socios distribuyeran cocaína en zonas diversas de Rosario. Lo consideraron el jefe de esa banda cuando fue procesado por el juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque.
El procedimiento implicó la detención de siete personas, el secuestro de 15 kilos de cocaína, más de 5 millones de pesos y 110 mil dólares. La investigación la realizó la Policía Federal a solicitud de la fiscal federal Adriana Saccone. La denominaron “Coronas blancas” porque la cocaína tenía una marca particular: los panes estaban individualizados con el sello de una corona, simbología atribuida a la “Banda del Peruano”.
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En 2017 Rodríguez Granthon viajó a Perú por última vez. En esa ocasión renovó su documento peruano que se encuentra vencido. Desde entonces tuvo tres domicilios en Funes y uno en Quintana al 5500 de Rosario, donde nació su hija en 2018.
Pero viajes hubo varios y lo significativo fueron sus compañías. El Organismo de Investigaciones (OI) detectó que cuatro meses después de ser condenado por causar aquel fatal accidente de tránsito, Rodríguez Granthon viajó a Brasil con Leonardo Javier G., Walter David Z. y Emilio César Z. Estas tres personas son socias de la empresa TIKI SRL. Son los propietarios del bar Blacklist de Pichincha, en Riccheri y Güemes, atacado a tiros desde un BMW blanco el 20 de abril de 2019, cuando había clientes en su interior.
Los investigadores posaron la mirada en uno de los dueños del bar Blacklist, Walter David Z. Observaron que la Dirección de Migraciones registró que este hombre de 41 años realizó al menos siete viajes a Bolivia en los últimos tres años, inclusive en vuelos privados, de alto costo. El último viaje a Bolivia, donde nació, fue en febrero de 2020. Pero además registró viajes a Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá y al menos ocho a Estados Unidos en un corto lapso. Por esa razón dieron cuenta de eso a organismos penales nacionales por considerarlo sospechoso.
El ataque a Blacklist fue parte de una secuencia en la que minutos antes también acribillaron a otro bar, el Alabama de Riccheri 12 bis, que administraba Matías Herrera, condenado por narcotráfico el año pasado.
También por eso desde el OI se concentraron en el esquema de relaciones de Rodríguez Granthon. En el pabellón 9 de Piñero es próximo al “Gordo Brian” González, condenado a 16 años por el crimen de Analía Rivero a la salida de un boliche de Capitán Bermúdez en 2014. Y también a Isaías Zenón, de 20 años, preso por tenencia ilegal de arma de fuego. Este joven fue quien instruyó a dos muchachos a que compraran un auto. Ese vehículo fue un Peugeot 308 robado en el que se movilizaron hasta la casa de Trasante quienes fueron sus sicarios.
Las distintas oficinas dedicadas al control del delito en Rosario coinciden en que Rodríguez Granthon, ya con dos causas firmes por narcotráfico, cobró centralidad en el abastecimiento de cocaína para grupos diversos, sustancia que se presume obtenía más allá de las fronteras argentinas. Esta posición la ganó con llamativa rapidez en un contexto donde las hostilidades entre competidores son comunes. No solo se afianzó en distintas zonas de la ciudad como proveedor de droga sino, afirman los pesquisas, como prestamista informal a raíz de la enorme liquidez del narcomenudeo, con colocaciones de dinero a corto plazo. Un importante investigador concedió que en tres ocasiones rompió celulares cuando fueron a allanarlo. En la pesquisa del crimen de Trasante ahora esperan que con el último chip off afloren secretos aún guardados de un presuroso factor de influencia del hampa local.
