El pasado no aclarado, gestor de la violencia del presente

La foto que acompaña esta nota es ideal para arruinar un domingo, lo que se dice un golpe bajo. Para fortuna de la mayoría de los que miramos su efecto aniquilador será breve. El muchacho de la foto no conocerá ese alivio. Sus familiares tampoco.

Se llama Mariano Vaccaro y tiene 29 años. Trabajaba como encargado en un bar de la zona sur y planeaba casarse hasta ese día de finales de 2008 en que una violencia irracional le provocó una parálisis irreversible. Lo único que mueve desde hace 15 meses es la cabeza. La única vez que habló con este diario dijo que necesitaba que alguien le explicara los motivos por los que había quedado así y quién lo había hecho. Hasta ahora, ni ese precario consuelo tuvo.

Frente a los hechos locales de la violencia barrabrava la cuestión esencial no es cómo se investigó, sino quién investiga. Los grupos que ahora contienden con actitud homicida se afianzaron en los últimos diez años. En Newell’s lo hicieron con visibilidad notoria, controlando económicamente espacios institucionales del club, haciéndose dueños de las instalaciones, acallando a palazos a los disidentes. Los sectores que debían investigar entonces son casi los mismos a los que les toca investigar ahora.

La muerte violenta de Walter Cáceres, el viernes pasado, no tiene nada de aislado. Es apenas la última cuenta de una secuencia histórica de la cual el chico de la foto también forma parte. La consolidación de esa secuencia, que implicó una forma de gestionar el poder en los clubes de fútbol, se logró con la contribución de muchos actores de roles diversos: los que cometieron los actos de violencia y los que los dejaron pasar. En el primer grupo están los barras y los directivos. En el segundo, la policía, el Poder Judicial y la prensa.

En la segunda mitad de 2007 se produjo una escalada de sucesos violentos ligados a la barrabrava de Newell’s. Tenían piezas comunes: eran escaramuzas a tiros, en la calle, a menudo con heridos, donde muchos testigos señalaban a conspicuos barrabravas implicados y de los que no solía quedar ninguna constancia pese a su elocuencia apabullante.

El 23 de septiembre de ese año este diario publicó una nota donde un empleado de la comisaría 5ª —que sigue trabajando en la Unidad Regional II— desmenuzaba la lógica que convertía hechos reales en episodios fantasma a los casos que involucraban a Newell’s. "Te llaman a la seccional, te frenan el libro de guardia en 10 minutos y no pasó nada. Todo arreglado. Sin acta no hay causa penal. Lo mismo a nivel hospitalario. En el destacamento del Heca en casos así no comunican nada. Los sanatorios privados tienen la obligación legal de reportar a las seccionales los casos en que hay heridos de arma de fuego.

Establecer cómo ingresó, a que hora, con quien, en qué circunstancia, qué médico lo asistió. Pero se oculta. Porque los intereses para hacerlo son muy fuertes. Y las represalias en caso contrario también. El que se empecina en esclarecer hechos así en Rosario hoy queda afuera de la policía".

Tal era la explicación de cómo los hechos desaparecían. El Heca entonces estaba en el área de la comisaría 5ª que es la misma jurisdicción del estadio de Newell’s. Los hechos violentos ligados a Newell’s —muchos de ellos ocurridos adentro del estadio a simple vista y partido a partido— así se licuaban.

Ese mecanismo de gestación de la formidable intriga del momento no fue desactivado. Un ejemplo: hay sectores de la policía que contaron a este diario que ayer Pimpi Camino estuvo en cuerpo presente detrás de la camioneta en la que se secuestraron dos armas de guerra (ver página 40). Oficialmente la Unidad Regional II lo refuta porque no está documentado. Pero los mismos policías cuentan que para que un hecho formalmente no exista basta omitirlos de un acta. Y eso es lo que históricamente obtuvieron los sectores violentos de Newell’s —la excepción son los desmanes del 26 de enero pasado, cuando ya había cambiado la conducción del club— para no tener reproche policial ni judicial.

Con ayuda. Entonces, quién investiga. Cuando había que pararlos, a estos grupos se los dejó hacer. Y lo que fue pasando siempre estuvo anunciado y a menudo fueron asesinatos. Todo era cristalino y todo quedó hilvanado.

En 2002 corrieron a tiros de la barra leprosa a Oscar Cacho Lucero y desde entonces empezó a comandar Pimpi. Dos años más tarde, el 16 de junio de 2004, fueron a buscarlo a su almacén de barrio Las Flores. Rociaron a tiros el frente y mataron a Nazaret Melgarejo, de 31 años. "Me vinieron a buscar los matones de la barra de Newell’s. Por apretarme a mí terminaron matando a una madre de cuatro chicos", dijo Cacho. El caso no se esclareció.

Tampoco se aclararon asesinatos como el de Gonzalo Javier Ferraro, que recibió un tiro adentro del Coloso, el 17 de febrero de 2005, en pleno banderazo. O el de Marcelo Martín Coria, de 26 años, en el Fonavi de Alice y Lamadrid, ejecutado por la espalda. Ni quedó claro quién fue el que roció a tiros la panadería de Vera Mujica al 3800 el 13 de noviembre de 2008 que dejó como podemos ver en la foto a Mariano Vaccaro.

Esa panadería es de la madre de Diego Ochoa, alias el panadero, y el padre del chico de 14 años muerto en Las Flores dice que todo fue una emboscada contra el panadero, quien se insinuaba como el heredero de Pimpi Camino. Otra vez los tiros que lo buscaban a él fueron irreparables para otro. La policía y la Justicia decían entonces que esto no tenía nada que ver con Newell’s.

Estos hechos violentos que se dejaron pasar —ocultándolos, no documentándolos, no aclarándolos— producen la violencia del presente. Exagerando las buenas intenciones se diría que hubo una palmaria ineficacia a la hora de investigar. Pero hubo más que eso y sólo por eso ningún crimen ligado a Newell's está esclarecido. El gobierno provincial —Poder Judicial y Poder Ejecutivo— tienen la demorada obligación de hacerlo. Pero está visto cómo muchos de los encargados de ponerle freno a esta violencia actuaron antes. Y muchos son los mismos que actúan ahora.