"En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos cae sobre ellos todo el peso de la ley", dijeron desde el gobierno provincial
Captura de TV (El Tres)
La ubicación del GPS de los patrulleros del Comando Radioeléctrico fue parte de la prueba esgrimida por los fiscales contra diez agentes para los que pidieron la prisión preventiva.
Tras la detención de 10 policías sospechados por un procedimiento irregular, desde el gobierno provincial remarcaron que respaldarán al Ministerio Público de la Acusación para avanzar con la investigación. "En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos cae sobre ellos todo el peso de la ley", anunció Esteban Santanino, secretario de Análisis y Gestión de la Información Ministerio de Justicia y Seguridad.
Diez policías rosarinos que en algún momento prestaron funciones en el Comando Radioeléctrico (CRE) fueron detenidos como sospechosos de diversos hechos en los cuales se habrían cometidos delitos como robos, lesiones, allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad. Si bien no se dio a conocer de cuántos hechos se trata, tienen en común que son casos en los que se pudo comprobar la falsedad de las actas policiales sobre lo que había sucedido.
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Según la información preliminar difundida por la Fiscalía Regional de Rosario los policías son cuatro hombres y seis mujeres apresados en una serie de allanamientos practicados por personal de Asuntos Internos en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos fueron coordinados para no afectar la prestación de servicio del CRE ya que algunos de los detenidos siguen trabajando allí.
"No diría que son hechos aislados, sería muy ingenuo", dijo Santantino en relación a la magnitud de la problemática. Días atrás otros cuatro policías habían sido detenidos por delitos similares y fueron imputados por plantar un arma a la víctima de un operativo ilegal.
"Es una fuerza con 25 mil hombres, a la cual se le suma otra fuerza que es el Servicio Penitenciario, que suma 30 mil en total. Hubo, hay y va a haber situaciones delictuales que va a haber que seguir resolviendo. No podemos escapar a esa realidad", analizó Santantino.
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Sin embargo aseguró que no hay "hipótesis" sobre "una corrupción institucional que tenga por ejemplo un esquema de recaudación que suba hacia un vértice". "Vemos grupos fragmentados y aislados que llevan adelante este tipo de delitos y que cuando se los identifica se trabaja para poder apartarlos y que estén a disposición de la Justicia", explicó el funcionario.
"Para nosotros estos hechos significan un golpe muy duro", indicó Santantino. "Pero es una foto de cómo es esta gestión en materia de Seguridad. En los casos en los cuales hay policías que usan el uniforme para cometer delitos cae sobre ellos todo el peso de la ley. En el caso de los poliías que usan el uniforme para hacer bien su trabajo recae todo el apoyo del gobierno", agregó.
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"Cuando hacen las cosas bien estamos poniendo la cara para respaldarlos, cuando hacen las cosas mal ponemos la cara para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley", sostuvo el secretario provincial. "Fiscalía tiene el acompañamiento y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad para ir detrás de estos delincuentes", agregó.
Los allanamientos se realizaron en la mañana de este domingo a partir de un requerimiento conjunto de los fiscales José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y Karina Bartocci, de Violencia Institucional.
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Los procedimientos se vinculan a una investigación que se desprende del análisis de “diversos procedimientos llevados adelante por personal policial con mecánicas coincidentes relacionados a hechos de lesiones, robo, falsedad ideológica, allanamientos ilegales y privación ilegitima de la libertad entre otros presuntos delitos”.
Fuentes allegadas a la investigación señalaron que ésta reúne causas donde “se pudo comprobar objetivamente que lo que daba por cierto la Policía era mentira, era falso”. En sí muchas implican la tarea de desmontar capas de falsedad ideológica de un actuar con presunción de responsabilidad.
El homicidio sucedió el miércoles a la noche en inmediaciones de Tero 9800. La adolescente habría actuado con dos cómplices que están prófugos
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