El gobernador Miguel Lifschitz aceptó la renuncia del fiscal adjunto Fernando Rodrigo, separado de su cargo e investigado penalmente luego de ser denunciado por ordenar escuchas ilegales sobre los teléfonos de su ex pareja y dos abogadas en el marco de otras investigaciones que realizaba. Aunque la ley que regula la actividad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no es clara respecto del criterio a seguir en estos casos, el funcionario evitó así el juicio político.
La novedad se conoció ayer a través del decreto Nº 2.733 que lleva la firma del gobernador y del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, en referencia a la renuncia presentada el 24 de agosto por Rodrigo.
El funcionario quedó involucrado en un escándalo cuando un empleado de la Fiscalía lo denunció el 8 de agosto tras advertir que había solicitado la intervención de los teléfonos de una compañera de trabajo (ex pareja de Rodrigo) y dos de sus amigas, también abogadas. Entonces se inició una investigación penal a cargo de la fiscal Natalia Benvenutto, de Cañada de Gómez, en la cual Rodrigo afronta una acusación por abuso de autoridad, falsedad ideológica, interceptación indebida de teléfonos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Rodrigo fue suspendido preventivamente luego de que el fiscal general Jorge Baclini hiciera lugar al pedido que elevó la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich; y el 25 de agosto presentó su renuncia en una decisión que fue interpretada como una estrategia para sortear el juicio político. Sin embargo Baclini y la Corte Suprema la aceptaron y ahora lo hizo el gobernador.
Cuestión de jurisprudencia
La ley Nº 13.013 que regula la actividad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no es clara respecto del criterio a seguir cuando un fiscal queda envuelto en una denuncia. Entonces, para resolver el caso Rodrigo se tomó como parámetro la ley de enjuiciamiento de jueces (Nº 7.050). Por eso, en el decreto conocido ayer se aclara que hasta el momento no se ha imputado formalmente al ex fiscal y que hay otros procesos disciplinarios en la etapa de investigación.
El Poder Ejecutivo trazó un análisis y recordó que en otras oportunidades, cuando negó aceptar la renuncia de magistrados, se generaron "procesos judiciales de amparo que llevaron a revertir esta decisión". Y que ello implicaría a forzarlo a continuar prestando servicios contra su voluntad, afectándose garantías constitucionales ya que se estaría violando su libertad individual, y debe decirse —se lee en el decreto— afectándose indirectamente el servicio de Justicia a la comunidad, porque resulta indudable que el estado emocional del magistrado debe ser el adecuado para el empeño esperado su elevada función.
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Por Florencia O’Keeffe
Por Hernán Cabrera