El domingo 12 de mayo Juan Cruz Vitali, de 23 años, esquivó un control vehicular y desató una carrera demente por las calles de Capitán Bermúdez con una camioneta policial que lo seguía a los tiros. Tras veinte cuadras de locura en la que por fortuna no hubo muertes colaterales ni choques fatales, la persecución terminó con algo peor: el conductor asesinado de un tiro en la nuca por cuestiones que tal vez nunca se sepan y un policía de vasta trayectoria imputado por algo que quizás nunca pueda explicar.
Horas más tarde en la ciudad de San Lorenzo Hugo Del Castillo, de 45 años, juntaba latitas por la calle cuando fue arrestado por policías que presumieron que estaba borracho. Lo llevaron a una comisaría y finalmente debieron internarlo sucesivamente en tres hospitales por un fuerte golpe en la cabeza que, según alegaron los policías responsables de su custodia, fue consecuencia de haberse caído del vehículo en el que lo llevaron a una comisaría. Cinco días después murió.
Al día siguiente en la zona oeste de Rosario, Enzo F., de 17 años, fue detenido por efectivos del Comando que alegaron que no podía circular sin DNI. Cuando su padre fue a buscarlo a una comisaría y escuchó sus gritos desgarradores desde un cuartito en el que lo mantenían encerrado, preguntó por qué habían detenido a su hijo. "Lo trajo el personal de calle por zurdo y porque no le gusta la policía", le respondieron dos uniformadas en la mesa de entradas, cinco horas antes de que pudiera llevárselo a su casa, visiblemente golpeado y asustado, luego de que fuera trasladado a otra comisaría de donde lo liberaron con una causa de resistencia a la autoridad.
La noche del martes 24 de mayo Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco fueron asesinados en 27 de Febrero y Buenos Aires por policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona. La versión del Ministerio de Seguridad indicó que los agentes sorprendieron a la pareja cuando asaltaban a una mujer y Rosasco, al advertir la presencia policial, quiso huir en la moto conducida por Gramajo y al caer del rodado comenzó a disparar contra los efectivos policiales.
Los voceros agregaron que los uniformados repelieron la agresión y en la refriega los presuntos ladrones resultaron heridos, para morir horas después en el Hospital Clemente Alvarez. Por el hecho el agente Luciano Nocelli, quien según las pericias hizo nueve disparos —uno de ellos para rematar al hombre en el piso— fue imputado por homicidio calificado agravado por ser cometido en abuso de sus funciones como miembro de una fuerza policial y de encubrir lo sucedido, esta última imputación también formulada a su compañero.
Estos cuatro casos, con sus respectivos nombres y apellidos, llegaron a las páginas de este y otros medios mientras se sabe que son apenas una muestra de algo cotidiano que no siempre trasciende. Historias con protagonistas y voluntades puntuales, circunstancias específicas e irrepetibles y suertes distintas que en la provincia de Santa Fe, salvo en casos de homicidios, terminan generalizados en la abultadísima agenda de la fiscal de Violencia Institucional que desde hace no mucho tiempo cuenta con otra funcionaria que la acompaña para investigar denuncias que se acumulan de a cientos por los maltratos policiales, el desmedido accionar de los uniformados en las calles de la ciudad y las consecuencias, a veces letales, que eso provoca.
En ese marco, La Capital dialogó con el abogado Santiago Bereciartúa, quien es querellante en causas de lesa humanidad y casos de violencia institucional además de ser docente de la cátedra de criminología de la Facultad de Derecho de la UNR.
—¿Los casos que se repiten son por un descontrol de la policía o por la falta de un control más estricto del poder político?
—En los términos en que se plantea la pregunta, me obligás primero a pensar cuál es el debido accionar policial que se pretende controlar, pues entiendo al control como un proceso de verificación entre lo que se espera de la policía y lo realizado por ésta. Y considero que ese accionar esperado se le presenta a la policía —desde el controlador— mediante los discursos políticos y los protocolos de actuación. Y esto sí es importante, porque nadie puede discutir el cambio suscitado en este tema desde la asunción del presente gobierno nacional. No sólo se profundizo el discurso demagógico punitivo, realizando también acciones simbólicas importantes como el recibimiento en calidad de héroe por parte del presidente de la Nación y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al policía Luis Chocobar (el agente porteño que va camino a un juicio oral por matar a Pablo Kukoc, de 18 años, quien se escapaba tras apuñalar en un asalto a un turista estadounidense en el barrio de La Boca) sino que se han modificado protocolos de actuación para que la policía no tenga dudas de que el accionar esperado es más mano dura. Y eso pudimos verlo no sólo en el caso Chocobar sino también en todo el discurso político emanado desde el Ministerio de Seguridad tras los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y recordemos las palabras de la ministra tras la muerte de Nahuel: "Nosotros no tenemos que probar nada. A la versión que nos da la Prefectura le damos carácter de verdad". En esta coyuntura pienso que los nuevos casos de gatillo fácil se enmarcan en una "habilitación política" para la mano dura, para el irrespeto a las convenciones internacionales y a nuestro Código Penal, munido de una falta de control político pero pensado como innecesario si el objetivo deseado fuera "soltarle la mano" para que la policía haga lo que sabe hacer: reprimir, ergo un "descontrol" intencionado.
—¿Qué incidencia real tuvo la doctrina Chocobar en estos casos?
—Investigadores de la provincia de Buenos Aires constatan un crecimiento del hostigamiento policial, tanto físico como simbólico. Aumentaron en la vía pública los cacheos y requisas acompañadas de gritos, insultos, imputaciones falsas y provocaciones. Como dicen los pibes y las pibas, el "verdugueo" aumentó en los últimos años. Respecto del "gatillo fácil", la Coordinadora contra la Contra la Corrupción Policial (Correpi) ha denunciado su incremento, pero no conozco fielmente los números y casos tomados para su investigación. Puedo arriesgar que este último año de gestión del gobierno nacional los casos se han acrecentado, o al menos han tenido características cuasicinematográficas que provocan mayor deslegitimación e indignación en la opinión pública. Y eso tiene su correlato en la provincia de Santa Fe.
—¿Por qué ocurre esto?
—Está hartamente estudiado en la historia de los Estados nacionales que la seguridad y el control se convierten en el caballito de batalla de los gobiernos que no tienen logros políticos y sociales que ostentar. Y la mejor forma de llamar la atención del electorado es con un discurso atado a una concepción policialista de la seguridad, una seguridad que se confunde con defensa cuando el gobierno echa mano de la creación de enemigos internos como viene haciendo. Así no sólo desvía la atención sino que además transforma los conflictos sociales y los reclamos por las necesidades de la gente en escándalos policiales.
—¿Sólo hace falta la habilitación política para el gatillo fácil y la mano dura?
—No, también se necesita cierta legitimación social, lo que el criminólogo Rodríguez Alzueta llama la "vecinocracia", que claramente también se nutre del discurso político y su tratamiento mediático, al igual que la policía. Y luego de este cóctel, para asegurar la impunidad y reproducción del fenómeno, se necesita de la complicidad judicial porque la policía necesita, luego de su accionar, no rendir cuentas por ello. Por tanto la Justicia en la mayoría de sus casos, termina legitimando el discurso del Poder Ejecutivo.
—¿Se puede considerar que hay una mala formación de la policía que deriva en estos casos?
—El accionar policial en general demuestra a ciencia cierta su deficiente formación. Los casos de gatillo fácil de nuestra ciudad han evidenciado la poca e ineficiente formación no sólo en derechos humanos, sino también en el empleo de armas de fuego y en las respuestas debidas ante cada acontecimiento. Desconocen por completo la normativa internacional y los principios rectores en uso de fuerza letal. Hemos visto en juicios a policías imputados por homicidios que salieron a la calle armados con escasas horas de prácticas de tiro y sin haber terminado aún toda su formación, como ocurrió con el homicidio de Jonatan Herrera (asesinado el 4 de enero de 2015 cuando un grupo de jóvenes de la Policía de Acción Táctica se sumó a la persecución de agentes del Comando a un ladrón y asesinaron a un chico que lavaba su auto en la puerta de su vivienda de bulevar Seguí y Ayacucho). Y lo llamativo es que luego el Poder Judicial reduce las calificaciones y las penas por esta cuestión, es decir que se vuelven más contemplativos cuando ven a los policías inexpertos como resultado de las deficiencias del Estado. En síntesis, quienes pagan también ese pato, son las víctimas y sus familias, que tampoco encuentran en la Justicia un paliativo a su dolor.
—O sea que salen a la calle con un arma y dispuestos a lo que sea.
—Los policías no son cualquier civil que camina por la calle y esto debemos comprenderlo, en especial el Poder Judicial. Son depositarios de la violencia legítima del Estado, es decir especialistas en el uso de la fuerza letal y no letal. Deberían detentar saberes específicos, ser altamente profesionales, y por eso su quehacer está o tendría que estar protocolizado, ajustado a manuales de procedimientos para que no vulneren los derechos de las personas con quienes se vinculan. ¿Y esto por qué? Porque en la calle terminan siendo jueces de tu vida. Ahora, de nada sirven los protocolos si al mismo tiempo los policías no son llamados a rendir cuentas por sus acciones.
