El control de la recolección policial de prueba como moraleja

Eran los primeros días de febrero de 2002 y en la planta baja de Tribunales nos pasaron un dato en el que no creímos. Pero lo mismo fuimos hasta el Juzgado Correccional Nº 2 para descartarlo. Preguntamos si casi dos meses antes, el 20 de diciembre de 2001, había entrado allí alguna denuncia por resistencia a la autoridad. El interlocutor, con veteranía en práctica penal, puso la mano en visera sobre la boca y nos devolvió otra pregunta: “¿Por casualidad también les interesa saber si el denunciado fue un muerto?”

En efecto, existía un acta que decía que Pocho Lepratti había atacado a los policías desde el techo de la escuela de Las Flores. El accidentado trámite penal —tanto que la sentencia llega casi a ocho años del hecho— recién empezaba. El propósito del documento era evidente: favorecer a los entonces dos inculpados por el crimen, para crear la sensación de operativo legítimo o atenuar eventualmente una pena futura.

Pero todo fue muy burdo: había tres testigos de que tal resistencia no había existido. El acta remitida por la División Judiciales era una falsedad, tan fabricada como los disparos que perforaron el patrullero para simular la existencia de un enfrentamiento. Todo quedó en evidencia. Evidencias que alcanzaron para culpar a los eslabones más delgados de esta argucia.

Inolvidable a la fuerza, el caso Lepratti desnuda antiguas y enraizadas mañas para direccionar causas, implicando o protegiendo, fabricando culpables o decretando inocentes. Viejos trucos que están lejos de pasar a retiro.

“Así como hay policías de calidad que mueren en las calles, hay otros que negocian en las comisarías. En los magistrados campea permanentemente la desconfianza hacia quienes comunican inicialmente la forma en que ocurren los hechos delictivos. En algunos supuestos se plantan armas, en otros se ocultan, a menudo se apremia, se negocia (...) Suele seleccionarse qué denuncia se recibe y cuál no”.

Esa no es la impresión de un periodista. Lo dijo en una charla el juez de Sentencia Nº 2 de Rosario, Antonio Ramos, en 2006. Aludía a cómo los mecanismos de recolección de prueba policial conducen a sospechas rutinarias, a nulidades o a fallos judiciales inciertos.

El 90 % de los expedientes judiciales se inicia con un acta policial. El mejor homenaje a Pocho Lepratti no es confinar su historia a una efeméride, sino honrarlo desterrando prácticas como las que su trágico final dejó al desnudo.