Efectivo pero con riesgos: la ambivalencia del pacto y la regulación con bandas criminales

Rosario atraviesa un descenso histórico en los homicidios, parte del problema que afectó a la seguridad pública los últimos 15 años y llevó a la ciudad a tener la tasa de crímenes más alta del país. La caída en las estadísticas de la violencia letal representa un fenómeno curioso por ser tan abrupto en comparación a años anteriores, en los que alcanzar un mes con solo dos asesinatos como ocurrió en agosto parecía imposible. Surgen preguntas acerca de cómo se llegó a estos resultados y si se podrá sostener en el tiempo.

Para lo primero el gobierno provincial tiene su respuesta, fundamentada en cambios perceptibles a partir del comienzo de la gestión el 10 de diciembre pasado. Para lo segundo está el ejercicio mismo de la política, la administración de justicia y el margen que le queda a lo impredecible, característica de una Rosario que en los últimos años corrió de manera permanente sus límites en lo que respecta a la violencia urbana y las dinámicas criminales.

En terrenos no oficialistas aparecieron análisis sobre la posibilidad de que detrás de las explicaciones del gobierno exista un pacto con bandas criminales o una regulación no violenta de las economías ilegales. Estrategias aplicadas en otros momentos de la historia, tanto en Argentina como en otros países de la región. Procesos que implicaron resultados positivos a corto plazo y el riesgo de un desmadre inminente ante cualquier retroceso o paso en falso.

Una respuesta oficial

En ese sentido el gobierno provincial también tiene su respuesta. En la entrevista publicada el domingo pasado en La Capital, el gobernador Maximiliano Pullaro dijo tener presente que "hubo algunos analistas que salieron a decir algo por el estilo". "Venimos actuando con un análisis criminal que tiene que ver con la predicción delictiva en la calle y el control de la cárcel, con resultados a la vista. Hay gente que no estudia lo que ocurre ni las políticas públicas y, a veces, es más fácil tener una mirada conspirativa", respondió.

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La explicación oficial sobre el descenso de los homicidios es similar en distintas fuentes consultadas. El control en el sistema penitenciario, principalmente con restricciones en el programa de presos de alto perfil para cortar la conexión con la calle y la ejecución de violencia instigada desde el encierro. El patrullaje preventivo con un despliegue organizado y viable por la compra de más móviles policiales. La batería de leyes que comprende, entre otras, la adhesión a la ley de narcomenudeo, la ley de emergencia en seguridad pública, la reforma del código procesal penal y la ley de ejecución de penas. Fue producto de un respaldo político que se plasmó en la rápida sanción de esas leyes en la legislatura.

Esa alineación política se extiende también a la municipalidad de Rosario, para el trabajo conjunto en programas como la Intervención Barrial Focalizada en los territorios más afectados por la violencia. Pero sobre todo con el gobierno nacional, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como cara visible y el Plan Bandera para un desembarco de fuerzas federales, según explican, más organizado que en las ocasiones anteriores. Por otro lado, quienes miran un poco para atrás reconocen que en la gestión anterior se logró la desarticulación de bandas barriales que habían profundizado la crisis de seguridad en algunos sectores.

Arreglos o regulaciones

La idea de un pacto con bandas criminales o de una regulación del delito no tiene asidero en evidencias demostrables. Surge de interpretaciones por la abrupta y sorprendente caída en los indicadores de violencia; y de la historia reciente en la región, donde países afectados por cuestiones similares encontraron una salida en el corto plazo con el diálogo estratégico con organizaciones criminales. Procesos determinados por las características de los conflictos y protagonistas de cada caso.

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Rosario tiene la particularidad de que en los últimos años el negocio del narcomenudeo se atomizó al punto de propiciar el surgimiento de decenas de bandas barriales. Esas disputas explicaron, según el Observatorio de Seguridad Pública, la mayor cantidad de los homicidios en los últimos años; muchos de ellos en contextos vulnerables y no siempre bajo órdenes de bandas con una estructura sólida. Por sí solos esos grupos hoy no tienen la capacidad de oponerse al Estado como para forzar algún tipo de diálogo. Además muchos quedaron diezmados por la muerte de familiares y aliados, o acorralados ante la posibilidad de terminar presos o muertos. En algunos sectores de la ciudad, hastiados de esas historias, está la sensación de que la violencia dejó de decantar en más violencia.

Pero la historia reciente a su vez demostró que las bandas más poderosas continuaron operando tras la caída en prisión de sus referentes. Que tienen lazos indispensables con estructuras institucionales corruptas. Sobre todo con una policía que también estaba atomizada, algo más que “agentes infieles”, y hoy más empoderada cuenta con una herramienta como la ley de narcomenudeo. Esas mismas bandas a su vez tienen capacidad de cooptación en los sectores de donde suelen conseguir la mano de obra de la violencia. Ahí radica la complejidad de un eventual escenario de negociación o regulación.

Lo cierto es que en Rosario el mercado de drogas continúa activo pero sin la violencia que lo signaba públicamente hasta hace unos meses, además atravesado por un contexto económico que lo hace más redituable en algunos sectores que en otros. Lo que lleva a preguntarse cómo es que se mantiene ese negocio sin aquellos actores que lo sostenían con una competencia violenta y hoy están presos, muchos bajo el programa de altos perfiles. Es inútil arriesgar hipótesis sobre situaciones que, si suceden, terminan conociéndose por sus propias fisuras. Una inquietud prudente apunta a la durabilidad de esta calma que ya se sacudió con los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado. Una saga todavía con causa abierta, cuya instigación por ahora es explicada con una hipótesis sostenida más por el énfasis del gobierno que por el proceso judicial mismo.

Efectivo pero riesgoso

Los analistas que estudiaron los distintos procesos de negociaciones o regulaciones del delito destacan que cada caso depende de las características del fenómeno que aborda. En principio diferencian aquellos procesos en los que se buscó dialogar con grupos guerrilleros, como en Colombia, de los que lo hicieron con organizaciones criminales dedicadas a negocios ilegales como el narcotráfico o las extorsiones.

En esa distinción radica un aspecto fundamental. Los primeros tuvieron como finalidad el cese de la violencia política organizada para dar un salto, luego del desarme, a la legalidad. Mientras que con una organización criminal -cuya principal motivación es económica- el fin puede ser también el cese de la violencia, pero no puede haber un horizonte de legalidad de esas actividades. Por ese motivo no suele haber apoyo de la opinión pública, por lo cual esos procesos se mantienen ocultos.

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Esas instancias de diálogo no siempre las lleva a cabo el Estado, sino que suelen participar otros actores como organizaciones de la sociedad civil o religiosas. El fin puede ser disminuir la violencia, o invisibilizarla y reducirla al submundo criminal. Estos grupos suelen pedir mejoras en las condiciones de detención, uso de celulares, traslado a cárceles más cercanas a sus lugares de origen y sus allegados, la garantía de que no perseguirán a sus familiares y que de alguna manera podrán continuar beneficiándose económicamente de sus negocios mientras no haya violencia. A su vez, estos procesos pueden tener momentos de crisis cuando por alguna diferencia en lo acordado se produce un rebrote de la violencia.

Pacto y sangre en El Salvador

El caso más reciente y llamativo de un marcado descenso de la violencia se registró en El Salvador con la presidencia de Nayib Bukele, que en su primer año de mandato en 2019 registró una tasa de 38 homicidios cada 100 mil habitantes. Esa cifra fue en baja hasta llegar a 1,5 homicidios por cada 100 mil en el primer trimestre de 2024.

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Una investigación periodística del medio salvadoreño El Faro indica que Bukele asumió la presidencia arrastrando una tradición de acuerdos con pandillas que venía, al menos, desde 2012. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido al que pertenecía Bukele, pactó aquel año el traslado de 30 líderes criminales de cárceles de máxima seguridad a penales comunes. Un proceso conocido como “La Tregua”, que tuvo un punto final en 2014 cuando previo a las elecciones el candidato del partido rechazó esa estrategia y renunció a ella una vez electo. En 2015 El Salvador tuvo su año más violento hasta entonces, con una tasa de 103 homicidios cada 100 mil habitantes.

En 2015 Bukele asumió como alcalde de San Salvador y continuó con el diálogo con las pandillas para poder hacer campaña y ejecutar proyectos en territorios controlados por esos grupos. Según El Faro, la moneda de cambio fue la entrega a los pandilleros de puestos de ventas en uno de los mercados abiertos durante la gestión. En 2019 Bukele dejó el FMLN, asumió como presidente y mantuvo sus acuerdos. En esa etapa la negociación tuvo como finalidad bajar los homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

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En este período el pacto tambaleó en distintas oportunidades. Entre el 9, 10 y 11 de noviembre de 2021 ocurrieron 45 homicidios, cuando en ese momento el promedio de crímenes era de dos por día. El acuerdo terminó por estallar en marzo de 2022, cuando la policía detuvo a líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Tras un ultimátum de 72 horas impuesto por la pandilla para que liberen a sus hombres, pedido que no fue acatado por las autoridades, la MS-13 desencadenó una matanza de 87 salvadoreños cuya mayoría no pertenecía a ningún grupo.

Días después Bukele decretó el régimen de excepción de garantías constitucionales para poder detener a cualquier sospechoso de pertenecer a una organización criminal. Una medida todavía vigente, que lleva más de 80 mil detenciones y varias denuncias por violaciones a derechos humanos.