En lo que va de 2024 es notoria la disminución de la violencia callejera ligada a la criminalidad organizada, tendencia que se sustenta sobre todo en la cantidad de homicidios en comparación con otros períodos. El descenso resalta todavía más luego de que en 2022 el número de crímenes registrados superara a todas las marcas anuales anteriores, teniendo apenas una leve merma en 2023. En ese sentido es que se abren interrogantes sobre las causas del fenómeno, cuestión que abordó la ONG Finint en su último informe publicado recientemente.
En los primeros seis meses de 2024 se registraron 103 homicidios en toda la provincia de Santa Fe, una cifra inédita en diez años, según se desprende de las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia. En relación al año anterior, cuando hubo 215 crímenes en el mismo período de tiempo, la disminución representa un 52,1 por ciento. En esos términos es un dato objetivo el que da la certeza de una baja muy notoria en la violencia ligada a la criminalidad organizada, que en las estadísticas oficiales apareció en los últimos años como la principal motivación de los homicidios ocurridos en territorio provincial.
Semejante transformación, aunque por el momento se la pueda considerar momentánea, llamó la atención de estudiosos de la materia. La organización no gubernamental Finint (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera), publicó un nuevo informe sobre Rosario y la provincia luego de realizar un estudio previo conocido en marzo pasado sobre la composición de las bandas narco que operan en la región. En esta ocasión el estudio apunta a analizar las políticas públicas que pudieron influir en la disminución de la violencia que ya lleva ocho meses con la misma tendencia.
Finint consideró una serie de "medidas relevantes y que han podido contribuir al descenso de los homicidios producidos en el primer semestre del año". Para su trabajo llevaron a cabo entrevistas "con actores claves del sistema de Seguridad" y así definieron dichas medidas por su grado de incidencia en la violencia territorial.
Control carcelario
Por un lado el informe de Finint destaca una iniciativa a nivel nacional, puesta en marcha el 30 de enero cuando el Servicio Penitenciario Federal aprobó la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.
"Su objetivo implementar estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el SPF", analiza.
En cuanto la metodología de trabajo del Sistema de Alto Riesgo explica que se basa en "la evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar el alto riesgo individual que representan". "Se han percibido resultados satisfactorios en la implementación del sistema que han permitido limitar el accionar de los líderes de las bandas criminales que operan en la provincia de Santa Fe y que están alojados en el sistema penitenciario federal", considera Finint.
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En cuanto a lo que corresponde al gobierno provincial, el informe puntualiza en una medida similar a la tomada en establecimientos federales. "Se percibe un mejor control de los servicios penitenciarios provinciales de los presos de alto perfil alojados en las instalaciones carcelarias provinciales, lo que redunda en un mejor aislamiento y contribuye al debilitamiento del accionar de los líderes de las bandas criminales como organizadores de sus actividades ilícitas", indica el informe.
Patrullaje y empoderamiento policial
Por un lado, Finint destaca la incorporación de nuevos móviles policiales para patrullar las calles. "Se observa positivamente una mayor presencia del personal policial en la calle, la intensificación del patrullaje y la implementación de estrategias de saturación policial en las zonas críticas de la ciudad de Rosario", apunta el estudio.
A su vez, también en relación a la policía, remarca la "revalorización del accionar de las fuerzas policiales por parte del gobierno provincial". Por un lado distingue "lo informal", relacionado al discurso político que respalda a la policía, "a través del análisis de la comunicación oficial del gobierno provincial y de las declaraciones en los medios del gobernador y del ministro de Justicia y Seguridad".
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También destaca "lo formal, mediante el aumento en la remuneración percibida por parte de los miembros de la fuerza". Además, remarca una distinción en las formas de mando: "Se ha podido percibir una mutación en la manera de gestionar las fuerzas policiales, siendo más verticalistas y con mayor injerencia en el direccionamiento y el control por parte del poder ejecutivo provincial".
Coordinación con fuerzas federales
Sobre este aspecto el informe de Finint destaca la puesta en marcha del Plan Bandera, anunciado el 18 de diciembre de 2023 por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al que define como "una batería de medidas coordinadas entre las fuerzas federales y provinciales". "Se ha detectado un mejoramiento en la articulación del accionar de las fuerzas federales con intensificación de su presencia en las zonas más críticas de la ciudad de Rosario", analizaron.
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Ley de narcomenudeo
Por otro lado también destacaron la adhesión de la provincia a la ley nacional 26052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. En concreto, es una herramienta para que la policía y la justicia santafesina investiguen delitos de microtráfico. "Se creó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico en el ámbito de la Fiscalía General de la provincia. Durante los primeros 4 meses del 2024, se imputaron 168 personas por delitos relacionados al microtráfico de estupefacientes", explica el informe.
Ley de inteligencia
En un sentido similar puntualizan en la aprobación de la ley provincial de inteligencia, sancionada el 29 de diciembre, que regula la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito. "La creación de un marco normativo que regule la inteligencia criminal y potencie su accionar a los efectos de prevenir el delito, en especial la violencia altamente lesiva, es una medida favorable que contribuye positivamente en la disminución del accionar de las bandas criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes y otros delitos graves", consideran.
Éxito relativo
En sus conclusiones el informe habla de un "éxito relativo" en las medidas que buscaron disminuir la violencia territorial producida por bandas criminales. En esa línea remarcaron que la baja de homicidios "no significa per se el deterioro o disminución de su poder como amenaza ostensible a la seguridad, sino tan solo una mutación en su forma de expresión".
Así, indican que el hecho de que se produzcan menos homicidios puede deberse también a que "una fase del negocio ilícito haya culminado o se encuentre lo suficientemente madura para pasar a una instancia superior en la cual se incremente su capacidad para vender más drogas ilícitas, mejorar su economía subterránea, proyectar nuevos negocios ilegales e incluso logar maximizar el negocio a través de la asociación con socios internacionales".
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Para Finint no hay que perder de vista "el tenor de la amenaza que representaron durante todos estos años las bandas criminales". En ese sentido destacan que se deberían complementar las medidas tomadas en estos meses. "Si no están acompañadas por acciones estratégicas de largo alcance difícilmente puedan producir transformaciones estructurales como ser el efectivo sometimiento de estos agrupamientos criminales al orden estatal", analizan.
Acuerdos extralegales y el largo plazo
El informe no niega los resultados favorables de todas las medidas analizadas durante la investigación realizada. Sin embargo también tiene en cuenta que "la acción de agrupamientos criminales es también objeto de tratativas, arreglos y acuerdos extralegales que tienen por función establecer nuevos balances y equilibrios entre los responsables de los subsistemas de seguridad y los propios miembros que conforman este tipo de delincuencia".
En una de sus conclusiones, también, remarcan la necesidad de aprovechar políticamente la disminución de los homicidios para "tomar medidas más sofisticadas y efectivas que puedan garantizar mejores chances para disminuir o neutralizar el poder ofensivo de las bandas criminales de modo más duradero". "En este rango, aparecen las acciones de disrupción económica y financiera que tienen por objetivo prioritario identificar a los actores que operan los activos de origen delictivo de estos agrupamientos ilícitos, aplicar sanciones concretas que corroan el funcionamiento de sus empresas criminales y, por último, debilitar su capacidad para desarrollar su negocio ilícito a otra escala", analiza el informe.
