Por la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar cinco personas estuvieron presas durante un año. Las habían detenido después de imputarlas en los Tribunales provinciales por lo que se entendió que era un asesinato. Luego, la muerte de este joven de 23 años fue considerada una desaparición forzada de persona por lo cual el trámite pasó a la Justicia federal. Ayer los cinco acusados salieron en libertad porque un juez de esa órbita les dictó el sobreseimiento. Hasta ahora la discusión había girado sobre si había pruebas para imputarles delitos. El magistrado dio un paso más al señalar que lo que está probado es que ellos no tuvieron nada que ver con el hecho investigado. Los desvinculó, textualmente, por no haber cometido los hechos que les fueron imputados. Ni son asesinos ni son encubridores.
Pichón Escobar, quien trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad, fue hallado muerto en el río Paraná el 21 de agosto de 2015. Había sido visto con vida por última vez una semana antes en la puerta del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100, donde al salir fue golpeado presuntamente por uno de los custodios del lugar, según los registros de las cámaras de vigilancia de la zona.
La pesquisa inicial, a cargo de los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria, concluyó con cinco imputados. Uno de ellos, el patovica Cristian Vivas, al que le endilgaron el homicidio. Los otros cuatro fueron imputados de encubrimiento: los custodios César Ampuero y José Luis Carlino; y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli.
El día del incidente. Las cámaras cercanas al bar La Tienda mostraron cómo el 14 de agosto del año pasado Escobar sale tambaléandose del bar y en la calle es retenido por un grupo de personas que lo golpea. Los querellantes que representan a la familia de Pichón señalaron que, tras ello, hubo policías que lo llevaron de modo clandestino a la comisaría 3ª y lo mantuvieron allí cautivo. Adujeron también que una vez que falleció, su cuerpo sin vida fue arrojado al río. Por este planteo pidieron que el caso se investigara en la Justicia federal como desaparición forzada de persona, lo que fue admitido en la Justicia provincial.
Ahora el juez federal Marcelo Bailaque dice en su resolución que no hay nada con lo que se pueda culpar a las personas que estuvieron presas. Señala declaraciones de testigos que no son ni amigos de Escobar ni trabajadores de La Tienda diciendo que Pichón estaba errático, como ebrio, con la mirada extraviada. Indica que, según testigos, cuando Pichón salió del boliche intentó abrir las puertas de vehículos estacionados. En esos momentos hay hacia él, de parte de Vivas (acusado del homicidio) un comportamiento indiferente. Cuando finalmente sale a seguir a Pichón, dice Bailaque, Vivas hace señas para frenar el paso de una patrulla de la Policía Federal, es decir, acude a la fuerza pública. Y aunque posteriormente es tomado por una cámara que muestra que le pega una patada a Escobar, la lesión que pudo provocar —subraya el juez— es de carácter leve.
Bailaque alude al informe de autopsia para definir que no hay evidencia concluyente de que Escobar haya llegado muerto al agua. Rechaza que se dé por sentado que Pichón haya recibido una golpiza "cuando todos los estudios realizados sobre el cuerpo ya sin vida de Escobar descartan tal posibilidad" y cuando "no presenta ningún signo de haber recibido una golpiza".
Otra cosa que la Fiscalía afirma sin fundamentar, prosigue el juez, es que los informes toxicológicos demuestran "que pasó un largo período entre la supuesta «golpiza» y el momento en que Escobar fue arrojado al río sin vida, cuando en realidad no está demostrado ni que haya pasado un largo período, ni la extensión que habría tenido, ni que fue arrojado al río ya sin vida".
Sin evidencias. El magistrado descarta por último que haya evidencia de que Pichón fue llevado en patrullero a la comisaría 3ª. El hecho de que no conste en el libro de guardia de esa seccional el ingreso de un detenido no es un argumento que demuestre que, en efecto, estuvo allí.
Bailaque dictamina también que es irrelevante que el GPS del teléfono celular del patovica Vivas lo ubique en una zona portuaria tres días después de la desaparición de Escobar dado que no hay una indicación precisa de cuál es la antena que lo tomó y, por lo tanto, su proximidad real con la zona de los incidentes. Esto no es por lo tanto indicio incriminatorio.
El caso no termina porque la decisión judicial será apelada (ver aparte). Lo que Bailaque entiende es que no puede decirse que a Pichón lo hayan matado o lo hayan sometido a una desaparición forzosa. Esas son hipótesis de la Fiscalía y de la querella sin elementos para darlas por sentadas. En el último párrafo de la resolución devuelve las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario a fin de que se siga la investigación.
Los defensores de los acusados ayer resaltaron que este trámite judicial tiene todos los síntomas de un proceso kafkiano. Los cuatro acusados de encubrimiento estuvieron un año presos, lo que implica que cumplieron la pena mínima prevista para un delito por el cual ahora fueron sobreseídos. "Desde el minuto cero de las investigaciones planteamos que esta es una causa sin evidencia", dijo Ignacio Carbone, abogado de los custodios Ampuero y Carlino. "Esta es la primera resolución acorde a la ley. Durante este año muchos actores hicieron la vista gorda, se dejaron llevar por las presiones, se olvidaron del derecho", dijo el letrado.
