Trece personas quedaron detenidas por el plazo de ley después de ser imputadas por conformar una asociación ilícita dedicada a cometer extorsiones, estafas, abusos de armas y provisión de “servicios delictivos” a terceros. La empresa criminal era comandada por reclusos desde la cárcel de Piñero ya sea mediante el uso de dispositivos electrónicos o por medio de órdenes dictadas a quienes iban a visitarlos. Fue en el marco de una audiencia realizada en el Centro de Justicia penal en la cual el fiscal Federico Rébola le achacó a los involucrados una serie de episodios violentos perpetrados al menos desde los primeros días de diciembre del año pasado y el juez de primera instancia Pablo Pinto les dictó la prisión.
Según la acusación, los sospechosos “formaron parte de una organización dedicada a la ejecución de hechos ilícitos y/o a la provisión de servicios a terceros para su realización tales como abuso de armas, extorsiones, estafas, tentativas de estafas y otros tipos de delitos”. La banda, dijo el fiscal, “fue integrada por los imputados de manera estable y con continuidad en el tiempo, con división de tareas y asignación de roles y con algunos miembros detenidos que se dedicaban a realizar extorsiones vía telefónica valiéndose de la situación de encierro y el acceso ilimitado a aparatos de telefonía celular, como así también abusando del derecho a las visitas, quienes proveían información y elementos (teléfonos o chips) para desarrollar su empresa criminal y sobre todo aprovechando la coincidencia de que los principales implicados están alojados juntos en un mismo pabellón de la Unidad Penal 11 de Piñero”.
Según la pesquisa del fiscal, seis de los trece integrantes del grupo compartían la función de organizadores de la misma y la comisión de varias extorsiones. Así las cosas, además de la imputación primaria Dardo Ariel Basualdo (condenado en 2014 a 17 años por un doble homicidio) sumó la comisión de ocho extorsiones en carácter de autor , David Agustín P. un caso de extorsión, Nahuel David Santamaría (condenado a 14 años por matar en 2010 de un piedrazo a un automovilista para robarle en Circunvalación y Uriburu), una tentativa de extorsión, Mauricio Ariel Z., Luciano Nicolás T. autor de siete extorsiones y Agustín Daniel Álvarez (en 2020 lo condenaron a 19 años de prisión efectiva por una tentativa de homicidio agravada, por un ataque a tiros en un búnker de Além al 4000) sumó un hecho de extorsión. Todos ellos utilizaban las líneas y teléfonos que tenían en la cárcel ya sea en forma indistinta o conjunta para encargarse de realizar personalmente los llamados extorsivos a los comercios o personas a la vez que dirigían y daban órdenes a los integrantes que gozaban de libertad.
Asimismo, Fernando Alberto S. fue acusado de ser miembro de la asociación ilícita y la comisión de seis hechos de extorsión en carácter de partícipe necesario; Eliana Daniela C., por integrar la banda; Julia Teresa M. por ser parte del grupo y un hecho de extorsión; Carolina Ayelén E. por ser parte de la asociación y una tentativa de extorsión en carácter de partícipe necesaria; Lucía Mailén F. por integrar el grupo delictivo, extorsión y tenencia de arma de fuego de guerra; Sabrina C. por un caso de tentativa de extorsión en carácter de partícipe necesaria; y Sergio Luis Gómez (un ex policía exonerado en 1997) por tenencia de arma de fuego de guerra.
Asimismo, cada uno de ellos cumplía o tenía asignada otras tareas. De esa forma, Basualdo era el nexo y quién dirigía al remisero F.S. que transportaba a los cobradores; David Agustín “Pinky” P. aportaba los teléfonos en que se utilizaban distintas líneas para extorsionar; Santamaría ponía al servicio del grupo una línea de teléfono de su titularidad que fue utilizada para realizar múltiples extorsiones, realizaba compras por internet con información de tarjetas de crédito pertenecientes a víctimas no identificadas y creó un perfil de Facebook con fotos de perfil y otras fotos de una mujer que era utilizado por la organización para exigir dinero vía telefónica a hombres que se comunicaban y enviaban fotos a ese usuario esgrimiendo que la mujer a la que escribían era menor de edad y que por lo tanto lo denunciarían; Mauricio Ariel Z., por su parte, fue acusado de aportar un chip a su nombre utilizado para realizar múltiples extorsiones y reparaba teléfonos celulares utilizados por la organización; y Álvarez aportó la línea desde la cual se realizaron varias de las extorsiones y el CBU de la cuenta del Banco Nación de su pareja para que las víctimas depositaran el dinero de las extorsiones.
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Respecto a las personas que estaban en libertad y que tras la audiencia quedaron detenidas, la acusación le achacó a Eliana Daniela C., pareja de Santamaría, le brindaba teléfonos de comercios que eran o serían blanco de extorsiones; Carolina Ayelén E. se dedicaba a pasar información de victimas como también arbitrar los medios a fin de ingresar teléfonos o chips a la cárcel; Fernando Alberto S. respondía Basualdo y realizaba fundamentalmente a cobrar el dinero producto de los delitos; Lucía Mailén F. era la encargada de guardar las armas de fuego de la banda y ponía a disposición del grupo su cuenta bancaria para que allí se depositara el dinero de las extorsiones; Julia Teresa M. ponía a disposición del grupo teléfonos a su nombre y su cuenta corriente del Banco Nación.
El fiscal Rébola logró recabar información de al menos 28 hechos cometidos por la banda entre extorsiones consumadas y en grado de tentativa en el período que se extendió desde el 3 de diciembre de 2021 al 4 de marzo de este año, las que consistían en la exigencia de la entrega de dinero (montos entre 30 mil y 100 mil pesos) bajo amenazas de mandar a cerrar o balear los comercios que eran víctimas o amenazar con matar o dispararles a familiares de los extorsionados.
Entre los casos a los que hizo referencia el fiscal en su acusación se encuentra el de un comerciante que hizo seis pagos a la banda por un total de 400 mil pesos, cuatro de los que fueron cobrados por Fernando S. por encargo de Basualdo a quién reportaba de acuerdo a las escuchas obtenidas como pruebas en las que los teléfonos y datos de las víctimas y sus entornos familiares eran aportados por el preso Luciano T.
Otro de los hechos data de febrero pasado cuando a un hombre le exigieron la entrega de 30 mil pesos que pagó con una netbook, una impresora, 5 mil pesos en efectivo, cargadores de celulares, auriculares y una memoria de 16 GB además de su celular personal, todo en el cruce de Provincia Unidas y Juan José Paso. Y quien se encargó de cobrar la extorsión volvió a ser Fernando S. por encargo de Basualdo.
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El 4 de marzo, en tanto, la banda hizo llamados extorsivos a los propietarios de una pescadería y otros negocios en los cuales les exigían 50 mil pesos “para esa noche o le cerraban el negocio”. En los mensajes, los delincuentes daban a sus víctimas datos precisos de sus movimientos y los de sus familiares. Según la pesquisa, los llamados fueron hechos por Santamaría con información que le transmitió su pareja, Carolina Ayelén E., quien a su vez recibía datos de Sabrina C.
Otro episodio fue el 24 de febrero cuando mediante mensajes de texto y WhatsApp le exigieron 50 mil pesos a una víctima si no quería que le maten a integrantes de su familia. En esos mensajes le brindaban datos precisos de sus negocios y dos días después quien era apretado entregó 20 mil pesos a Lucía Mailén F. y Julia Teresa M., quienes recibieron el dinero en sus cuentas bancarias personales.
La misma Lucía Mailén F. tenía en su poder de forma ilegal una pistola calibre 9 milímetros con su cargador con 15 municiones y otro cargador con 16 balas, la que le secuestraron al ser detenida el 12 de junio en una finca de calle Salvat al 2900. Idéntica imputación recayó sobre Sergio Luis Gómez. quien tenía una pistola negra calibre 9 milímetros y 13 balas cuando fue apresado el mismo 12 de junio en Colón 3600.
