Foto: Virginia Benedetto / La Capital
La cuadra de Génova al 2400 fue escenario de una decena de balaceras en lo que va del año, muchas dirigidas a la misma vivienda.
La fiscal de la Unidad Especial de Balaceras de Rosario, Valeria Haurigot, se mostró a favor de “limitar derechos” de las personas que se encuentran detenidas en cárceles de la provincia de Santa Fe, como una forma alternativa de terminar o neutralizar las balaceras y extorsiones que en la mayoría de los casos son organizadas desde las penitenciarias.
La funcionaria judicial remarcó este martes que la seguidilla de tiroteos contra casas particulares y locales comerciales es un fenómeno “preocupante”, y requiere para su atención la coordinación de trabajos con otros estamentos del Estado, sobre todo con el Servicio Penitenciario. “Para nosotros es central en este asunto”, consideró.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Haurigot afirmó que las balaceras o amenazas extorsivas “tienen su génesis o en algún momento tocan al Servicio Penitenciario o a personas privadas de su libertad. Eso nos obliga a cambiar el eje de la persecución tradicional”.
En ese sentido, advirtió: “Una vez que la persona ingresa al penal se multiplica su capacidad delictiva, en lugar de disminuir. “Nos encontramos con esa cuestión preponderante que es el uso de celulares desde donde se coordinan constantemente extorsiones y balaceras desde las cárceles”, continuó.
La fiscal propuso “empezar a probar otras opciones que se apliquen cuando una persona recibe prisión preventiva, como limitaciones de derechos. Hablo de limitaciones, no de prohibiciones, porque no quiero que me acusen de ir en contra de la Constitución Nacional. Ese no sería el caso. Sería limitar derechos para evitar el uso abusivo del mismo”.
Además, la integrante del Ministerio Público de la Acusación consideró muy importante “avanzar en la cuestión patrimonial de los involucrados en este tipo de ilícitos. Las balaceras y extorsiones tienen un rédito económico para las personas que lo hacen. Casi siempre, ese dinero termina siendo una cifra negra, porque sólo se acercan a la Justicia quienes no pagan o no aceptan el amedrentamiento. No tenemos una cifra de los que pagan porque generalmente no denuncian”.
Haurigot también dijo que se han incrementado las extorsiones. “Es un tema preocupante, no hay antecedentes en el país. Hemos tenido contacto con la mayoría de las víctimas, porque tienen datos para aportar que sirven para la investigación. Trabajamos con los celulares en los que se reciben amenazas y advertimos que los impactos de antenas provienen del Servicio Penitenciario, mayoritariamente de Piñero, pero también de Coronda y de la Unidad 6.. Es difícil identificar al usuario, pero tratamos de hacer una investigación seria. Lleva tiempo porque tiene que ver con pericias y recursos”.
