Un crimen con sello mafioso ligado a una millonaria estafa al fisco sacude a la
provincia de Santiago del Estero. La historia se desató cuando un empleado de la Dirección de
Rentas denunció un extraordinario fraude con sellos falsos. Convertido en un testigo clave, el 13
de mayo salió camino a la zapatería donde trabajaba de tarde y no se supo nada más de él. Trece
días después, las amenazas escritas en el baño de su oficina parecieron encontrar una concreción
macabra cuando apareció un cadáver mutilado cerca de su casa. Y la semana pasada una pericia
genética confirmó el dato que cerró el círculo: ese es el cuerpo de Raúl Eduardo Domínguez, el
hombre que develó un desfalco escandaloso por el que fueron detenidas doce personas.
Para la familia de Domínguez, un tucumano de 51 años radicado desde hace 30 en
Santiago del Estero, su muerte es indisociable de la denuncia que descubrió una suerte de oficina
paralela de sellados, lo que habría ocasionado a la provincia una pérdida superior a los 4 millones
de pesos.
Domínguez trabajaba desde hacía veinte años en la oficina de Sellados y
Timbrados. Tenía dos hijos de un primer matrimonio y vivía en el humilde barrio El Vinalar con su
segunda esposa, Olga Torres, y sus hijos María Marta, de 17 años, y Milton, un nene de 10 años con
síndrome de Down. Por la tarde trabajaba como zapatero para aportar unos pesos más a los 1.500 de
su sueldo como empleado estatal.
La denuncia. En abril, Domínguez atendió la queja de un cliente al que le habían
colocado un timbrado falso en un formulario 08, que se usa para la transferencia de vehículos entre
particulares. Era un documento por 163 pesos que el contribuyente necesitaba para actualizar
patentes adeudadas.
El empleado dio cuenta de la situación a sus superiores, quienes ordenaron una
investigación y dieron cuenta a la policía. Se descubrió así que en el lugar operaba una
organización que aplicaba timbrados falsos, una maniobra por la que el Estado santiagueño dejó de
percibir altísimos porcentajes en materia de sellados.
¿Domínguez conocía desde antes la existencia de esa banda? Sus familiares dicen
no saberlo porque él era "muy reservado". La hermana mayor del timbrador, Marta Domínguez, dice que
él se limitó a informar una irregularidad: "Mi hermano no sabía lo que pasaba. Cumplió con el deber
que le correspondía ante un reclamo", conjetura la mujer de 54 años, que se hizo cargo de sus dos
hermanos cuando ellos eran adolescentes y falleció su madre.
Desde que se radicó en Puerto Santa Cruz, Marta hablaba todos los meses con Raúl
por teléfono. Y no duda de que lo mataron por su denuncia: "No hay otro motivo. A él no lo
protegieron, no le dieron custodia. Seguía yendo a trabajar al lado de los sospechosos cuando en la
puerta del baño estaban las amenazas de muerte", objetó.
El empleado declaró dos veces ante la policía y la investigación quedó en manos
del juez penal Juan Jorge, quien ordenó la detención de 12 personas por defraudación y asociación
ilícita (ver aparte).
"Ese sector era un caos administrativo donde no había muchos controles. Creo que
todos sabían pero no se tomaban medidas", dijo a LaCapital el abogado de la familia, José Eduardo
Herrera.
Ultimo rastro. Cuando la estafa comenzaba a adoptar ribetes escandalosos, el 13
de mayo Domíguez desapareció camino a su taller de calzado ubicado a quince cuadras de su casa.
Justo ese día había recibido una citación para declarar en el juzgado, donde su testimonio era
considerado clave.
Su familia comenzó a temer lo peor cuando se descubrieron amenazas en un baño de
su oficina. "Traidor, te vamos a matar, hijo de puta", "Buchón, te vamos a hacer cagar", decían los
mensajes escritos en la puerta, que fue secuestrada para realizar pericias caligráficas. "El vivía
con temor, pero jamás nos hubiéramos imaginado que podían llegar a este extremo", confió el abogado
Herrera.
Desde entonces, la esposa de Domínguez sostuvo que el empleado había sido
secuestrado. Las peores presunciones de los familiares se cumplieron dos semanas más tarde, el 26
de mayo, cuando un vecino encontró un cadáver mutilado en un descampado a 150 metros de la casa de
Domínguez. Le faltaban los brazos, parte del torso, un pie y tenía la cabeza separada del
cuerpo.
Un cuerpo sin nombre. La familia reclamó que les permitieran reconocer el
cuerpo, pero el juez Abelardo Basbus recién aprobó la medida 40 días mas tarde. Entonces la esposa
y la hija del empleado reconocieron su ropa y un crucifijo que llevaba con él antes de ser
asesinado. El abogado Herrera cree que el juez demoró el reconocimiento "para que se perdieran un
tiempo valioso y pruebas esenciales en la investigación".
"La autopsia no pudo determinar de qué murió, pero sí que llevaba entre 5 a 8
días sin vida. Eso abona la teoría del secuestro. Lo increíble es que pretendieron desviar la
investigación hacia un suicidio y ordenaron pericias psicológicas a la familia para involucrarla en
la muerte. Esto es de una gravedad institucional terrible", cuestionó el profesional, quien
denunció a Basbús por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes.
En ese clima, Basbús se apartó del caso y giró el expediente al juez de Crimen
Gustavo Herrera. El martes pasado, ese magistrado les comunicó a los familiares el resultado de una
pericia de ADN que determinó, en un 99,9 por ciento, que ese era el cuerpo de Domínguez.
"Lo destruyeron. Nos causaron un dolor tan grande. Mi hermano apareció en
pedazos y el primer juez tapó todo", dijo esa noche a este diario Marta. Recibió la noticia en
Tucumán, a donde viajó para organizar marchas por el caso.
Luego el juez Herrera ordenó medidas en el lugar donde aparecido el cadáver con
la presunción de que lo mataron en otro lado. Ahora se esperan los resultados de una segunda
autopsia y de pericias de los forenses de la Corte Suprema para determinar cómo lo mataron.
Para la hermana del testigo asesinado, la clave para aclarar el crimen está en
la otra causa, la de la estafa: "Queremos que se investigue su muerte pero en conexión con la
estafa. No hay otra razón. Ahí van a encontrar a los que se lo llevaron, lo lastimaron y lo
mataron".
