Una investigación federal que llevaba más de dos años en curso desembocó este miércoles en un operativo en la ciudad de San Lorenzo y otras localidades del cordón industrial contra una organización que distribuía marihuana y cocaína bajo un esquema organizado, con reparto de roles y un servicio de delivery de drogas. En ese marco fueron allanados domicilios de efectivos de Prefectura Naval al detectarse la connivencia de esa fuerza federal con miembros de la banda, que tiene a sus dos jefes presos por causas de narcotráfico. También se advirtieron conexiones del grupo con la Asociación de Taxis de San Lorenzo y con “círculos políticos” de la ciudad, según se reportó.
Los procedimientos arrancaron a las 6 de ayer a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con la colaboración de otras fuerzas. Al cierre de esta edición se habían desplegado 25 allanamientos en San Lorenzo (11), Capitán Bermúdez (6), Puerto San Martín (1), Serodino (2), Puerto Gaboto (2) y también en Rosario (3). Las medidas fueron requeridas por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede San Lorenzo de la Fiscalía Federal, en un trabajo coordinado por los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto.
Los allanamientos, requisas y detenciones —al cierre de esta edición eran ocho más otras tres personas que ya estaban presas— fueron autorizados por el Juzgado Federal 3 con el foco en una organización criminal que “a lo largo de dos años y tres meses ha sido objeto de incesantes medidas investigativas”, plantearon a este diario fuentes del caso.
Al frente, como líderes de la red, fueron situados dos presos por narcotráfico que, según se indicó, cumplen condenas federales: Ramón Alberto “Willy” Velázquez y Jehiel Fabián “Tito” Marino, señalados como “máximos responsables”.
A pesar de que ambos están detenidos en la Unidad Penal Nº7 de Resistencia, Chaco, la pesquisa reveló que seguían manteniendo control del negocio a través de familiares, llamados telefónicos y directivas contenidas en audios. Así lograron insertar material estupefaciente en San Lorenzo, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez e incluso Rosario. Los jefes, según los fiscales, fijaban el precio de las sustancias, ordenaban las cantidades a comprar y controlaban a vendedores.
En dólares
Se constató que las ganancias eran canalizadas a través de familiares y allegados, con operaciones financieras en dólares. Esto ocurría con la connivencia presunta de personal de Prefectura Naval, lo que “permitió sostener las maniobras ilegales durante un tiempo prolongado”.
Incluso, se indicó, algunos miembros de la banda tenían conexiones con la Asociación de Taxis de San Lorenzo, “lo que reforzó la capacidad de protección de la organización”. Y algunos de sus miembros contaban con “fluidos y aceitados vínculos con personas allegadas a círculos políticos” de la ciudad de San Lorenzo.
La pesquisa reveló la existencia de una “estructura jerárquica y persistente” con más de 25 personas investigadas, entre familiares de los líderes, vendedores y personal de seguridad sospechado de colaborar. Entre ellos, un subprefecto, tres ayudantes y un cabo de Prefectura Naval.
En las requisas se secuestraron 106 dosis de cocaína con un peso total de 36 gramos, 4.515.000 pesos en efectivo, otros cuatro millones en cheques, 6 mil dólares, dos autos y cuatro motos, una notebook y una escopeta calibre 16. Además se incautó documentación de interés para la investigación en diez domicilios y 26 teléfonos celulares.
En ese marco fueron detenidos Norma Belkis C., José Ricardo G., Katerina R., María Alejandra D., Lourdes Josela M., María José V., Juan Manuel C. y Agustina Belén V. Otras tres personas que serán indagadas ya se encontraban previamente detenidas.
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Para el equipo de la acusación, la investigación “pone de relevancia la capacidad de organizaciones criminales para mantener operaciones desde el sistema penitenciario”, así como la “necesidad de fortalecer controles sobre fuerzas de seguridad” ante posibles actos de corrupción. Por último, advirtieron sobre la consolidación de redes familiares que “sostienen la logística del narcotráfico” en la región.
Los jefes presos
Alberto Ramón “Willy” Velázquez es un personaje conocido en el cordón industrial. Fue detenido el 22 de abril de 2021 por agentes de Prefectura Naval en la localidad de Serodino junto a otros dos acusados; Matías S. y Carlos B. Estaban en un comercio de esa localidad y se movían en una camioneta Toyoya Hilux modelo 2016 en la que se encontraron cuatro panes de cocaína con un peso total de 4,300 kilos.
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Willy era buscado desde semanas antes como el jefe de una organización narcocriminal que había sido noticia el 8 de abril de ese año, cuando en el marco de diez allanamientos realizados por la misma fuerza en cinco ciudades de la región hubo siete personas detenidas y secuestro de casi ocho kilos de cocaína y marihuana, además de dos millones y medio de pesos —entre dólares, soles y euros—, armas, autos, celulares y computadoras.
El grupo quedó bajo sospecha a raíz de una denuncia anónima recibida en el Ministerio de Seguridad de la Nación, una investigación que se aceleró a partir de asesinatos de personas ligadas a la venta de drogas en ciudades del cordón.
Tres meses después, en julio de 2021, fue detenido Jehiel Fabián “Tito” Marino, considerado un ladero de Willy en el cordón. Lo apresaron efectivos de Prefectura cuando caminaba por Belgrano e Irigoyen, pleno centro sanlorencino, a escasos 150 metros de la Jefatura de policía. A Tito se lo señaló en aquel momento como “segunda línea” del grupo de provisión y distribución de drogas.
