En julio del año pasado un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en el cruce de Necochea y pasaje Ivanowski, barrio Tablada, adonde había ido a comprar estupefacientes. Así lo aseguraron tanto los familiares de la víctima como los vecinos de la zona, que acotaron su relato con un argumento incuestionable: "Acá es mejor mantener la boca cerrada". "La U", como se conoce a este punto del barrio por la forma de la calle, está atravesada desde hace más de 15 años por la violencia ligada al comercio de drogas a baja escala. En ese marco fue que la Justicia provincial buscó intervenir, amparada en la nueva ley de narcomenudeo, con el derribo de una casa sindicada como punto de venta. Este lunes, bajo un fuerte operativo policial de custodia y ante la protesta de los moradores de la vivienda, comenzaron las tareas de demolición.
A primera hora del 20 de julio pasado los vecinos de Necochea y pasaje Ivanowski escucharon el estallido de un disparo de arma de fuego y al asomarse a la calle se encontraron con un muchacho tendido en el suelo, herido en la cabeza. Minutos después fue identificado como Adrián Alberto Guazzaroni. Allí lo reconoció su padre, un suboficial de Gendarmería que luego contó a La Capital que su hijo atravesaba un complejo problema de consumo de drogas y que él estaba al tanto que aquella noche había salido para ir a comprar.
Quién lo mató y por qué son preguntas todavía sin respuestas en la investigación que lleva la Fiscalía de Homicidios. En el barrio, en tanto, relacionaron el crimen a un punto de venta de drogas de la zona mientras que los pesquisas que conocen ese entramado aseguraron que era un territorio bajo influencia de Alejandro Isaías "Chucky Monedita" Núñez. Se trata de un muchacho de 27 años, preso en la cárcel de Piñero, condenado por un homicidio e imputado como líder de una asociación ilícita.
Ese mismo marco utilizó el fiscal Franco Carbone en la audiencia llevada a cabo el jueves pasado, donde solicitó el derribo de cinco viviendas de distintos puntos de la ciudad relacionadas al comercio de estupefacientes. Entre ellas estaba una casa ubicada en el pasillo del pasaje Ivanowski, donde habita un joven investigado como parte de la banda de Núñez. El pedido de demolición estuvo enmarcado en la ley de narcomenudeo a la cual la provincia se adhirió en diciembre pasado. La jueza Silvia Castelli lo autorizó pero solicitó que el Estado genere "arraigo en los territorios más allá de esta medida judicial". Una manera de plantear que, en el abordaje del narcotráfico como problemática social, nada empieza y termina en el derribo de un búnker.
El caso
Luego de que se derribaran los primeros búnkeres la semana pasada, este lunes por la mañana se avanzó con la casa de pasaje Ivanowski. Al lugar llegaron funcionarios de la provincia y obreros con sus herramientas, acompañados por un fuerte operativo policial dado que hace unos días la demolición de otra vivienda del barrio, ligada al clan Funes, se suspendió porque los trabajadores fueron amenazados.
Con ese contexto este lunes la policía avanzó sobre el angosto pasaje Ivanowski para poder garantizar el trabajo de los obreros. Antes, un grupo de personas comenzó a retirar de la casa todos los muebles y demás pertenencias. Con la ayuda de vecinos los fueron apilando sobre el pasillo y en la casa de unos familiares que se dispusieron a conservarlos ahí hasta que encuentren un lugar donde reubicarse.
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Entre las personas vinculadas a la vivienda estaba Carolina, quien entre lágrimas habló con los medios de comunicación y aseguró tener un boleto de compraventa de la casa que -según su relato- adquirió hace unos tres años. Todas estas cuestiones fueron abordadas en la audiencia en la que constó que la mujer fue censada en esa vivienda en 2021, pero que a su vez se trata de terrenos fiscales y por lo tanto no hay un título de propiedad.
"Es todo mentira lo que dicen, es la casa de mis hijos y me costó toda la vida pagarla. Vinieron, me allanaron y no me encontraron nada. No sé qué voy a hacer, estoy desesperada. Esto es una pantalla para hacerse notar, quieren fama con la gente humilde", sostuvo la mujer, que aseguró vivir allí con cinco hijos y tres nietos.
En esa casa se realizó un allanamiento el pasado 5 de enero, donde se identificó a un joven llamado Yair Z., hijo de Carolina V., como único habitante del lugar. Allí la policía incautó 38 chips de teléfonos celulares, recortes de nylon que para los investigadores podían ser envoltorios de estupefacientes, tres vainas calibre 9 milímetros y otros elementos. Si bien el joven no está imputado se lo investiga por su presunta vinculación a una banda violenta. La Justicia, entre otros materiales de interés, cuenta con la publicación que hacía en redes sociales mostrándose con armas de fuego.
Martín Frassi abogado defensor de Carolina V., quien dice haber comprado la casa a sus dueños anteriores, sostuvo que durante la audiencia se opuso al derribo de la casa y luego solicitó la revisión de la decisión tomada por la jueza Castelli. "No pretendo que vaya a la Corte Suprema pero sí que un juez lo revise y determine en la misma sintonía que la resolución. Si no de un día para otro dicen que una vivienda funciona como búnker, resuelven judicialmente y al otro día la están derribando", indicó el defensor. Además, Frassi cuestionó que en este caso puntual la vivienda es ligada al narcomenudeo por medio de una persona que no tiene causa por narcotráfico. "Se la vincula con Chucky Monedita, sin causa en la Justicia federal, cuando esta ley busca sancionar actividades delictivas vinculadas a la comercialización de estupefacientes", analizó.
Viviendas usurpadas
"Derriban otros dos búnkeres de venta de drogas por la Ley de Microtráfico", comunicó el gobierno provincial este lunes para anticipar el operativo. Sin embargo, en el lugar el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, relativizó el uso de ese término para referirse a las viviendas derribadas. "Búnker en realidad es un concepto que no cabe para estos lugares, los búnkeres de los años 2013 o 2014 tenían otra infraestructura, más rígida. Era un local cerrado y con una ventana para la venta. Estas son viviendas usurpadas que se destinan temporalmente para la venta de estupefacientes", explicó el funcionario.
En ese sentido argumentó por qué en los recientes allanamientos y derribo a presuntos puntos de venta nunca encontraron estupefacientes. "Tienen una lógica de trabajo que no es permanente, se ocupan temporariamente para la venta, no hay una presencia constante de personas", analizó Pereyra. Distintas investigaciones judiciales dieron cuenta que con el paso de los años las dinámicas de la venta de droga a baja escala cambiaron. Con el allanamiento y derribo de los clásicos búnkeres, sobre todo luego del desembarco de fuerzas federales en abril de 2014, el mecanismo mutó a la venta ambulante o en viviendas adquiridas mediante usurpaciones y amenazas.
El gobierno provincial está encarando una etapa todavía incipiente, relacionada a la adhesión de la provincia a la ley de narcomenudeo, que en un principio se basa en este tipo de avanzada contra viviendas ligadas a bandas criminales. Desde Seguridad indicaron que la etapa siguiente será complementar esta política con la articulación con otras áreas del Estado. Lo que comprendería al Programa de Intervención Barrial Focalizada, destinado a intervenir las zonas más afectadas por la violencia urbana.
Antecedentes
Si hay algo que queda claro, porque está a la vista, es que los escenarios de estas medidas son sectores de la ciudad atravesados por la vulnerabilidad social. Donde más pega la violencia ligada al narcomenudeo también escasean la urbanización, el alumbrado público, el trabajo formal y el acceso a otros derechos que conforman las bases de una comunidad. Un contexto al cual además, como consecuencia, se le suma el cambio de costumbres impuesto a los vecinos. En ese sentido se explicó la negativa a hablar de la mayoría de habitantes de la zona de Necochea y pasaje Ivanowski. "Nosotros tenemos que seguir viviendo acá, así que vemos pero miramos para otro lado y no decimos nada", resumió una mujer a La Capital.
Con ese marco, el vecindario hace más de 15 años vio cómo el narcomenudeo se instaló y se desarrolló en "La U", dejando en esa esquina un historial de varios hechos violentos. El más reciente fue el asesinato de Adrián Alberto Guazzaroni en julio de 2022, de quien su padre aseguró que había llegado a ese lugar a comprar drogas. Uno de los crímenes que puede servir para explicar la complejidad de la violencia ligada al comercio de estupefacientes en este nivel, marco en el cual las víctimas no siempre están involucrados en las bandas que se disputan intereses.
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Este lunes, entre funcionarios y obreros que se aprontaban para derribar la vivienda, sobresalían las marcas de los disparos en las paredes de los alrededores. Así como también pintadas que recuerdan a personas asesinadas. Varias de ellas están dedicadas a "Charly", como sus allegados llamaban a Cristian Machuca, asesinado a balazos en enero de 2015 por Chucky Monedita, el nombre que aparece hoy como referente de la zona. Allí mismo, a comienzos de 2007, había sido asesinado el hermano de Chucky, Marcelo Núñez, el "Monedita" original. Tenía 17 años y lo ligaban a otro pesado fallecido: Guillermo "Torombolo" Pérez. Nombres propios que pertenecen ya a la prehistoria de la violencia callejera en "La U", donde los vecinos esperan un futuro distinto.
