Con la puesta en marcha del Programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF), un dispositivo destinado a intervenir las zonas más afectadas por la violencia urbana, los vecinos esperan una mejora en su calidad de vida. En un principio el foco de la iniciativa se pondrá en el noroeste, uno de los territorios signados por el narcomenudeo, y en el centro, como un punto afectado a los arrebatos callejeros. Un repaso por los números que deja el 2023, y comparado con el año anterior, da cuenta de cuáles son las zonas de Rosario con conflictos sostenidos y en cuáles se dieron estallidos repentinos que sacudieron a la comunidad.
El IBF fue presentado como un programa en el que articularán distintas áreas del Estado, tanto los ministerios del Ejecutivo provincial como la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El gobierno santafesino explicó que en un principio se buscará la llegada a los territorios mediante operativos policiales para así intentar adecuar el lugar a otro tipo de intervención de parte de distintos sectores estatales. En ese sentido, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad y Justicia, Esteban Santantino, adelantó a La Capital que para esta segunda etapa implementarán políticas similares a lo que fueron el Plan Abre y el programa Nueva Oportunidad, potenciados sobre todo durante la gestión de Miguel Lifschitz en el período 2015/2019.
Para poder ejecutar esta iniciativa se requiere identificar cuáles son las zonas más afectadas por la violencia y qué tipo de conflictos atraviesan a la comunidad. Desde el gobierno prefirieron no detallar en qué barrios se llevarán a cabo los primeros operativos policiales. "Parte del resultado del programa tiene que ver con la reserva de los sitios puntuales", argumentó una fuente consultada.
Lo cierto es que contarán con una herramienta a estrenar a comienzos del próximo año: la implementación en Santa Fe de la ley de desfederalización del narcomenudeo. Los fiscales provinciales podrán iniciar causas relacionadas al comercio de droga a baja escala, que hasta ahora era un delito de competencia Federal. Con ese marco legal se podrá, por ejemplo, agilizar la intervención en puntos de venta de drogas que habían sido identificados en investigaciones provinciales por otros delitos vinculados a ese trasfondo como son los homicidios, las extorsiones o las usurpaciones.
El noroeste
En cuanto a la implementación del IBF, desde el gobierno adelantaron que comenzará en el centro, por ser uno de los sectores más afectados por los arrebatos callejeros, y en el noroeste como territorio atravesado por la violencia narco. En un repaso por las estadísticas que deja este 2023 queda claro cuáles son las zonas más urgentes. Si se tienen en cuenta los homicidios como principal indicador, aunque sin restarle importancia a la cantidad de personas heridas por armas de fuego, vuelven a posicionarse a la cabeza, como en 2022, los barrios vecinos Ludueña y Empalme Graneros.
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En estos dos barrios del noroeste Rosarino se registró un incremento de la cantidad de homicidios desde fines de 2021, cuando estalló un conflicto entre dos bandas dedicadas al narcomenudeo y las extorsiones que tuvo su pico durante 2022 y se mantuvo este año aunque con un descenso en la cantidad de víctimas fatales. El año pasado hubo allí al menos 50 homicidios de los 288 registrados en el departamento Rosario: 24 en Ludueña, 21 en Empalme y 5 en el lindero barrio Industrial, también escenario de la misma disputa. En 2023, a días de finalizar el año, se registra una baja con 17 casos en Ludueña, 9 en Empalme Graneros y 1 en Industrial.
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Empalme Graneros: desembarco de fuerzas en las calles, a pesar de ello volvieron las amenazas y balaceras.
Foto: Héctor Río / La Capital
Este caso es un claro ejemplo de un tipo particular de violencia ligada al narcomenudeo. Sobre todo por las características de las bandas que sostienen estos conflictos, expuestas en las distintas investigaciones judiciales que lograron su desarticulación, al menos parcialmente. Se trata de organizaciones que tienen parte de su mando en la cárcel, dado que sus referentes están presos y manejan los hilos desde allí. Además, en el territorio cuentan con la participación en delitos violentos de chicos muy jóvenes, incluso menores de edad, a los que suelen llegar por vínculos familiares.
Como si fuera poco también hay indicios de complicidad policial, al menos en una de estas organizaciones. En marzo pasado fue imputada una empleada policial que estaba en disponibilidad y que había trabajado en la comisaría 12ª de barrio Ludueña. Es la madre de uno de los imputados como sicarios de una de las bandas y la acusaron de filtrar información sobre un operativo inminente en busca de uno de los miembros del grupo.
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La participación en las bandas de chicos del barrio y la desconfianza a las comisarías de la zona son dos constantes en los relatos de los vecinos ante las coberturas periodísticas luego de cada hecho violento. Son situaciones también advertidas por los trabajadores de distintas instituciones, como escuelas o centros de salud, que además exponen la problemática del consumo de estupefacientes como otro asunto urgente. Todos elementos de una realidad que obliga al abordaje integral e interdisciplinario de todas las áreas del Estado competentes.
Otras zonas
Un barrio que también muestra un sostenimiento en la cantidad de homicidios en relación al 2022 es Tablada, en la zona sur. Se trata de una zona signada históricamente por la violencia ligada al narcomenudeo, también con enfrentamientos de grupos conformados por jóvenes y liderados por presos recluidos en cárceles provinciales y federales.
El año pasado hubo en Tablada 21 homicidios, apenas uno más que los 20 registrados en 2023. Este año se mantuvo una problemática arraigada en el barrio: la gran mayoría de los crímenes ocurrieron en una zona muy concentrada, la denominada U del Cordón Ayacucho.
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El gran punto en común es que estos homicidios ocurrieron en inmediaciones de puntos de venta de drogas. En ocasiones con víctimas ligadas a ese entramado, como en el caso de Marta "Chana" Bustamante, acribillada en la vereda de su casa donde cumplía prisión domiciliaria por una causa de venta de drogas. Pero también hubo asesinatos de personas ajenas a ese contexto, como Celestino Benítez, de 82 años, muerto por balazos que iban dirigidos a un búnker pegado a su casa de Patricias Argentinas al 4200.
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"Bienvenidos al barrio de Alan Funes", una pintada a la vista de los vecinos de Tablada y Las Heras.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Este barrio también da señales de que se necesita una intervención multiagencial que aborde todas las aristas de un problema que detona con los hechos violentos. En julio, luego del asesinato de una mujer, las calles de Tablada aparecieron con una pintada llamativa en distintas partes. "Bienvenidos al barrio de Alan Funes. Entrá si querés, salí si podés", decían en referencia a uno de los alfiles del narcomenudeo en la zona pero que está preso en una cárcel Federal.
Sin dudas una consigna amenazante que también puede ser leída como la muestra de las fisuras de un tejido social compuesto por pibes a los que el proyecto de vida que más los seduce es el de participar de una banda criminal. Lo expone el caso de Alejandro "Pipi" Gatti, que según la investigación de la balacera por la que quedó preso como autor estaba esperando "una oportunidad" para pertenecer a la banda de Funes. Terminó condenado en octubre pasado a 6 años de cárcel.
Estallidos repentinos
A lo largo de este año también se dieron hechos de extrema violencia pero en barrios donde no hay conflictos muy determinados y sostenidos en el tiempo como en los casos de Tablada, Ludueña o Empalme Graneros. Son estallidos repentinos que provocan una seguidilla de hechos violentos por motivaciones que en un principio no están claras, pero que con los avances en las investigaciones aparece el mismo trasfondo del narcomenudeo. Aunque los detonantes pueden estar vinculados a situaciones puntuales como una deuda, una venganza, la ruptura de algún acuerdo o la llegada de nuevos vendedores a una zona ocupada por una banda ya instalada.
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Uno de los últimos casos registrados es el del barrio Stella Maris, noroeste de Rosario, donde en noviembre se dieron tres homicidios en el marco de una semana y con pocas cuadras de distancia. En ese contexto los vecinos describieron un marco de violencia al que estaban acostumbrados pero asimismo la seguidilla de homicidios provocó conmoción al punto de que se cerró un centro de salud de la zona.
El cese de actividades en instituciones donde no están garantizadas las condiciones de seguridad aparece como un punto en común entre las consecuencias de estos estallidos repentinos en distintas zonas. Lo mismo sucedió en el barrio La Cerámica, del norte de Rosario, cuando el asesinato de tres adolescentes y un adulto en tres días provocó la suspensión de las clases en la escuela en la que cursaban dos de las víctimas.
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Transeros en el ingreso de un pasillo de Vía Honda.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Otro de los barrios que atravesó un fuerte estallido, pero en 2022, fue Vía Honda, en el sudoeste de la ciudad. Allí entre agosto y diciembre del año pasado hubo ocho homicidios con pocos metros de distancia. En la cobertura de cada hecho, así como luego de balaceras reiteradas que no llegaron a provocar víctimas fatales, se repetía la misma escena: consumidores y transeros a la vista de los vecinos en una zona signada por la vulnerabilidad social. Un entramado que estaba siendo investigado por una fiscalía Federal que al momento de solicitar allanamientos en febrero de 2023 consideraron al barrio como "un Estado paralelo donde florecen puestos de venta ambulante de estupefacientes".
