Diputados integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial junto a la titular del Servio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Ana Balangione, realizaron una inspección no programada en la Unidad Penitenciaria Nº 2 ubicada en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe y salieron de allí con una visión “altamente negativa” tras constatar la situación deplorable de los pabellones, la cocina, la falta de colchones y el deterioro de las celdas además de mantener entrevistas con algunos internos para conocer sobre cómo es sobrevivir en esas condiciones.
“La impresión que nos llevamos de la inspección es altamente negativa. Las condiciones de detención que vimos son prácticamente infrahumanas y denotan una total falta de inversión por parte del Poder Ejecutivo que se torna muy notoria”, dijo la diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, quien formó parte de la comitiva junto a sus pares Agustina Donett (Igualdad y Participación), Matilde Bruera (Partido Justicialista), Juan Cruz Cándido (UCR-Evolución) y Carlos Del Frade (Ciudad Futura).
“Lo que vimos es el resultado de la no gestión, más grave aún teniendo en cuenta que existe una ley marco de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario con presupuestos que no han sido ejecutados y obras para ampliar plazas que se habían prometido inaugurar en octubre de este año pero que recién se están empezando, según lo que pudimos observar”, dijo Cattalini.
Tras la visita al penal santafesino la legisladora socialista, impulsora de la iniciativa para acompañar la dinámica de las inspecciones de la Defensoría Pública del Servicio Penal, remarcó que “el Ejecutivo se comprometió a mejorar las condiciones de detención y generar licitaciones para mejoras estructurales que reduzcan la superpoblación de cárceles y hoy en Las Flores la cantidad de detenidos supera en un 30% su capacidad. El abandono es total y es una cárcel que en estas condiciones es un caldo de cultivo para propagar el delito en la provincia en lugar de contenerlo”.
En ese sentido, desde la Defensoría Provincial remarcaron que la Unidad 2 cuenta con una capacidad máxima para alojar a 1.073 personas y de acuerdo a los datos obtenidos en la visita de este martes, según la Dirección General del Servicio Penitenciario hay alojados 1.370 internos. Asimismo remarcaron que esos reclusos están en lugares con “graves falencias edilicias y estructurales”.
La visita de la comitiva incluyó distintos pabellones, entre ellos el asignado a los “ofensores sexuales” y la cocina del penal en la hora previa al almuerzo. Asimismo, monitorearon el estado de las celdas de resguardo, “que pese a su notorio estado de deterioro suelen ser utilizadas como espacios de reclusión de tipo preventivo”, dijeron desde la Defensoría que hace algunas semanas había presentado una acción de habeas corpus en virtud de la mala provisión de alimentos, colchones y otros enseres a los internos.
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Asimismo, desde la Defensoría destacaron que la inspección se realizó en la antesala de la presentación del informe anual del organismo ante los integrantes de la Legislatura provincial más allá de que “se continuarán las acciones judiciales de las peticiones individuales recibidas tendientes a reparar la situación general de hacinamiento que en los últimos años ha crecido en demasía”. Según este informe, actualmente se encuentran alojadas 7.788 personas en las cárceles santafesinas cuando el total disponible de plazas es de 5.995 y hay un recurso de habeas corpus para los penales de Coronda y Las Flores que data de 2018 que insta al Poder Ejecutivo a realizar un plan de obras para la atención y alojamiento de internos y aún no se ha cumplido.
En cuanto a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, vale remarcar que este año la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe requirió al Poder Ejecutivo la adecuación de la población carcelaria al cupo judicialmente establecido en 2017 que es de 1.372 internos, de manera progresiva, y que se realice un monitoreo de la ejecución de la sentencia mientras persistan las condiciones de sobrepoblación carcelaria.
