Superpoblación penal: la provincia no tiene dónde alojar más presos

La titular del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, Jaquelina Balangione, se refirió este lunes al informe que reveló la sobrepoblación de reclusos en todo el sistema penitenciario de la provincia. Allí se consignó que hay más de 1.500 personas por sobre la capacidad máxima de alojamiento en las cárceles santafesinas y desde el Servicio Penitenciario advirtieron que la situación es extremadamente crítica.

La defensora pública penal remarcó: “No me sorprende, porque desde que ejerzo este cargo venimos haciendo hincapié en este problema y desde la gestión anterior (la superpoblación) es una problemática creciente, a pesar de la profusa cantidad de fallos de tribunales de primera instancia, de Cámara y de la Corte Suprema. Esto coloca a la provincia en una situación comprometida a nivel derecho internacional”.

La crisis carcelaria quedó al descubierto una vez más luego de que el titular del Régimen Correccional, Darío Rossini, sostuviera que en toda la provincia hay 7.573 presos cuando la capacidad del sistema es de 5.894. Así advirtió que "no se disponen de más espacios para continuar alojando detenidos". El funcionario del Servicio Penitenciario Provincial envió esos datos, junto con un detallado análisis de la situación penitenciaria en Santa Fe, a la Corte Suprema de Justicia y a otros actores del sistema penal.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Balangione señaló que la evaluación de Rossini constituye “un sincericidio porque la provincia no tiene dónde alojar más gente. ¿Hay que construir más cárceles? Y sí, para esta situación actual, para la cantidad de personas privadas de la libertad es insoslayable la necesidad de construir más cárceles, pero esa no es la solución. Como sigue creciendo el número de detenidos, aunque se construyan la cantidad de pabellones necesarios para alojar a la sobrepoblación, seguirá habiendo hacinamiento, lo que hará más penosa la reclusión para las personas de lo que debiera ser”.

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La titular del Servicio de Defensa Penal sostuvo que el número de personas privadas de la libertad en Santa Fe llega a 8.500, tomando en cuenta también a las alojadas en comisarías. “Tenemos una doble problemática porque hay mucha gente alojada en el sistema policial, es decir comisarías, alcaidías, celadurías que son ámbitos policiales en los que no pueden estar alojados, y hay arriba de mil personas en esos lugares donde no se cumple con la ley de ejecución penal, porque es imposible tener en una comisaría un plan de resocialización”, precisó.

En ese sentido, Balangione remarcó que “la resocialización tampoco es posible en el sistema penitenciario con la sobrepoblación que hay porque no alcanzan los cupos educativo y laboral, no se accede al derecho a la salud, a la buena alimentación a partir de la gran sobrepoblación que hay, que es la madre de todos los problemas que se viven. Y además estos problemas repercuten en la sociedad, porque las personas que pasan por esa instancia de privación de libertad por haber cometido un delito un poco más de la mitad que ya tienen condenan y casi la mitad por presuntamente haber cometido un delito porque están con prisión preventiva, vuelven peor a la sociedad, porque lejos de cumplir con un programa de resocialización, al contrario se arruinan porque es imposible manejarse en esas condiciones”.

“La solución no es sólo construir más cárceles. Esto va más allá. La solución es más de fondo y tiene que ver con un acuerdo general. Un cambio en la política criminal, con decisiones que hay que tomar. Hay muchas salidas que no son necesariamente la cárcel para personas en infracción con la ley penal y que repercuten en mejorar la situación de seguridad que se vive en Santa Fe”, subrayó.

Balangione expresó que la sobrepoblación carcelaria que exhibe en los penales de Santa Fe, “coloca a la provincia en una situación muy comprometida frente a la comunidad internacional y a la posible responsabilidad patrimonial que pueda tener la provincia de Santa Fe por violar normas internacionales a las cuales la República Argentina se ve obligada a partir de la subscripción de tratados y convenciones que se incorporaron a la Constitución Nacional, no sólo el compromiso ante las normas, Argentina tiende los compromisos más fuertes frente a un sistema interamericano de derecho”. .