Delfín David Zacarías, el hombre que junto a otras 10 personas está siendo juzgado por un Tribunal Oral Federal local como responsable de una de las cocinas de cocaína con mayor capacidad de producción de Rosario, fue procesado junto a otras siete personas de su entorno familiar y personal por los delitos de lavado de dinero (activos) derivado de la venta de estupefacientes. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa principal, había solicitado que se amplíen las declaraciones indagatorias a los involucrados a los efectos de imputarles ese delito tras detectar una gran cantidad de bienes que figuraban a nombre de prestanombres o testaferros de Zacarías.

   Más de 45 vehículos, entre motos, camionetas y autos, algunos de alta gama como un Alfa Romeo y un Audi y cinco motocicletas BMW; un bloque de 20 cocheras en un edificio del microcentro de Rosario; departamentos; lotes en San Lorenzo, Funes y Roldán; casas; cuentas bancarias y movimientos de compra de moneda extranjera formaron parte de un patrimonio que los organismos de control financiero del Estado detectaron bajo el paraguas de Zacarías, familiares o amigos de éste cuya adquisición no tenía correlato con la actividad declarada (ver aparte).

   Pero eso no era todo. Además de la remisería Frecuencia Urbana de Granadero Baigorria y propiedad de Delfín, también quedó en la mira la empresa Top Cranes SRL, a nombre de su hija Flavia, que ofrecía servicios a empresas para la construcción. Y también el ambicioso polideportivo en San Lorenzo (que logró una excepción urbanística en febrero de 2011). Todo ello fue incluido en la nómina de bienes investigados a partir de 2015 cuando la UIF remitió las actuaciones a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que remitió la documentación a la Justicia federal de Rosario.

Juicio en marcha

Estos aspectos de una causa conexa que tramita el juez federal Carlos a Vera Barros tienen íntima relación con el proceso judicial principal que está en pleno desarrollo en los Tribunales Federales de Rosario, donde Zacarías está siendo juzgado como uno de los mayores narcotraficantes del sur provincial.

   El Tribunal Federal Oral 1, a cargo de Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter ventila la circunstancia derivadas de lo ocurrido en septiembre de 2013, cuando en un chalé de Funes fue detenido Zacarías y se hallaron 300 kilos de pasta base de cocaína y 400 litros de precursores químicos. En el debate en marcha, Delfín está acusado con otras diez personas que eran una red de eslabones desde los abastecedores de insumos y cocineros hasta los vendedores de la droga.

   Al mismo tiempo que se desarrolla ese debate ahora se conoció la resolución judicial de Vera Barros en el expediente paralelo donde se investiga el patrimonio del principal acusado y su familia, y en el cual la UIF se constituyó como querellante. Como evidencia de la pesquisa el organismo nacional aportó informes detallados sobre los bienes, actividades y situación fiscal de los imputados.

   En esa causa se ampliaron las indagatorias a los acusados, quienes según el procesamiento dictado por el juez, "intentaron legitimar activos espurios a fin de brindarles una apariencia lícita, legitimar los bienes provenientes del delito previo a los fines de asegurar su aprovechamiento mediante su incorporación al circuito formal y lícito", dice un tramo del procesamiento.

Acuerdo de voluntades

Vera Barros marcó que la naturaleza jurídica del delito se sustenta en un acuerdo de voluntades que sostenía Zacarías unido a su círculo íntimo "por los lazos de sangre y de amistad, y en segundo término por la actividad ilícita del comercio de estupefacientes y lavado de dinero", dice textualmente, lo cual les permitía tener un pasar holgado. Sin embargo, y según el examen administrativo judicial, ninguno demostró actividad lícita acorde con el nivel de vida y los bienes que ostentaban.

   En una resolución de ochenta carillas, el magistrado describe uno por uno los roles de los imputados, los bienes a su nombre bajo sospecha, la actividad que desarrollaban al momento de adquirirlos, su situación tributaria y la documentación o prueba respaldatoria que los conecta con Zacarías, sus hijos y su mujer.

   La ampliación del procesamiento por la presunta comisión del delito de administración de bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de drogas con el fin de que adquieran origen lícito, agravado por formar parte de una asociación ilícita formada la comisión y continuidad de los delitos, alcanzó a ocho personas.

   Además de Delfín Zacarías, el procesamiento alcanzó a su mujer, Sandra Inés Marín; su hija, Flavia Leilén Zacarías; el empleado de la remisería Frecuencia Urbana y supuesto testaferro, Néstor Fabián Fernández; los allegados a la familia Edgardo Martín Radovani y Gonzalo Román Jaime, un ex novio de Flavia. También se amplió el procesamiento a Fernando Ermacora (cuñado de Zacarías) y Andrea Belén Altamirano (empleada y representante de Frecuencia Urbana).

   En el mismo escrito se dictó la falta de mérito del ex policía federal José Luis "He-Man" Dabat (también imputado en la causa por narcotráfico), y de Miriam Graciela Roxana Paniagua por considerar que no existen elementos de convicción suficientes que permitan ordenar el procesamiento por el delito de lavado activos.

El acusado trató de desligar del caso a su familia