El dueño de una sandwichería céntrica de Villa Gobernador Gálvez (VGG) quedó involucrado en una trama de amenazas por lo que le dictaron prisión preventiva hasta febrero próximo. Lo que motivó la decisión judicial de mandarlo 28 días a un calabozo es que tras acumular tres casos de intimidación considerados graves le encontraron en la guantera de uno de sus vehículos una pistola calibre 9 milímetros y tres cargadores con municiones muy particulares: balas de punta hueca, que al penetrar en un cuerpo se expande, por lo que tienen una letalidad mayor. Como pese a tener credencial de legítimo usuario de ese arma no tenía derecho a portarla, cuestión que se agrava por la cadena de amenazas por la que fue denunciado, el magistrado a cargo de la audiencia decidió dejarlo preso.
Durante la acusación la fiscalía enumeró varios puntos que tornaban al comerciante merecedor de una medida de privación de libertad efectiva. Una es que el imputado parece tener, por las acciones que protagonizó, una tendencia a amedrentar a personas que van contra sus intereses patrimoniales. La segunda es que esas amenazas las profiere en el marco del abuso de un supuesto poder que tiene por ser el primo del intendente de Villa Gobernador Gálvez, según se ufana, o por tener vínculos con personas del hampa local. El intendente es por completo ajeno a la cuestión aquí referida.
La historia previa de este comerciante de 43 años que ahora está en prisión es llamativa por el tenor de las denuncias en su contra. Una de las personas que lo acusó fue su propia hija por un incidente que incluyó maltrato físico ante testigos. También lo hicieron tres empleadas de la Dirección de Bromatología de VGG hostigadas y amenazadas de muerte cuando fueron a clausurar su negocio por la detección de un lote de mercadería en mal estado. Una tercera amenaza fue un mensaje personal del comerciante en una red social contra la madre de su hija. Finalmente se le imputó también la portación irregular del arma que tenía en la guantera de un flamante Mercedes Benz.
Diego R. construyó una situación de prosperidad que llamó la atención a los investigadores. A partir de la sandwichería Braki de San Martín al 2100 en VGG armó un acervo de bienes que incluye varios vehículos y algunas propiedades. El viernes pasado el fiscal Covani ordenó, a partir de la última denuncia, que lo fueran a buscar a su domicilio en una de las torres Maui en la zona de Puerto Norte en Rosario. Personal policial de la Dirección de Asuntos Internos encontró en un Mercedes Benz de su propiedad el arma con los cargadores y las balas.
Precisamente en la primera denuncia la hija del comerciante, de 20 años, había consignado al hablar de sus conductas violentas que su padre siempre lleva un arma en la guantera de su auto.
Esta chica llegó a denunciarlo a raíz de un incidente con él que terminó en violencia física. Contó que tras una larga temporada sin contacto había retomado el vínculo con su padre. Durante un tiempo, dijo la chica, la relación fue buena, pero en los últimos seis meses empezó el maltrato. "Es una persona que siempre habla con odio pero yo no pensé que iba a ser así conmigo", dijo la joven.
En la escribanía
La chica trabaja en el negocio de su madre. Los incidentes que derivaron en la denuncia comenzaron cuando le pidió a su padre que no la buscara en el negocio porque él tiene una medida de exclusión perimetral debido, justamente, a denuncias por maltrato a su madre.
En una ocasión que él le pidió a su hija que le firmara unos papeles en una escribanía, la chica dice haberse demorado para bajar del auto y, según dijo, la agarró del pelo, le rompió el sweater, la arañó y le prometió que la iba a desfigurar, algo que hasta entonces nunca había pasado. El incidente siguió dentro de la escribanía. Según dijo todo ocurrió el pasado 14 de septiembre a las 13.30. Cuando la chica le contó a su madre ella la impulsó a hacer la denuncia con el patrocinio de una abogada.
La segunda denuncia fue formulada por una empleada municipal de VGG que el 4 de octubre concurrió con dos colegas a colocar una faja de clausura a la sandwichería por el resultado de un análisis que revelaba el mal estado de una partida de mercadería. "Nosotros sabemos que el dueño del local es muy agresivo. Se empezó a poner violento cuando le dijimos que teníamos que intervenir todo ese lote porque estaba contaminado. Nos empezó a a agredir verbalmente, continuamos durante el procedimiento de decomiso y él siguió con insultos muy groseros y nos sacaba fotos". Según la denunciante les decía: "Esto no va a quedar así. Ustedes no me conocen. Me están haciendo perder plata". La denunciante agregó que había seis empleados en el comercio que fueron testigos del incidente. Adujo que el dueño hizo averiguaciones para averiguar quién era su jefe a cargo en Bromatología.
Por el primero de los hechos la fiscal Valeria Haurigot le imputó a Diego R. haber tomado del cabello a su hija mientras se encontraban en su auto Mercedes Benz blanco y haberla amenazado de muerte para que firme como garante un contrato de alquiler, diciéndole que no se iba a ir sin antes firmar esa garantía, bajo amenaza de pegarle un tiro en la cabeza.
Por el segundo acusó al comerciante por haber amenazado a las inspectoras diciendo, entre otras cosas, "las van a tener que ir a buscar al cementerio, no saben quien soy yo, soy poderoso, tengo un ejército de soldaditos que las va a hacer sonar" mientras les tomaba fotos.
El tercer hecho atribuido es la portación sin debida autorización de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros a raíz de un operativo ordenado por el fiscal Covani el viernes pasado. En la guantera de su Mercedes Benz también se encontró la llamativa cantidad de tres cargadores, uno de ellos de doble carga, con capacidad para 30 balas. Este tenía 29 proyectiles de los cuales 15 eran con punta hueca. El acusado tiene el arma legalmente inscripta pero no para llevarla regularmente en la calle.
La preventiva
Covani había requerido que buscaran al comerciante porque éste no se hizo presente a una audiencia que había pactado voluntariamente con su abogado en septiembre. Aunque esas citas se reprogramaron Daniel R. no apareció. El sábado fue llevado a audiencia imputativa en la que el juez Héctor Núñez Cartelle le dictó prisión preventiva por 28 días a pedido de la fiscal Haurigot.
El comerciante delante del juez no declaró. Su defensor señaló que en virtud de su falta de antecedentes el trámite debía seguir con su asistido en libertad o bien con una medida de prisión domiciliaria.
