La investigación colateral del asesinato de Marcelo “Coto” Medrano que derivó esta mañana en el allanamiento contra dos compañías financieras del microcentro involucra acciones de lavado de dinero y otros delitos contra el orden financiero. A partir del hallazgo de 175 DNI en la financiera Cofyrco se pudo establecer, en base a información del Banco Central, que esos documentos fueron utilizados para comprar dólares, pero que lo hicieron personas ajenas a los titulares. En seis meses de pesquisas los dueños de esos DNI fueron consultados casi uno a uno a fin de que respondieran si habían adquirido divisas en el último año. Todos respondieron que no.
Los DNI fueron encontrados en septiembre pasado en Cofyrco, en Corrientes 836, cuyos tres socios están detenidos desde esta mañana. Las compras de dólares con esos documentos fueron efectuadas mayoritariamente en Terranova, otra financiera ubicada en Corrientes y San Lorenzo, también allanada.
De acuerdo a lo que consta en el legajo penal, las compras de dólares con DNI se hicieron en desconocimiento de sus titulares. La mayoría de esos documentos habían sido denunciados como extraviados. La información aportada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) corrobora que con todos esos documentos se realizaron operaciones de adquisición de moneda extranjera el año pasado.
La pesquisa económica desglosada del violento homicidio de Medrano, un hombre que tenía condena por narcotráfico, se dio a partir de que en el teléfono celular de la víctima se encontraron evidencias de que había realizado en Cofyrco al menos tres compras de billetes estadounidenses en su último mes de vida, todas ellas superiores a 10 mil dólares.
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En los allanamientos de esta mañana quedaron detenidos los tres socios de Cofyrco. El presidente Fernando Vercesi, el vicepresidente Patricio Carey y el socio estratégico Guido Garay. También dos intermediarios llamados Marcelo Fracassi y Sergio Zapata. La contabilización final del dinero allanado de este último arrojó un total de $7.500.000, en billetes de $500 y $1.000, según distintas fuentes del caso.
Un capítulo interesante se abrió con el secuestro de cinco celulares I-Phone de última generación de parte de los investigados. El juez Facundo Becerra había ordenado la extracción de los celulares y también si era necesario con la imposición compulsiva de la huella digital de sus usuarios para desbloquearlos. Esto se hizo pero los teléfonos cuentan con clave alfanumérica lo que impide el acceso a los contenidos.
Según portavoces del caso, los propietarios se negaron a entregar esas claves, algo que tiene amparo en un derecho constitucional, en virtud del cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Los investigadores, no obstante, se proponen llegar a la información reservada dentro de los I-Phone, dado que ese es el motivo de su incautación con aval judicial. Para ello si es necesario los remitirán a la única compañía que realiza el trabajo de desencriptar los contenidos de esa marca, una firma israelí radicada en Estados Unidos. Como se hizo con el I-Phone 8 de Esteban Alvarado en febrero de 2019.
Hacer eso tiene un costo estimado en 5 mil dólares por cada aparato. Si los usuarios no entregan su clave se respetará ese derecho pero dado que el requerimiento es para una investigación de interés estatal posteriormente se pedirá cargar costas por ese trabajo a cada implicado. En la pesquisa hay desde el primer allanamiento decomisados algo más de 80 mil dólares guardados en las cajas fuertes de Cofyrco.
Allí fue el principal allanamiento de esta mañana realizados por el Organismo de Investigaciones (OI), el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Efectivos de esta última compañía fueron los encargados de irrumpir en las oficinas. En las distintas oficinas de la financiera se secuestró documentación que será analizada como contratos, escrituras, mutuos, las tres notebooks de los socios empresarios y el servidor del servicio de Internet.
Pese a que la presunción es que Medrano compraba dólares en esa financiera con fondos obtenidos del comercio de drogas, los investigadores reivindican la jurisdicción provincial para el trámite venidero. Esto porque lo que se investiga no es un delito de narcotráfico sino un homicidio, que es un delito ordinario, de competencia provincial. Y porque ya hay numerosos pronunciamientos de la Cámara Penal de Rosario que postulan esa competencia en casos de lavado de dinero.
Lo que sostiene como criterio de persecución a reforzar la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos es que las investigaciones económicas son prioritarias para esclarecer delitos violentos de alta lesividad, como son los delitos de sangre en una ciudad como Rosario, donde la Fiscalía Regional estima que el 70 por ciento de los homicidios se vinculan con las tramas del narcotráfico.
La audiencia imputativa a las personas detenidas está prevista para el jueves.
