Alejandro Núñez, alias "Chucky Monedita"
La primera célula identificada por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone era dirigida desde prisión, según plantearon, por un preso de alto perfil. Se trata de Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, un preso proveniente del barrio Parque del Mercado al que se le asigna liderar una banda de narcomenudeo, aprietes y homicidios.
Chucky tiene 27 años, es de barrio Tablada. Está preso desde 2015 tras recibir una condena a 15 años y 6 meses de cárcel por un homicidio, junto a otros delitos unificados como portación de armas. Era integrante de la banda de Guillermo “Torombolo” Pérez, lugar que heredó de su hermano mayor Marcelo “Monedita” Núñez, asesinado a los 17 años en 2007 durante una disputa para liderar el narcomenudeo. El crimen por el que fue condenado es el de Cristian “Charly” Machuca, un pibe baleado en enero de 2015 en Necochea al 3900.
El mayor tiempo de encierro, Chucky lo pasó en la cárcel de Piñero, donde generó vínculos con Esteban Lindor Alvarado. De hecho, mientras estaba preso, Chucky sumó una causa por liderar una asociación ilícita que en 2020 planeó el asesinato por encargo del mecánico Carlos Argüelles, testigo clave en el juicio contra Alvarado. A fines de 2023 se le abrió otra causa por narcomenudeo. Estos últimos delitos fueron cometidos desde la cárcel de Piñero, según se determinó mediante escuchas telefónicas.
“Todo ese encargo viene de Chucky Monedita y su mujer que es la que da órdenes fuera de la cárcel. Chucky mandó a hacer estas cosas porque lo están verdugueando ahí adentro”, dijo un testigo.
A este grupo se le asigna la coordinación de los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, así como el atentado a tiros contra la comisaría 15ª; todos cometidos con una misma pistola 9 milímetros y municiones con la sigla de la Policía de Santa Fe.
Brenda "La Cote" Pared
Según la imputación, Chucky Monedita daba órdenes desde prisión que bajaba a la calle a través de su pareja Brenda “La Cote” Pared otro nombre repetido en las crónicas policiales, quien a su vez bajaba esas indicaciones a gestores de tercera línea. Antes de ser detenida por la saga de asesinatos cumplía prisión domiciliaria en Funes en una causa donde fue condenada por comercio de drogas. Fue a visitar en tres ocasiones a su pareja a la cárcel entre febrero y el 1º de abril. Su abogado planteó en la audiencia que cuida a dos hijos menores, que tiene seis años de pena cumplida sin faltas y estaba a tres meses de recuperar la libertad. Los testimonios citados en la causa la mencionan como "La Doña", pero ella pidió declarar y lo negó. Dijo que en su casa le dicen "Toba".
Es hija de Sergio Alberto Pared, un hombre asesinado a las 7 de la mañana del 14 de febrero de 2013 en una disputa ligada a la venta de drogas. Estaba en la puerta de la granjita familiar que atendía en su casa de Doctor Riva 2785 cuando un auto Chevrolet Astra negro con dos ocupantes a bordo pasó por el lugar lentamente. Uno de los que iba en el auto le gritó a Pared "hijo de puta" y tras ello disparó un único balazo calibre 32 largo que se incrustó en el pecho del hombre, quien cayó agonizante.
Antes de morir, Pared les dijo siete palabras a su hija Brenda, su concubina Ramona y un vecino que estaban en ese momento junto a él: "Fue el «Pollo», el de Puente Gallegos", en relación a Leandro Vinardi, un joven que en aquel momento, según la policía, tenía cierta cercanía a la banda de Los Monos del barrio Las Flores.
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"Escuché una explosión. Salí a la calle y vi a mi papá arrodillado y a Vinardi que lo miraba desde la ventanilla del auto. Mi papá decía: «Fue el Pollo». Nunca me voy a olvidar de su cara", declaró Brenda en el juicio en el que Leandro Vinardi fue condenado a 13 años de prisión por el crimen. Vinardi es considerado hoy uno de los hombres cercanos al jefe de Los Monos Ariel "Guille" Cantero y el hombre detrás de la caricatura de un pollo que, junto con un mono y un toro, una facción de esa banda desplegó en la cancha de Newell's en la despedida a Maxi Rodríguez.
Desde entonces Brenda apareció en varias causas judiciales. Estuvo vinculada al asesinato de Pamela Eugenia Spinetti, una joven de 24 años apuñalada el 16 de julio de 2015 delante de su hija de 9 años, frente a su casa de Coulin al 2000. Cinco mujeres llegaron en un VW CrossFox, tocaron bocina y la llamaron por su nombre hasta que la joven salió a la vereda con su hija. Del auto bajaron tres mujeres que en medio de la discusión sostuvieron a Pamela de atrás y de los costados, mientras una de ellas hacía a la nena a un costado para herir a la joven con una navaja. "Vi que a mi mamá la rodearon, la agarraron de las manos y Brenda le clavó el cuchillo", dijo la nena. Tres mujeres fueron detenidas por el crimen y al tiempo Brenda.
"Fui a la casa de Pamela con dos amigas para hablar porque no quería tener más problemas con ella, que andaba con el papá de mi hijo. Pero me empezó a pegar y yo me defendí con una sevillana que llevo siempre porque recibo amenazas desde que mataron a mi papá hace dos años", dijo en la imputación. Alegó haber actuado en legítima defensa y al tiempo recuperó la libertad.
En febrero de 2018 fue detenida por efectivos de Gendarmería Nacional en Mosconi y Avellaneda cuando caminaba con un hombre que arrojó una pistola ametralladora FMK3 con su numeración limada y escapó. Pared arrojó una mochila con 331 dosis de cocaína (unos 166 gramos en total) y dos balanzas de precisión, por lo que fue detenida.
El nombre de Brenda se volvió a escuchar en al menos tres investigaciones de homicidios. El 18 de mayo de 2013 Raúl "Caracú" Navarro fue asesinado a balazos en Rodríguez y Garibaldi. En el marco de la investigación fueron detenidos Brenda y uno de sus hermanos a quien los pesquisas le adjudicaron el apodo de "Piquito". Pero una semana después Brenda llamó a La Capital y dijo: "El crimen de mi papá no tiene nada que ver con el de «Caracú» Navarro. Y mi hermano, que está preso por eso, tampoco tiene nada que ver. Ni siquiera le dicen «Piquito»", dijo entonces la muchacha.
Brenda es medio hermana de Jésica "La Fea" González, pareja de Claudio “Morocho” Mansilla. El último recapturado de la evasión de la cárcel de Piñero el 27 de junio de 2021, hombre fuerte del narcomenudeo en Santa Lucía y también mencionado en la investigación.
Estebar Lindor Alvarado
Condenado en 2022 a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita, Esteban Alvarado lleva el nombre de una de las grandes "marcas" de la venta de drogas en Rosario. Es considerado el histórico adversario de la banda Los Monos en el reparto del negocio; disputa que dejó centenares de muertos. En la audiencia imputativa de este martes fue mencionado como quien estaría detrás de la instigación de algunos atentados.
"Arriba de todo está Alvarado pero no se mete. El que ordena acá es Chucky", dijo uno de los involucrados según el registro de evidencia que transmitieron los fiscales. Indicaron que una célula dirigida desde una cárcel federal estaría detrás de los atentados a un colectivo 122 rojo, del crimen del chofer Deloia y del del playero Bruno Bussanich. Aunque además de Alvarado resonó el nombre de Mansilla, otro preso federal. Se mencionó también en la audiencia una llamada procedente de Ezeiza recibido por un celular robado que le fue secuestrado a Axel Rodríguez, otros de los imputados, quien participa del atentado fallido a un colectivero 122 el 9 de marzo pasado, donde el arma del tirador se trabó.
Alvarado fue un personaje conocido por el robo de autos de alta gama en el conurbano bonaerense que se desguazaban en Rosario. Por esos delitos fue condenado a 6 años de prisión en 2013 en un juzgado de San Isidro que lo consideró jefe de “la banda de los rosarinos”. Desde prisión primero y el libertad después hizo crecer la estructura criminal por la que sería juzgado y condenado dos años atrás.
Al término de un debate oral con alusiones permanentes al campo de la política, fue condenado junto a otras seis personas —una de ellas luego absuelta—por liderar una banda con protección policial que funcionó desde junio de 2012, por instigar un crimen, atentar contra edificios judiciales y maniobras de lavado. Según lo que se ventiló en las audiencias, en más de una década montó una estructura ilegal violenta y otra que articulaba un entramado de empresas para el lavado de dinero.
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A los 45 años fue condenado por instigar el crimen de Lucio Maldonado, el prestamista que en 2018 apareció asesinado a tiros en cercanías del casino City Center tras permanecer secuestrado en una casa quinta de Alvarado en el paraje Los Muchachos. Sobre el cuerpo —tenía las manos atadas a la espalda y cuatro tiros en la cabeza— habían colocado un cartel con la leyenda "con la mafia no se jode”, una marca registrada por entonces acompañaba a balaceras a objetivos institucionales, con el objeto de desviar la atención hacia Los Monos.
Alvarado, preso en Ezeiza, fue detenido el 1º de febrero de 2019 en un camping de Embalse Río Tercero. Al verse cercado, corrió por un sendero hasta la orilla del lago y arrojó su celular, un I-Phone 7 que fue recuperado del lecho del río. Del aparato se obtuvieron unos 4.500 audios que contenían evidencias de los movimientos criminales y que fueron núcleo de la prueba en el juicio. Hubo además 21 personas condenadas en juicios abreviados a penas de prisión y multas millonarias, decomisos de vehículos e inmuebles y 104 vehículos embargados. En el juicio se ventilaron además asesinatos de colaboradores cercanos al líder.
Un rasgo destacado de la banda fue su capacidad de penetrar en las instituciones, colocando policías en esferas de investigación del Ministerio Fiscal, con la capacidad de armar causas, desviarlas o generar falsas imputaciones. Un estamento de funcionarios y policías le permitió a la banda “construir un permiso estatal contrario a la ley” y lograr impunidad.
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También fue condenado como líder de una banda narco en la causa que investigó el transporte fallido de marihuana a Río Negro en noviembre de 2017. La Justicia Federal de Rosario le impuso 15 años de prisión. La carga de casi 500 kilos de marihuana fue interceptada en una en 2017. En la causa se estableció que Alvarado fue el organizador del traslado de 494 kilos de marihuana secuestrados en la ciudad de General Roca cuando eran trasladados por cuatro rosarinos, quienes fueron oportunamente condenados por el transporte de dicho cargamento. El cargamento era transportado por un camión de la firma Toia SRL, una empresa vinculada a Alvarado. "Me han sacado autos, camionetas, camiones, sí, porque ese sí es mi rubro, pero relacionado con el narcotráfico jamás", dijo entonces el acusado en su defensa.
"El Esteban" volvió a ser noticia con la cinematográfica fuga en el helicóptero que había planeado para escapar de la cárcel de Ezeiza, desbaratada por la Policía Federal Argentina otra a 15 años por narcotráfico. El plan contemplaba que la aeronave descendiera sobre el predio de la unidad penitenciaria, que el preso se trepara a una especie de red y que fuera trasladado colgado hasta General Rodríguez, donde lo iban a esperar cómplices para escapar. Por el hecho fueron detenidas tres personas y permanece prófugo un hombre apodado “Lobo”, que según la investigación era quien iba a pilotear el helicóptero que el narco había comprado en Paraguay.
Claudio “Morocho” Mansilla
Claudio “Morocho” Mansilla fue mencionado en la pesquisa como quien habría dado la orden de colgar el cartel que el 9 de marzo apareció colgando del puente de Oroño y Circunvalación que decía “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familia. Van a seguir las muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes.
Según un testimonio citado en la audiencia sería quien, a través de una videollamada desde prisión, habría ordenado asesinar a cualquier persona en la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600 donde la víctima resultó Bussanich la noche del sábado 9 de marzo. Si bien los fiscales consideran que esa sindicación no está aún comprobada más allá de una mención.
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Mansilla, también preso en Ezeiza, fue durante años un temido referente del narcomenudeo en el barrio Santa Lucía. Mansilla estuvo 17 años preso por robo calificado y una causa federal por las que había recuperado la libertad a mediados de 2018. En junio de 2021 llegó a juicio oral acusado por los asesinatos de Kevin Nieri y Leonel Bubakar Aw Borda, dos jóvenes de 16 y 18 años acribillados la noche del 23 de septiembre de 2018 cuando fueron emboscados en un pasillo de Lima al 2100. Según la condena, Morocho sospechó que las víctimas trabajaban para una banda rival y los culpaba por un ataque a tiros que había sufrido junto a su pareja dos días antes, en la entrada al mismo pasillo.
El domingo 27 de junio de 2021, cuando estaba iniciado ese juicio en el que terminaría condenado en ausencia a 25 años de prisión, Mansilla escapó a los tiros de la cárcel de Piñero junto a otros siete presos del pabellón 14. Contaron con el apoyo de tres asistentes externos armados con pistolas y ametralladoras que cortaron el cerco perimetral con una amoladora. Uno de ellos murió en el tiroteo con los guardias. Mansilla era por entonces "el jefe" del pabellón y en un comienzo se lo consideró el financista de la fuga, que si bien coordinó otro preso, lo hizo con su aval. Fue el último de los prófugos en ser recapturado, casi un año después en un dúplex del barrio Fontanarrosa. Por la fuga afronta un pedido de 11 años y 3 meses de prisión.
En septiembre de 2022 fue condenado en la justicia Federal con algunos de sus soldados a 12 años de prisión como jefe de una organización dedicada al comercio de estupefacientes en barrio Santa Lucía. Por esa actividad, a fines de abril del año pasado dos fiscales solicitaron que sea condenado a 25 años de prisión por liderar una violenta asociación ilícita en ese barrio que cometía amenazas, usurpaciones y asesinatos y por instigar un crimen desde prisión. Otros cuatro acusados como miembros de la organización también afrontaron el requerimiento de penas, que para uno de ellos asciende a 40 años de prisión.
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La causa provincial pone el acento en la saga de asesinatos atribuidos a la banda, una sangrienta disputa que se inició en 2014 y recrudeció en 2019 entre los allegados al Morocho y la familia Aquino. A la batería de acusaciones en su contra suma un pedido de prisión perpetua, acusado de haberle ofrecido 100 mil pesos a un chico para que matara a Mauricio Ezequiel Gómez el 26 de abril de 2021, además de poner a disposición del sicario un vehículo y una pistola 9 milímetros.
