La tarde del 14 de julio de 2020 el pastor evangélico y ex concejal rosarino Eduardo Trasante fue asesinado a balazos en el interior de su casa del barrio Alvear. A 29 meses de aquel crimen que conmovió los cimientos políticos de la ciudad, aún no se conoce quién o quiénes fueron los autores materiales ni el móvil por el cual lo mataron. Sin embargo, cuatro personas están imputadas por haber cumplido distintos roles en los episodios que rodearon el homicidio y este lunes, en el Centro de Justicia Penal, el juez Hernán Postma presidirá la audiencia preliminar de cara al juicio oral y público que se realizará en 2023.
“En la causa que investiga el crimen de Eduardo hay cuatro imputados y estamos expectantes por llegar al juicio oral, mientras tanto seguimos recordando su legado y peleando por justicia: porque el tiempo se agota y porque los familiares de víctimas cada vez son más”, dijo la abogada Gabriela Durruty, una de las querellantes en la causa y representante del partido Ciudad Futura en el cual Trasante militaba y por el cual llegó a su banca en el Concejo Municipal.
Desde la agrupación política indicaron en un comunicado que el crimen “fue un mensaje mafioso por lo que Eduardo representó, por su testimonio de vida y su larga trayectoria de lucha por justicia”, después de haber perdido dos hijos a manos de la delincuencia que azota Rosario en la última década.
“Hoy nos toca, en un giro cruel de la historia, pedir justicia por el que pedía justicia. Llevar la foto del que llevaba la foto. La foto de esta sociedad desigual, violenta e injusta”, agregaron. Y con las consignas “¿Quién mató a Trasante?” y “Rosario: mafias o democracia”, convocaron a reunirse en la plaza seca de Sarmiento y Virasoro para seguir la audiencia de este lunes con el fin de “exigir condenas que resulten al menos como un atisbo de reparación ante la crisis de violencia que sufre nuestra ciudad”.
Siete minutos
Pasadas las 14.45 del 14 de julio de 2020, cuando en Argentina regía el aislamiento por Covid 19, dos hombres llegaron a la casa de Eduardo Trasante en San Nicolás al 3600. Esa imagen quedó registrada por una cámara de vigilancia de la zona, que también capturó el momento en el que esas personas entraron a la vivienda de pasillo y volvieron a salir siete minutos después. En ese lapso uno de ellos buscó al ex edil, que estaba en la planta alta de la propiedad y lo mató con un balazo en la cabeza.
Lo que sucedió en esos siete minutos fue investigado por los fiscales Matías Edery y Gastón Avila y desembocará este lunes en la audiencia preliminar al juicio. Al llamado de esas dos personas en la puerta de la casa de barrio Alvear lo atendió una nena de 12 años, hija de la pareja de Trasante, a quien los hombres le dijeron que buscaban a una de las hijas del pastor. La nena fue a buscar a su mamá y cuando la mujer abrió la puerta y se asomó fue forzada a punta de pistola por los sicarios que se metieron a la casa.
Hacía poco menos de dos años que Trasante había dejado su banca de concejal por Ciudad Futura por decisión del partido luego de una denuncia en su contra por acoso a una de sus compañeras. Para entonces el pastor ya se había convertido en un referente en relación a la violencia callejera en Rosario desde que en enero de 2012 había perdido a su hijo Jeremías, víctima del recordado triple crimen de Villa Moreno. Dos años después fue asesinado Jairo, otro de sus hijos, baleado a la salida de un boliche céntrico.
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Por esa historia se desprendieron distintas hipótesis en torno al crimen de Trasante. Desde las que lo vincularon a conflictos personales, la que relacionó el hecho a las condenas por el triple crimen y la que, aunque el ex concejal ya estaba fuera de la actividad institucional, consideró el hecho como un asesinato político. A la audiencia preliminar llegarán cuatro hombres acusados de participar de la logística del homicidio, un de ellos desde prisión.
¿Quiénes son?
Uno de los primeros aspectos en esclarecerse en relación al crimen de Trasante fue que los autores del homicidio se movieron a bordo de un auto robado. En octubre de 2020 los fiscales Edery y Avila imputaron a tres personas como parte de un plan criminal organizado desde la cárcel de Piñero por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, un preso condenado en octubre de 2021 a 12 años por liderar una banda narco.
Según la pesquisa, las órdenes de Rodríguez Granthon fueron seguidas en la calle por dos jóvenes: Alejo Leiva y Facundo Sebastián López, quienes se ocuparon de comprar y luego descartar el Peugeot 308 robado que usaron los autores del crimen. Por la compra del vehículo ya habían sido imputados en julio de 2020 otros dos jóvenes: Aníbal “Archi” Galván, de 23 años, y Brian Nahuel “Buba” Alvarez, de 19, quienes en un principio fueron acusados de encubrimiento y coautoría funcional de homicidio calificado. Los fiscales indicaron que habían comprado el auto por 20 mil pesos y que sabían para qué sería utilizado. Sin embargo en febrero de 2021 Galván fue desincriminado del plan homicida.
De esta manera Rodríguez Granthon, Leiva, López y Alvarez irán al juicio oral y público que podría llevarse a cabo a comienzos del próximo año, acusados de intervenir en un homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Fueron acusados en calidad de partícipes necesarios. En el caso de López y Leiva se les sumará el encubrimiento en calidad de autores.
