Un caso de femicidio
El de Rocío fue un femicidio que no se llegó a nombrar de esa manera. Es que en 2011 el delito aún no había sido legislado. Un año después se incorporó al Código Penal, con pena de prisión perpetua. Aunque la figura no pudo aplicarse al caso, el juicio reveló cuánto cambió el modo de abordar los asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género en la última década.
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Como el último condenado se mantuvo prófugo diez años hasta su captura, el crimen fue tratado en sus comienzos por el viejo sistema escrito y ahora bajo el sistema oral. En ese tránsito, el caso refleja cómo el paradigma de género —y no solo la figura del femicidio— fue permeando prácticas y discursos.
“El caso no puede leerse sin perspectiva de género en estos tiempos”, consideró la abogada Nadia Darigo. Junto con Salvador Vera integra el equipo de querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que a un año de su creación comenzó a acompañar a la familia de la víctima. En sus alegatos plantearon que "hubo un deshumanizado trato hacia Rocío y su cuerpo, transformándola en un objeto antes y después de su muerte". La querella reclamó otro encuadre jurídico, el de privación ilegal de la libertad seguido de muerte, con pena perpetua.
“Norma presentó su primera denuncia en un contexto de desprotección profundo”, opinó Darigo. En marzo de 2011 la mujer reveló que ella y su hija habían sido abusadas y golpeadas por una banda con protección policial que mantuvo secuestrados a Rocío y a su nieto de 1 año y medio, liberado con vida a los tres meses. “Era una mamá desesperada a la que nadie le creía —planteó Darigo—. A tal punto que un defensor declaró que era mitómana. Llegaron a pedir una pericia psiquiátrica cuando había sido víctima de abusos sexuales tremendos. Hoy eso no se puede plantear”.
Relato del horror
Norma declaró diez veces a lo largo de los once cuerpos de expediente. Pero recién en el juicio público de los últimos días sintió que su palabra no era puesta en duda: "No me creían nada. Decían que era un cuento y parecía una película de terror", dijo. En un relato estremecedor, repasó al detalle la historia de Rocío, a quien vio con vida por última vez el 27 de febrero de 2011. Fue en la casa donde vivía y dirigía un almacén Juan José “Pijuán” Lazo, hermano de Hernán, en el barrio La Cerámica.
Pijuán había sido pareja de Rocío y en agosto de 2014 fue condenado a 15 años de prisión, en un juicio escrito, como quien tuvo un rol preponderante en el crimen. Está a punto de cumplir la pena y goza de salidas quincenales de prisión. Rocío trabajó en su negocio de Valle Hermoso al 1200 y desde julio de 2010 fueron pareja. El fiscal Alejandro Ferlazzo presentó como indicador de abuso ese vínculo entre una adolescente y un hombre de 40 años.
En noviembre la chica volvió a vivir con su madre en la zona norte de San Lorenzo. Tuvo contactos esporádicos con Pijuán Lazo hasta que el 25 de febrero de 2011 él la llamó para invitarla a ir al shopping. Ella fue con su hijito Kevin Alejandro, de 1 año y medio. Al otro día le envió a su mamá un mensaje de texto y le pidió que le llevara su moto al negocio porque Lazo se la quería comprar para darles una ayudar económica. El domingo 27 Norma y su concubino Fernando llevaron la moto hasta la granja.
Los recibió Pijuán acompañado por tres hombres, entre ellos su hermano Hernán. “Juan estaba armado y me gritó: «Me sacaste a Rocío y ahora me querés robar al nene». Insistía en que yo quería separarlo de mi hija y que mi nieto era hijo suyo”, relató la mujer. A ella y a su marido los ataron con precintos y les colocaron cinta adhesiva en la boca. Les pusieron bolsas en la cabeza. La suya se rasgó por un golpe y eso le permitió ver lo que pasaba.
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A órdenes de Pijuán, quien les indicó a sus hombres que usaran preservativos, abusaron de su hija en turnos secuenciados: “Hernán se envolvió la mano en el pelo de Rocío y la tiró al piso. Le pegaba patadas en la panza, en la cabeza. Yo les decía que no le hicieran nada. Luego le empezaron a arrancar la ropa, la dejaron desnuda. Le empezaron a meter pastillas por la boca. Estaba dopada, drogada, no se podía sostener. La pusieron arriba de la mesa y ahí continuaron. Primero la violó Juan. Segundo Hernán, tercero el Jonatan y cuarto Héctor. Después siguieron conmigo”, recordó Norma en el juicio.
Ante el tribunal recordó la vergüenza que sintió al hablar por primera vez de los abusos sexuales, desestimados en su momento por jueces de la Cámara Penal que plantearon falta de pruebas, pese a los informes médicos que constaron golpes en la cabeza de la mujer. Con los protocolos de este tiempo, dicen los querellantes, hoy se hubieran resguardado evidencias y la palabra de una víctima tendría otro valor.
En medio del horror la mujer intentó dejar pruebas. Tras las agresiones sexuales la encerraron con su marido en un cuartito hecho con cajones de cerveza. Ella rompió una botella para aflojar los precintos que le cortaban la circulación a Fernando. Ccon el mismo vidrio rompió su collar, manchado con sangre, y esparció las cuentas entre los cajones de esa casa, que fue incendiada cuatro días después de la aparición del cuerpo de Rocío.
En esa casa Norma vio a su hija por última vez con vida, “con la cabeza rapada y atada con cinta” de embalar. Antes de liberarlos, ella y su pareja fueron obligados a firmar boletos de compraventa de dos motos de las que se apropiaron los atacantes y algunos papeles en blanco. Con 40 años y madre de siete hijos, su primera reacción fue resguardarse y escapar. Viajó con los más chicos a Buenos Aires y vivió en situación de calle en la terminal de Retiro. Esperó a que llegaran los más grandes y recién entonces se acercó a un gendarme que la acompañó a una comisaría. Era el 4 de marzo.
Hallazgos
La familia regresó a la zona de Rosario para seguir de cerca la investigación. Mientras ingresaban a un programa de protección de testigos, a Rocío la buscaban en prostíbulos del cordón industrial bajo sospecha de trata. El 7 de mayo de ese año Norma avisó a la policía que estaba merodeando su casa un Fiat Duna blanco. A bordo de ese auto apresaron a Hernán Lazo.
En la comisaría, reveló en el juicio, escuchó que un policía le ofrecía al abogado de Lazo dejarlo libre a cambio de que la banda entregara a Rocío o al niño. Un día después, el nene apareció sano y salvo en un descampado de San Nicolás con el DNI entre la ropa. Con 14 años, Kevin quiso presenciar el juicio y sobre el final pidió la palabra. Habló de los difíciles que fueron los cumpleaños sin su mamá y le agradeció a su abuela los años de crianza.
Tres meses después, el 13 de agosto, se encontraron los restos de Rocío. El llamado a una comisaría de San Lorenzo señaló el lugar: una casa de Martín Fierro al 600 que Pijuán, por entonces prófugo, había alquilado para poner un bar. El comisario Marcelo Albornoz, actual subsecretario de Investigación Criminal de la provincia, era por entonces jefe de la seccional y fue quien recibió el dato anónimo.
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En el juicio precisó que en esa casa se encontraron cartuchos calibre 22 y 9 milímetros, dos palas, una sierra, seis pares de guantes de látex y una gran cantidad de pastillas tranquilizantes como las que Rocío había sido forzada a ingerir. Bajo el pozo se encontró el cráneo, con manchas de sangre producto de un golpe, el torso envuelto en una frazada, la cadera completa y parte de una pierna. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos, aunque la causa de muerte no se pudo determinar por la alteración del cuerpo.
Séptima condena
Al mes del hallazgo fue detenido Pijuán, de 40 años, en un comedor comunitario de Granadero Baigorria donde tomaba mates con Jonatan “Joni” Vargas, condenado a 7 años y medio por privación de la libertad, robo y lesiones; y Héctor V., quien sorteó una rueda de personas sin ser apuntado. Además hubo cuatro mujeres condenadas por colaborar con el ocultamiento de las motos.
Hernán Lazo había sido indagado el mismo día que apareció Kevin y luego recuperó la libertad. Desde entonces vivió en distintas ciudades sin empleo fijo hasta su captura en Trenque Lauquen en 2021. Tiene 45 años y lo condenaron como coautor de homicidio simple y robo calificado por uso de arma a la pena de 20 años que cerró el ciclo.
“Valoramos que el tribunal haya emitido una condena superando el límite del viejo sistema, eso es muy positivo. Sin perjuicio de que pedíamos otra calificación de privación de la libertad seguida de muerte porque entendemos que ese es el contexto en que ocurrieron los hechos”, analizó el fallo el querellante Salvador Vera.
El equipo del CAJ esperará los fundamentos para evaluar si apelan: “Para la familia fue significativo y causó alivio el pedido de perpetua". Más allá de la pena, consideraron valioso que Norma haya sido escuchada: "Se va con la certeza de que se tuvo en cuenta el relato que brindó de manera contundente y profunda”.