Una pareja del barrio Empalme Graneros fue condenada este martes en el marco de un juicio abreviado a dos años y medios de prisión condicional por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego. Son los padres de Cristian "Salteño" Villazón, un preso que cobró relevancia en marzo pasado a raíz del asesinato a balazos de Máximo Jerez, el niño de 11 años de la comunidad qom Los Pumitas que quedó en medio de un ataque narco. Tras ese hecho se generó una pueblada contra los puntos de venta de drogas adjudicados por los vecinos al Salteño, situación que motivó la detención de sus progenitores.
A comienzos de marzo, Rosario quedó en medio del debate público nacional cuando, en el marco de una escalada de violencia, el asesinato de Máximo generó una rebelión en la comunidad Los Pumitas del barrio Empalme Graneros. Algunas casas fueron señaladas como puntos de venta de drogas y demolidas por los vecinos. Fueron días de tensión en los que una familia del barrio cobró notoriedad al quedar en uno de los extremos de una bronca entre transeros que había ocasionado el crimen y otros hechos violentos. Cristian "Salteño" Villazón, preso y condenado por un triple crimen, fue sindicado como administrador del narcomenudeo desde la cárcel y con sus familiares como cómplices.
En ese contexto, al avanzar contra una de las viviendas ligadas a la familia, se vio a un hombre esgrimir un arma de fuego desde el techo y minutos después fueron detenidos allí los padres del Salteño. Juan José Villazón, de 50 años y nacido en Orán, provincia de Salta; y Claudia del Carmen Campos, de 48 años, fueron imputados por la fiscal María de los Ángeles Granato. Este martes, en el marco de un procedimiento abreviado, fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión condicional por los delitos de amenazas coactivas y tenencia ilegal de arma de fuego.
Es que, con el transcurso de la investigación tanto del homicidio de Máximo Jerez como de los disturbios ocasionados posteriormente en el barrio, se supo que los padres del "Salteño" habían amenazado a un familiar de la víctima con el fin de que no colaboraran en la pesquisa iniciada luego del crimen. Según la acusación, luego del crimen ocurrido la madrugada del 5 de marzo, los ahora condenados generaron un contexto de temor en familiares y vecinos de Máximo que dificultó en un principio el avance de la investigación.
Acerca de la tenencia ilegal de arma de fuego la Fiscalía sostuvo se trató de una pistola semiautomática calibre 22 y 15 cartuchos que fueron secuestrados en el marco de los disturbios del 6 de marzo al mediodía. La pareja fue detenida en una casa de Cabal al 1300 bis que luego fue destruida y saqueada.
Imputados por el crimen
El asesinato de Máximo Jerez dejó al descubierto una trama violenta atravesada por una bronca entre transeros de Empalme Graneros. En ese contexto ocurrieron una serie de detenciones en el propio barrio que luego avanzaron a imputaciones en el marco de la investigación por el homicidio del niño, hecho en el que resultaron heridos tres criaturas más.
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Al día de hoy son seis las personas detenidas e imputadas en esta causa. El último fue Nicolás Torres, de 25 años y aprehendido a mediados de abril. El fiscal Adrián Spelta lo acusó de ser uno de los autores materiales del crimen de Máximo y de la tentativa de homicidio de los tres sobrevivientes.
Bajo la misma figura ya habían sido imputados, quedando en prisión preventiva por dos años, los hermanos Maximiliano y Nicolás "Macuá" Castillo. Además, una mujer y sus dos hijos quedaron detenidos con prisión preventiva como presuntos encubridores del crimen, al ocultar en su domicilio el automóvil utilizado por los atacantes la noche de la balacera.
Este grupo, dijo el fiscal en la acusación, está ligado al piloto civil Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, condenado como proveedor de drogas de Los Monos, quien compartió con “Araña” el pabellón 9 de Piñero antes de que sea traslado a una cárcel federal. El día que mataron a Máximo, “Araña” estuvo en el barrio visitando a su familia en el marco de una salida transitoria y en la requisa a su celda se secuestraron dos celulares. La banda mantenía una disputa por la venta de drogas con Cristian “Salteño” Villazón, a quien iba dirigido el ataque que terminó con la vida de Máximo.
