Un llamado anónimo al 911 fue el punto de partida para que la policía irrumpiera a fines de noviembre en la casa de un albañil de 33 años al que supuestamente ligaban al asesinato de un policía en el Hospital Provincial. Aunque nunca fue imputado por tal cosa, sino por la tenencia de un arma que denunció como plantada, estuvo 33 días preso. La Defensa Pública denunció la brutalidad y falsedad de ese operativo policial en el que sufrieron golpes el detenido, su pareja y un sobrino adolescente. Hubo destrozos en su casa y llegó a ser catalogado como un preso de alto perfil en la cárcel de Piñero hasta que un juez le otorgó la libertad antes de la feria judicial de enero.
Tras observar las fotos de los rostros lastimados del detenido y sus familiares, el juez Alfredo Ivaldi Artacho advirtió sobre la “llamativa falta de profesionalidad de todas las dotaciones intervinientes”. Indicó que el sesgo de esa intervención genera dudas sobre el secuestro de un arma en manos del albañil, con empleo en blanco, y ordenó su inmediata libertad. Planteó que la policía tendría que haber actuado “de la forma más profesional y ascética posible ante un caso supuestamente ligado al crimen de un compañero de la fuerza”.
Por ese cuestionado procedimiento, el Servicio Provincial de Defensa Penal presentó una denuncia por torturas, apremios ilegales, allanamiento ilegal, robo y falsedad ideológica ante la fiscal Karina Bartocci, de la unidad de Violencia Institucional. La situación fue informada además ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo nacional que monitorea y controla situaciones de encierro y que requirió informes.
Según Marcelo Marasca, del área de prevención de la violencia institucional de la Defensa Pública, la víctima fue sometida a torturas, como la práctica del “submarino seco” mientras lo mantenían arrodillado junto a un sillón. Además se consignó que les sustrajeron pertenencias tanto a G. como a otros vecinos a quienes “les robaron toda la carne que tenían en el freezer”.
Pista falsa
El operativo fue la mañana del domingo 19 de noviembre. La central 911 recibió el llamado de una persona que aportaba supuestos datos sobre el crimen del policía Leoncio Bermúdez, asesinado a tiros cuatro días antes por dos atacantes que entraron a rescatar a un preso al Hospital Provincial. En los últimos días de diciembre la fiscal Gisela Paolicelli imputó a Pablo Sosa como presunto autor material y a dos presos de Piñero como organizadores.
El anónimo brindaba el nombre y la dirección de un supuesto autor del homicidio. La información fue irradiada a distintos móviles y fue así como llegaron al menos trece patrulleros hasta la casa de pasillo de Reconquista al 900, donde el albañil Sergio Fabián G. y su esposa estaban durmiendo. La mujer escuchó un golpe en la puerta. Abrió una ventana y uno de los agentes le preguntó si allí vivía Fabián. “Les dije que sí, les pedí que me esperen, que me ponía un pantalón y les abría. Les pedí que no me rompan nada, pero le dieron una patada a la puerta y entraron”, contó Belén al día siguiente a este diario.
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“Ahí me preguntaron dónde estaba él. Lo agarraron, lo llevaron para la cocina, lo sentaron y un policía grandote le empezó a pegar y a decirle que había matado a su compañero”, continuó Belén, a quien también golpearon cuando intercedió para decir que su pareja no tenía nada que ver.
Según la denuncia, la pareja fue brutalmente golpeada. También fue agredido un sobrino menor de edad del albañil que vive en el mismo pasillo y se acercó a la casa al escuchar ruidos.
Un médico del Hospital Sáenz Peña constató en G. múltiples lesiones como golpes en el rostro, hematomas en la cabeza y sangrado nasal. Lesiones que el acta policial consignó como “producto de su caída en la huida”. Refería golpes contra un portón que no existe. Belén tenía un hematoma en el ojo izquierdo y lastimaduras en el rostro y las rodillas. El sobrino contaba con edemas en los ojos, sangrado en una mejilla, contusiones en la espalda e irritación en el cuello, donde “le hicieron mal con un cable”.
El acta consignó el secuestro de una pistola Bersa calibre .380 con municiones y la funda de un chaleco antibalas sin placas que la familia denunció como plantados.
El 21 de noviembre, el fiscal Aníbal Vescovo imputó al albañil por la portación ilegal de un arma. G. relató los tormentos y el defensor Fernando Ritondale solicitó que se declare ilegal la detención, lo que no prosperó. El juez Alejandro Negroni le dictó al albañil la prisión preventiva por el plazo máximo de dos años.
"Alto perfl"
Aunque se descartó cualquier vinculación con el homicidio de Bermúdez, el albañil estuvo un mes preso. Primero en el Order, donde se solicitó su atención médica en más de una oportunidad, y luego en la cárcel de Piñero, adonde fue trasladado el 14 de diciembre. “Debido a la falsa vinculación al homicidio de Bermúdez, fue tratado en el Servicio Penitenciario como preso de alto perfil, con limitaciones en sus visitas y demás restricciones propias de dicho régimen”, detalla la denuncia.
La defensa apeló el encarcelamiento de G. En una audiencia ante el juez Ivaldi Artacho, el defensor Ritondale expuso datos que dan cuenta de la falsedad del acta policial. Citó los testimonios de pareja, el sobrino y una persona que estaba alojada en la comisaría 15ª cuando G. llegó esposado junto a sus familiares, a quienes también apresaron y acusaron de resistir el procedimiento.
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“Cada uno de ellos dio cuenta de la irracionalidad e ilegitimidad del accionar policial, que incluyó lesiones, daños y hechos contra la propiedad”, planteó. De acuerdo con el acta policial, cuando los policías llegaron a la calle Arequito advirtieron a “dos masculinos en el pasillo” que “al notar la presencia del personal policial salen a la veloz carrera ingresando a un domicilio”. En ese lugar G. fue reducido “utilizando la fuerza mínima e indispensable” y le secuestraron una pistola Bersa que supuestamente llevaba en la cintura.
La Defensoría relevó más de 500 audios de las comunicaciones de ese día entre los móviles del Comando Radioeléctrico y la central 911. De ese material “no surgió en ningún momento la huida de Gómez y el hallazgo de arma en su cintura”, lo que habría habilitado el ingreso a su casa sin orden.
“Apaguen las balizas que así no vamos a atrapar a nadie”, solicitaba un efectivo en uno de esos audios, lo que no se compadece con una persecución. El camarista no hizo lugar al pedido de ilegalidad de la detención pero advirtió sobre la “poca probabilidad de autoría que se proyecta a la luz del accionar policial”.
