Horacio Ghirardi tenía 17 años cuando llegó a Rosario desde Cañada de Gómez a estudiar Ciencia
Política. Fue militante estudiantil histórico del socialismo en la UNR y al egresar trabajó con
Hermes Binner y Miguel Lifschitz en cargos ejecutivos del municipio. Ahora, a los 45 y en funciones
como secretario de Seguridad provincial, sentado en lo que en cualquier gestión es un sillón de
fakir, define sus aspiraciones. “Disminuir los niveles de violencia urbana en las grandes
ciudades: poder reducir la tasa de homicidios en la ciudad de Santa Fe, que es un caso bastante
excepcional, y lo mismo en el departamento Rosario. Y también contener el delito menor que implica
que el vecino salga a la calle con temor a que le suceda algo. Me iría conforme de este rol
habiendo bajado esas inquietudes”.
—Durante 15 años usted cumplió funciones de gobierno en Rosario.
¿Qué idea se formó en ese tiempo sobre los problemas de seguridad en una ciudad como ésta?
—En una gran ciudad como esta se combinan problemas de la trama
urbana —con bolsones de exclusión y carencia de infraestructura— con tráfico de drogas.
En franjas de la zona sur, noreste y oeste tenemos complicaciones serias por la reiteración de una
serie de delitos y violencia urbana: se mezclan el uso de armas de fuego con comercialización de
drogas. En el área central de la ciudad hay problemas de delito menor —que es grande para
quien le sucede— como son los arrebatos: carteras, celulares, mochilas y violencia contra
vehículos. Y nos preocupa en el espacio urbano el delito vinculado a las hinchadas de fútbol.
—¿Qué acciones van a impulsar contra esos fenómenos?
—El tipo clásico de intervención policial en algunos casos no está
dando resultados: lo que pensamos en el gobierno y con los jefes policiales es un accionar común
con las áreas de poder de policía municipal. Ejemplo: controlar todo lo vinculado con economías
delictivas como puede ser robo de motos, venta de autopartes, o el negocio ilícito de celulares.
Controlar los mercados donde se ofrece lo robado influye directamente sobre el nivel de delito.
Queremos hacer intervenciones regulares con los municipios: sistematizar operativos semanales y
sostenerlos en el tiempo con una asignación de recursos lógica.
—¿Hay estructura para implementar esos controles?
—Creo que sí. No para operar en 35 líneas de acción diferentes a
la vez, pero sí en cuatro o cinco. El Ministerio y las áreas municipales están trabajando en
conjunto. Hay un gran mercado ilegal de motocicletas y hay falta de documentación. Y en muchos
casos las motos son herramientas para delinquir. Nuestro control se cruza con el interés de muchos
municipios de reforzar la seguridad en el tránsito. La venta de autopartes debe ser regulada por la
inspección municipal, pero a nosotros nos interesa la venta en regla porque muchas partes proceden
de vehículos robados. Lo mismo el mercado de celulares truchos o la venta ilegal de películas o
indumentaria falsificada que a veces son las máscaras de negocios ilícitos mayores.
—¿Hay algo de lo que advertía como mayor emergencia de seguridad en Rosario que sea
común a otros municipios?
—La cuestión del comercio de estupefacientes en las últimas décadas es el gran tema a
atacar. En una época era un asunto más propio de las clases medias altas. Hoy no sólo el consumo se
ha metido en los barrios sino que la droga es un modo de sobrevivencia económica allí. Eso es un
factor de violencia y disgregación y aquí hay una prioridad en la acción de gobierno. Pero eso no
implica que no nos ocuparemos del arrebato en la vía pública, del escruche de domicilios
particulares, de la angustia que nos produce pasar por distintos espacios públicos y que nos hace
organizarnos otros circuitos en base al miedo para esquivarlos.
—¿Cómo evalúa la criminalidad en términos de violencia física, que
es una gran preocupación ciudadana?
—Mi mayor preocupación es disminuir la tasa de homicidios dolosos
(intencionales). Eso va asociado a avanzar en el desarme de la sociedad santafesina. Casi el 70 %
de estos homicidios tienen que ver con hechos interpersonales de violencia — doméstica,
vecinal, ajustes de cuentas, casos pasionales— y por eso notamos lo imperioso de retirar la
mayor cantidad de armas de la sociedad. La idea de armarnos para protegernos termina fatalmente en
esto: incremento de homicidios dolosos.
—Siempre un homicidio es una tragedia, pero la tasa en la
provincia, salvo en casos como la ciudad de Santa Fe, es comparativamente baja en relación a su
población. No es algo para celebrar, pero debe ser dicho. ¿Qué opina usted?
—En 2009 en Rosario hubo 124 homicidios dolosos y en el 2003 hubo
123. No lo digo sólo porque no aumentaron sino porque sumar los homicidios sin discriminar causas
puede llevar a engaño. Cuando hablamos de homicidios incluimos hechos en ocasión de robo, que son
los que reflejan situaciones de inseguridad, pero también, por ejemplo, abortos clandestinos, que
no nos sirven para dar dimensión de la criminalidad urbana. Pero un funcionario de seguridad
buscará bajar los homicidios dolosos, los heridos por arma de fuego o de arma blanca, y limitar el
uso de armas para dirimir conflictos. Al margen de que un delincuente o cualquiera que esté
dispuesto al uso del arma la conseguirá de alguna manera, reducir su número es importante.
—En la provincia hay una carencia histórica de cifras que permiten
dar dimensión al delito y trazar estrategias. No hay un sistema estatal de estadística criminal, ni
estudios de victimización periódicos, ni planificación sistemática derivada de ellos.
—Para nosotros tenerlos es una gran prioridad. En esta etapa se
pone a cargo a un nuevo director de Análisis Criminal que va a tener el rol de establecer estas
herramientas y sistematizarlas. No vale de nada tener una encuesta de victimización sin continuidad
en el tiempo. Además determinados delitos no se reflejan en la estadística policial: hay hechos,
como determinados robos, que la gente dejó de denunciar por diversos factores. Pero el accionar
policial, que es un gran papel, va articulado con políticas sociales, educativas, culturales y de
infraestructura que deben desplegarse en zonas críticas. Con las dificultades del caso, eso estamos
intentando con el gabinete social. Son esas políticas públicas las que construyen ciudades más
seguras. No sólo actuar en la punta del volcán, que es donde nos encontramos y donde se hace
visible la necesidad de intervenir.
—¿Cómo ve a la policía provincial? ¿Qué se le va a ofrecer y qué
se le va a demandar?
—La policía provincial atravesó largos años de desinversión y
postergación en sus demandas. Nunca se invirtió seriamente en infraestructuras edilicias o en
recursos humanos. Creo que ahora se empezaron a resolver algunas como los centenares de demandas
administrativas por retrasos en pagos de adicionales o categorizaciones o plus por ascensos
suspendidos que se van normalizando. Percibo una actitud de acompañamiento.
— ¿Esta contemplada alguna reforma en la fuerza?
—Lo que más nos interesa es corregir algunas trabas que impiden
sacar más recursos a la calle. Hay algunas cuestiones burocráticas no claras con carpetas médicas,
cuestiones administrativas, pases a disponibilidad. Con correcciones lógicas se puede recuperar
mucho personal desafectado de las tareas de seguridad. Por supuesto que también tenemos que dar
modificaciones en la ley orgánica policial, o de la propia formación policial, o de personal. Vamos
a enfocarnos para resolver esto porque genera zonas de malestar en el personal, algo que no es
bueno en una institución vertical que tiene que funcionar acatando órdenes.
