Una organización criminal que funcionó desde noviembre de 2016 “bajo el indiscutible liderazgo” ejercido desde prisión por René Ungaro. Esa estructura advirtieron tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal al revisar la condena a 12 años de prisión del “Brujo”, sentenciado junto a otras once personas como jefe de una red de tráfico con base en los barrios Tablada y Municipal. Al analizar las escuchas y secuestros que dieron forma a la causa federal, los camaristas advirtieron que esa estructura con dos subgrupos creció mientras su líder estuvo preso en la cárcel de Piñero por el crimen del ex jefe de la barra de Newell's Roberto “Pimpi” Caminos.
Esas fueron las consideraciones centrales de los jueces Carlos Javier Carbajo, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, de la sala IV de Casación Penal, al revisar las penas impuestas al grupo en agosto del año pasado por un tribunal rosarino. Los jueces de segunda instancia confirmaron las condenas apeladas, rechazaron recursos de nulidad y concluyeron que Ungaro “organizó y coordinó los distintos tramos de la empresa criminal” con personas de su círculo familiar más íntimo y con miembros de la familia Funes, “quienes intervenían activamente con roles preponderantes en el comercio de droga”.
Además de avalar las evidencias expuestas en el juicio oral que se realizó en los Tribunales Federales de Oroño al 900, los camaristas confirmaron los 12 años de prisión dictados a Ungaro como organizador de una red de tráfico y las penas de otros nueve condenados que apelaron. Entre ellos están Alan Lautaro Funes y Jesús “Pelo Duro” Fernández, condenados a 9 años de prisión por el delito de tráfico organizado.
El resto de los acusados recibió penas que van de los 3 a los 6 años de prisión. En total fueron quince los acusados en el juicio por el fiscal Federico Reynares Solari. Los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Schneider condenaron a doce de ellos y absolvieron a tres.
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El extenso fallo del tribunal de revisión le dio un cierre a la investigación que nació en noviembre de 2016 con una denuncia anónima sobre venta de drogas en Tablada que fue investigada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Al año siguiente la Policía Federal realizó en ese barrio y en República de la Sexta un operativo con detenidos al que bautizó “Los Miserables”, base de una causa provincial por asociación ilícita.
Ungaro, quien ya cumplía sentencia por el crimen de Pimpi de marzo de 2010, fue condenado a 7 años de prisión como jefe de esa organización que cometía asaltos, delitos territoriales y con armas. Está preso en la cárcel federal de Rawson y recientemente estuvo en el centro de la mirada pública por una serie de atentados. Se investiga si fue quien dio la orden de disparar contra los Tribunales Federales el pasado 28 de septiembre o el perpetrado contra el Distrito Sur. Los dos fueron cometidos después de que los acusados por ambos episodios recibieran órdenes telefónicas desde un celular de ese penal del sur. Su nombre fue mencionado además como quien estaría detrás del trapo con amenazas a periodistas colgado en Canal 5.
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A Alan Funes le impusieron en la provincia 35 años por integrar la banda y por el homicidio cometido en enero de 2018 de Marcela Díaz. Era la hermana de Rubén “Tubi” Segovia, un rival del grupo asesinado a los tres meses en la cárcel de Coronda. En procedimientos abreviados anteriores ya habían sido condenadas otras 14 personas, entre ellas Lautaro Funes y Pelo Duro.
Uno de los cuestionamientos de las defensas ante Casación fue, justamente, que el delito de tráfico asignado al grupo se considerara agravado por la participación de más de tres personas cuando la mayoría habían sido condenados por asociación ilícita en el fuero provincial. Los camaristas respondieron que no se trata de acusaciones superpuestas: “Que el comercio de estupefacientes haya sido uno de los delitos indeterminados que algunos de los miembros de la asociación ilícita cometieran, lejos está de constituir este juicio una nueva persecución penal por el mismo hecho”, afirmaron.
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De la evidencia acopiada en declaraciones de testigos y el secuestro de casi 600 gramos de marihuana y 75 de cocaína en más de treinta allanamientos, pero sobre todo de las escuchas telefónicas e intercambios de mensajes, los jueces le asignaron un rol clave al Brujo Ungaro como organizador del negocio desde su celda de Piñero, con la asistencia de “un nutrido grupo de personas” a sus órdenes. La mayoría en libertad y con “una clara distribución de roles asignados”.
Bajo ese liderazgo, dijeron que un primer grupo era comandado por los hermanos Alan y Lautaro Funes, “que rendían cuentas y respondía a René”, de quien hoy están distanciados. En un eslabón “inmediatamente inferior” se encontraban Pelo Duro y Brisa Amaral —quien fuera pareja de Jonatan Funes, asesinado frente a la cárcel de Piñero, y condenada a 8 años—; ambos “encargados de transmitir órdenes, reabastecer los puntos de venta y realizar la cobranza o recaudación del producto”.
En un tercer escalón ubicaron a Daniel Esteban “Dani” Meli (con pena unificada a 5 años) y Enzo “Negrete” Romero (3 años condicional), “cuya intervención se daba en determinados puntos de venta o el fraccionamiento de la droga”. En el mismo nivel situaron a Mariel Soledad Lezcano, una chica de 21 años que había sido condenada a 6 años en el juicio y que en octubre del año pasado fue asesinada a tiros por sicarios en la puerta de su casa. Fue un ataque al parecer dirigido a su madre por negarse a vender para el grupo e imputado a Alan Funes como instigador.
Un segundo grupo, “estructurado en base a un núcleo mayoritariamente familiar” y dedicado a la venta al menudeo se consideró integrado por Daniela Ungaro (hermana de René, con pena unificada a 7 años y medio); su ex yerno Kevin Oviedo Santin (6 años), Néstor Gabriel “Tatú” Finamore (primo de René y Daniela), y Gastón Ezequiel Belardinelli, alias “Vincha”, ambos condenados a 3 años de prisión condicional.
