El procedimiento fue hace tres años, en plena cuarentena, cuando vecinos de barrio Belgrano denunciaron unas amenazas con arma. Los policías que llegaron hasta un pasillo del lugar se encontraron con una suerte de búnker en el que había municiones, una pistola, dos cajas con marihuana y un cuaderno con anotaciones prendido fuego en el que aún se leía una inscripción: “Cuaderno de la mafia”. Por esos hallazgos, los tres detenidos aquel día fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de prisión por maniobras de narcomenudeo. Uno de ellos era Andy Benítez, preso desde entonces en Piñero y acusado el año pasado de liderar desde prisión una banda violenta que intentó copar barrio Ludueña y Empalme Graneros para vender drogas.
Andy Fabián Benítez, de 25 años y considerado regente de una franquicia de Los Monos en Ludueña junto a Mauro Gerez, fue sentenciado al término de un juicio federal. El fiscal Federico Reynares Solari solicitó que lo condenaran por el delito de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización junto con otros dos acusados: Matías Angel Burgo, de 24, años, y Yamil Carlos “Orejón” Zappalá, de 31.
Benítez cuenta en la Justicia provincial con una condena previa, tiene una causa en curso como cabecilla de una asociación ilícita y la semana pasada sumó un nuevo proceso por usurpación. Los jueces del Tribunal Federal Oral Nº 3 Jorge Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero lo condenaron ahora a 4 años y 8 meses de prisión. Si bien el fiscal había solicitado que le unificaran la pena con una que obtuvo en la provincia por intento de robo y portación de arma, el tribunal resolvió esperar a que aquel fallo —que se encuentra en instancia de apelación— quede firme.
Los otros detenidos en el búnker obtuvieron penas un poco más bajas. Zappalá ya estaba preso en la cárcel de Coronda y en este juicio le dieron, por el mismo delito que a Andy, 4 años y 3 meses de prisión. También recibió ese monto de condena el acusado Burgo, quien estaba en libertad y seguirá en esa situación hasta que el fallo quede firme. Los jueces rechazaron nulidades solicitadas por las defensas de los acusados. Entre otros aspectos, los abogados cuestionaron que al realizarse la pericia sobre la droga no se pudo cuantificar porque presentaba humedad.
Benítez y asociados
Quien cargó con la pena más alta, Andy Benítez, fue acusado el año pasado por el fiscal Pablo Socca por conformar con más de treinta personas una asociación ilícita dirigida desde prisión junto a los también detenidos Mauro Gerez, Jonatan Almada, Julián Aguirre y Matías "Pino" César. A esa organización se le atribuyen delitos como amenazas, casi cuarenta extorsiones a vecinos y comerciantes, usurpaciones, homicidios, acopio de armas y balaceras para afianzar el negocio de la venta de drogas en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, castigados con una alta cifra de asesinatos en 2022.
El grupo está enemistado en ese territorio con Francisco “Fran” Riquelme, también preso junto a miembros de su banda y quien según las investigaciones responde al condenado empresario narco Esteban Alvarado. Quien, según expuso en audiencias el fiscal provincial Pablo Socca, disputaba con Los Monos a través de células menores o referentes barriales. En ese armado con referentes en la calle y otros detenidos, Benítez fue situado como uno de los organizadores que dirigía el negocio desde prisión, donde disponía de hasta diez celulares. Además de los sindicados como cabecillas, hay una treintena de personas detenidas o imputadas por integrar la organización.
De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el armado de la banda estuvo a cargo de Matías César, condenado por balaceras a objetivos judiciales atribuidas a Los Monos e imputado días atrás como otro de los organizadores. Fue quien, según el fiscal Socca, contactó a Andy Benítez con la intención de generar alianzas para controlar un barrio. Benítez vivía en el mismo complejo de viviendas que Jonatan Almada y así la banda comenzó a funcionar con una pata en prisión y otra en la calle hasta que Andy fue detenido y siguió con su trabajo tras las rejas.
Cuaderno quemado
La causa federal por la que ahora sumó condena fue la que motivó su último arresto. Se originó el 15 de julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando los vecinos de Colombia al 2000 llamaron al Comando Radioeléctrico para denunciar que había dos personas realizando amenazas de muerte con un arma de fuego. Al llegar los efectivos tres muchachos entraron a una casa de pasillo, pero los alcanzaron y les secuestraron una pistola 9 milímetros. Sus vestimentas coincidían con las descripciones de los denunciantes.
Al allanar la propiedad se encontraron municiones, dos cajas con marihuana que al momento del secuestro pesó 1.314 gramos y un cuaderno con anotaciones prendido fuego. En la primera hora se leía: “Cuaderno de la mafia”. Las anotaciones hacían clara referencia a a gestiones de venta de estupefacientes: cantidades de drogas vendidas o recibidas y movimientos de dinero en sumas de 6 mil a 175 mil pesos. Se abrió entonces una causa federal por la tenencia de la droga y otra provincial contra Benítez por la portación del arma.
Benítez volvió a ser noticia la semana pasada. Junto a dos mujeres y otro acusado de integrar la organización de Ludueña fueron sometidos a una audiencia e imputados de usurpar una casa tras la muerte de su dueña. Gladys G. fue imputada de haber aprovechado su empleo en el Pami para ayudar a su hijo Oscar “Nenu” Ramírez, también detenido como parte de la banda, a ocupar la casa de una vecina que había muerto al parecer sin herederos. La empleada fue acusada además de la falsificación de un documento público y quedó en prisión domiciliaria. La otra acusada es Sandra W., pareja de Benítez, a quien le atribuyen haber alquilado la propiedad ante instrucciones de Andy.
Los cuatro fueron acusados como coautores de la usurpación de una casa de Urquiza al 6000. La maniobra comenzó el 20 de junio de 2021 cuando Ramírez, al saber que la dueña de la casa había muerto sin herederos, le pidió a su madre que le consiguiera información a la que podía acceder como empleada del Pami en la ciudad cordobesa de La Cumbre. Entonces, según la acusación de Socca, la mujer recabó sin permiso información sobre la dueña de la casa, que murió el 23 de mayo de 2021 a los 73 años.
Según la acusación, insertó declaraciones falsas en un formulario de “Nota de prestación social” al que finalmente le estampó una firma falsa de la señora. A partir de esa maniobra su hijo tuvo un documento público para justificar su presencia en la casa usurpada. Luego Nenu se la entregó a Benítez y éste, entonces preso en Piñero, instruyó a su pareja, quien se encargó de alquilarla y administrarla.
