Los fundamentos de la condena a cinco policías que prestaron servicios en la comisaría 20ª durante 18 meses entre 2014 y 2015, y a dos civiles sindicados como transeros en el populoso barrio Empalme Graneros, exponen la connivencia de un grupo de uniformados y la cobertura que le prestaban a esos vendedores de drogas. A partir de intervenciones telefónicas puede entenderse cómo un comisario, un subcomisario y tres subalternos mantenían contactos diarios y rutinarios con los transas. La investigación sobre el grupo comenzó fortuitamente cuando uno de los investigados quedó bajo la lupa de la pesquisa sobre la banda de Rosa Caminos, hermana del asesinado líder de la barra de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos, cuyo juicio tendrá sentencia el martes.
Los policías protagonistas de esta historia aparecen genéricamente mencionados en tres expedientes federales: el de Gustavo "Tuerto" Cárdenas, el de Los Patrones (donde entre otros fue condenado "Guille" Cantero) y la de una vendedora de drogas de barrio Ludueña que terminó en una condena unificada de 16 años de prisión.
Bajo la hipótesis inicial de que los uniformados brindaban cobertura a vendedores de drogas, el fiscal federal Federico Reynares Solari logró llevar a juicio a Roberto "Queja" Quiroga, de 47 años, y ex jefe de la seccional 20ª; al subjefe Jorge "Obra" Ocampo, de 49 años; y a los subalternos Cristian "Gavia" Gelabert, de 35; Víctor "Mochila" Villalba, de 44; y Gustavo "Empleo" Elizalde, de 43 años. Entre los civiles enjuiciados estaban Sixto Daniel "Chaqueño" Pérez, de 35 años y señalado como vendedor de estupefacientes, y Silvia Blanca "La gorda" Di Morelle, de 67 años y a quien se le adjudicó tener un punto de venta de drogas en José Ingenieros al 2800. Su nieta, Micaela Pared, de 25 años, llegó a juicio pero la Fiscalía no la acusó.
Esta causa motivó uno de los hechos más bochornosos de la historia de la policía rosarina cuando efectivos de la Policía Federal allanaron el 25 de abril de 2015 la seccional 20ª de Carrasco al 2500 y la subcomisaría 24ª de Juan José Paso al 2000.
El viernes 14 de junio pasado el Tribunal Oral Federal 3 condenó, en fallo dividido a los policías Gelabert a 5 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Quiroga, a 4 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; al subjefe "Obra" Ocampo le aplicaron 3 años y 10 meses de encierro; a "Empleo" Elizalde lo sentenciaron a 3 años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta e inhabilitación especial de 6 años; y a su compañero "Mochila" Villalba le dieron un castigo de 3 años y medio de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo plazo e inhabilitación especial de siete años.
Sobre los civiles hubo dos condenas y una absolución. A "Chaqueño" Pérez le dieron 4 años y 6 meses de prisión, pena unificada a otra de 3 años en suspenso que tenía en el Justicia provincial. Y a Blanca Di Morelle el Tribunal la condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional.
Si bien la hipótesis acusatoria era la protección policial de una banda de vendedores de drogas, con el correr del debate oral y público sólo pudieron endilgarles a los acusados confabulación entre dos o más personas para cometer una serie de delitos (artículo 29 bis de la ley 23.737).
El fallo de los jueces fue dividido. Mientras el juez Otmar Paulucci votó por la absolución de todos los acusados por el beneficio de la duda; sus pares Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez optaron por las condenas.
Sistema recaudatorio
A lo largo de las 194 páginas de fundamentos de esta condena puede observarse cómo un grupo de policías pusieron en práctica un sistema de recaudación para que personas que se dedicaban a la venta de drogas en puestos fijos o mediante delivery pudieran "trabajar" bajo el paraguas de su protección.
La cobertura se traducía en "garantizar la no injerencia de terceros en dicha actividad". Lo expuesto en la causa no es novedoso, ya que en causas similares ya se han escuchado mecánicas similares, pero lo que llamó la atención de los pesquisas fue el desparpajo con el que se movían los actores de la historia.
La causa comenzó a mediados de 2014 como un desprendimiento de una investigación federal sobre el entorno de Rosa Caminos, la hermana del asesinado jefe de la barra de Newell's y duró alrededor de 18 meses. En las escuchas se detectó que el policía Gelabert brindaba protección a varios puntos de venta de drogas en el barrio Tablada.
Gelabert, quien en el juicio se confesó adicto, fue trasladado a la comisaría de Empalme Graneros y con él, y sin sospecharlo, llevó a la rastra la investigación. El primer teléfono intervenido judicialmente fue el de este policía y desde ahí, y rápidamente, creció un árbol de escuchas que interconectó a la seccional de calle Carrasco al 2500 con uno de los tres grupos sindicados como transeros de la zona más empobrecida del barrio obrero: el favorecido fue el de "Chaqueño". En los fundamentos se refiere que resultó "llamativo" cómo las escuchas de esta causa "nacen entre dos interlocutores" policías y el contenido de la comunicación "pronto excede el ámbito de aquellas dos partes y aparece retransmitido a otras personas mediante otras conversaciones". Así "se advierte que las pautas que conformaban el acuerdo de voluntades" se reiteran "a los fines de que todos estuvieran al tanto de las novedades y variaciones que iban apareciendo".
Si bien no hay un empeño en marcar una definición de roles en la organización, la pirámide esta construida tal cual la jerarquía policial. "Queja" Quiroga y "Obra" Ocampo en la parte superior y por debajo los subalternos "Gavia" Gelabert, "Mochila" Villalba y "Empleo" Elizalde. Estos últimos como el personal de calle que caminaba el barrio interiorizándose de los movimientos y vaivenes del mercado que estaban custodiando.
A partir de las escuchas también se pudo seguir la dinámica de distintos hechos de violencia que fueron sucediendo en el barrio. Las escuchas muestran a Gelabert como el más activo de los policías de calle. A veces haciendo contactos para pagos, negociando y apretando, al igual que "Mochila" y "Empleo", pero en menor medida.
Los agentes se comunicaban en clave policial de acuerdo al alfabeto fonético naval nacional de uso cotidiano entre la santafesina. Para el ejemplo: el apodo de Quiroga era "Queja" porque es una palabra que comienza con "Q". Lo mismo pasaba con los restantes policías a excepción de "Mochila" que era su apodo personal. "La gorda" Di Morelle es era llamada "Bote", porque su segundo nombre es Blanca. Y por supuestos el "5-5", que significa en la jerga "todo esta bien".
Marcando los pasos
Más allá del arregló de los pagos, puede percibirse que no todas son rosas en los arrabales del hampa. Así puede escucharse cómo, tanto Gelabert como Ocampo, sufrieron balaceras y amenazas. "«Obra», llamalo y decile al pija del «Chaqueño» que me la va a pagar. Me cagó a tiros", se refiere que dijo Gelabert en una escucha.
En otra interceptación telefónica se escucha que Ocampo llamó a Pérez para "poner las cosas en claro" ante una amenaza que había recibido a su celular. "A mi no me gustan que me amenacen. No sé si a vos, viste, pero a mí no me gusta", le dice antes de pactar un encuentro cara a cara para dejar "las cosas claras".
También se expone la manera en al que, cuando una oveja se salía del redil, era rápidamente aleccionada. "Ahí me dieron la orden de que le movamos la sábana a la gorda" Di Morelle porque estaba "haciendo manejes con otra persona". Luego de que los policías la acosaran en el puesto de venta, la mujer regularizó su situación y dejó de ser hostigada.
En las escuchas los policías hablan de drogas, de precios, de diálogos con las personas que venden y median en la venta. Se mencionan valores por paquetes, por kilos y alusiones a sustancias como cocaína de distintas calidades y marihuana.
En una escucha el comisario Quiroga imparte la orden a Ocampo para que "limpie" la comisaria porque una vecina reconocida (la monja Jordan) había denunciado que había bunkers en el barrio. "Ahí anda el ministro. La vieja Jordan le está diciendo que hay un búnker donde está ella", en inmediaciones de Schweitzer y Campbell.
"Los diálogos interceptados no se trataban de un mero intercambio de opiniones o ideas: de ellos mismos surge la exteriorización de acciones que se tomaron o se tomarían en orden al cumplimiento de las finalidades concertadas. Las pautas ideadas confluyen en que telefónicamente se rendía cuenta de lo acontecido: si se habían concretados los pagos o no, si en su caso había que realizar acciones en contra del deudor y de qué manera, informando al interlocutor con detalle si se había ejecutado la consiga y cómo se había hecho. Además, se ha corroborado que la información no quedaba en un plano bilateral, sino que era retransmitida a los otros miembros de esta alianza. Algunos de ellos no pudieron ser identificados", se especifica en los fundamentos.
