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A lo largo de estos años hubo distintos representantes del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación, aunque durante el juicio será el fiscal general Oscar Fernando Raggio quien ocupe ese lugar. Esta parte sostiene que Casco fue detenido el 6 de octubre en la zona de la comisaría 7ª y trasladado allí, donde quedó alojado en un cuarto conocido como “la jaulita”. En esta teoría del caso reviste de mucha importancia el testimonio de las otras personas que estaban detenidas en la comisaría. En esos relatos y los de familiares de la víctima que fueron en distintas ocasiones a la seccional, más el material de los libros de guardia, la fiscalía encontró las principales evidencias para sostener la acusación sobre lo que ocurrió en el edificio de Cafferata al 300.
Tormentos
Cuando el juez Carlos Vera Barros procesó a los policías sostuvo que Casco “habría sido objeto de tormentos y otros tratos inhumanos y degradantes, posiblemente propiciados por funcionarios policiales de la citada dependencia, y a partir de los cuales pudo haberse producido el deceso”. Eso, según esta hipótesis, habría ocurrido entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7. Una diferencia clave con la versión de los policías, que hasta hoy aseguran que Casco fue detenido pasado el mediodía del 7 y liberado por la noche del mismo día.
Dentro del calabozo, según la acusación fiscal, Casco fue “brutalmente golpeado por funcionarios policiales”. De acuerdo al relato de los testigos, entre la 1 y las 3 de la madrugada del 7 de octubre se escucharon golpes y gritos de auxilio. Algunos aseguraron escuchar que esa persona que estaba siendo agredida dijo llamarse Casco, incluso otros escucharon su apellido. En medio de esos golpes se hizo un silencio absoluto. Al día siguiente hubo visitas y ya nadie volvió a ver al chico.
Para la acusación, por lo recabado del testimonio de los presos alojados en la comisaría, estas acciones eran habituales con los detenidos transitorios. Así lo analizó Vera Barros: “Los hechos perpetrados en el caso en concreto respecto de Casco, no eran sino más que la continuación de prácticas específicas que el personal de la mentada seccional vendría realizando en el marco de un contexto de violencia institucional sobre las personas que allí se encontraban privadas de su libertad, en clara vulneración de sus derechos”.
Lo que dice el cuerpo
Sobre las evidencias de los golpes en el cadáver de la víctima se abrió un debate que continuará durante el juicio. Las primeras dos autopsias realizadas en el Instituto Médico Legal (IML) definieron que por el estado de descomposición del cuerpo no se había confirmado la causa de la muerte. El cadáver fue exhumado dos veces para concretar pericias, entre ellas una del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó, por la ausencia de plancton mineral en el cuerpo, que Casco había entrado sin vida a las aguas del Paraná. A ese aspecto se le suman las sogas que, según esta hipótesis, fueron halladas atadas a un brazo y una pierna del cuerpo y permiten inferir que fue fondeado para que no saliera a superficie.
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Otra conclusión de este cuerpo médico de la Corte de Nación fue que Casco había perdido dientes por lesiones sufridas en vida. En 2017, en medio de un pedido de allanamiento al IML, el médico Félix Rodríguez, que había estado a cargo de las autopsias, entregó una pericia que había estado oculta en la investigación. Se trata de una ficha firmada por dos odontólogos del Departamento de Identificación Cadavérica, Odontología Legal y Forense que concluye que no hay rastros de violencia en la pérdida de dos dientes, y que a un tercero que falta lo sacaron ellos para hacer un análisis.
Al momento de declarar ante la fiscalía en 2015, el médico Rodríguez aseguró que no había ordenado una pericia odontológica porque el IML no contaba con odontólogos forenses. Con la aparición de este informe surgieron las sospechas hacia los dos odontólogos, que fueron citados a indagatorias, imputados por encubrimiento, luego sobreseídos y finalmente continuaron bajo investigación por una resolución de la Cámara Federal que revocó el sobreseimiento por considerarlo apresurado.
Inconsistencias
La acusación a los policías también comprende presuntas irregularidades que pudieron entorpecer la búsqueda de paradero de Casco. Vera Barros menciona en su escrito “un conjunto de graves irregularidades e inconsistencias” para presentar una versión distorsionada de los hechos.
Una sospecha que recae contra los policías es que la detención de Casco no había sido notificada ni documentada. Que por lo tanto todo lo que aparece en los libros de guardia fue anotado luego de la muerte del joven, como base de la versión policial que sostiene que el chico había sido liberado. Así analizó el contenido de estos documentos la Cámara Federal de Apelaciones cuando confirmó el procesamiento: “No refleja efectivamente lo acontecido, porque de antemano estaba direccionado a dar viso de legalidad a una detención anterior que se había omitido anotar en los libros de la seccional y comunicar a las autoridades respectivas”.
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También se mencionan “defectos” en el acta policial, donde fueron cambiados los datos de Casco. Lo anotaron como Franco Godoy (el apellido materno), le pusieron otro número de DNI y otro domicilio. Datos imprecisos que en la cotidianidad de una tarea administrativa podrían significar errores, pero que en este contexto serían la obstaculización intencionada de la búsqueda de una persona que había sido detenida y estaba muerta.
Siete años de lucha
“Se trata de un hecho que está vinculado a prácticas que son habituales por parte de las fuerzas de seguridad y son vejatorias de los derechos humanos”, consideró Guillermo Campana, abogado querellante en representación del hijo de Casco. “Ojalá podamos demostrar en el juicio que lo que le sucedió a Casco tiene que ver con conductas y acciones que llevaban adelante habitualmente los policías de la comisaría 7ª, en el sentido de que permanentemente había personas detenidas en calidad de demoradas alojadas en ese oscuro cuartito en el que estuvo Franco”, agregó.
A su vez Campana valoró “la gran labor que llevó adelante la fiscalía federal en cuanto a la minuciosidad de encontrar toda la evidencia que pueda llevar a probar que lo de Casco se trató de una desaparición forzada de persona seguida de muerte en el marco de un sometimiento a torturas”. “La expectativa es grande, tiene que ver con poder reconocer lo sucedido, descubrir la verdad, que haya identificación y sanción a los responsables de semejante atrocidad”, indicó respecto de lo que espera de cara al inicio del juicio.
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Una marcha de familiares y organizaciones sociales por la muerte de Franco Casco. Este lunes concentran a las 8.30 frente a los Tribunales federales.
Para el querellante la llegada a juicio luego de siete años de espera “es una clara muestra de lo que la lucha mancomunada entre familiares y organizaciones puede lograr”. La causa por la desaparición de Casco fue acompañada desde un principio por organizaciones sociales y de derechos humanos que, además de impulsar la representación de una de las querellas, se ocuparon de las necesidades de los familiares de la víctima que se quedaron a vivir en Rosario. En ese marco desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional invitan a acompañar el inicio del juicio a partir de las 8.30 en las puertas de los Tribunales federales. “Esta es una lucha colectiva y la familia de Franco necesita de todos”, indicaron.
Inocente colectivo
Estos siete años de espera también atravesaron a los familiares de los policías procesados. Así fue que parejas, hermanos, madres y padres crearon la asociación civil “Inocente Colectivo” junto a familiares de otras personas imputadas y detenidas en el marco de distintos tipos de causas. Desde ese espacio convocaron a varias manifestaciones en reclamo contra la extensión de las prisiones preventivas de algunos de los policías que están presos desde 2017.
Uno de los referentes es Hugo Alvarez, hermano del jefe de la comisaría 7ª durante la detención, desaparición y muerte de Casco. “Llegamos a esta etapa con la suerte que muchos no tuvieron, y eso es el haber podido visibilizar todas las irregularidades que se cometieron desde los órganos estatales que ejercen la persecución penal a personas inocentes”, consideró Alvarez en diálogo con La Capital.
“La importancia del juicio radica en que la prueba objetiva directa se pueda rendir delante de la vista de toda la sociedad, a la cual pedimos acompañamiento permanente para ambas partes”, analizó el hermano del subcomisario Diego Alvarez. “Desde el principio sostenemos la inocencia de nuestros familiares y el derecho a la verdad que merecen los familiares de Casco como las organizaciones que los acompañan. En ese sentido somos muy críticos de una investigación que cercenó la posibilidad de ahondar en cualquier línea de investigación paralela y se centró en especulaciones que fueron cayendo con el paso del tiempo”, agregó.
Nombres, roles, querellas
Al juicio que comenzó este lunes llegan acusados 17 policías de la comisaría 7ª y dos de la Dirección de Asuntos Internos. El delito más grave recae contra el jefe Diego Alvarez y los agentes Cecilia Contino, Walter Benítez y Fernando Blanco, quienes están imputados por desaparición forzada seguida de muerte y por la aplicación de torturas a la víctima.
Les siguen César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha y Esteban Silva, procesados por desaparición forzada seguida de muerte. Por la participación secundaria en este mismo delito están imputados Elisabeth Belkis, Franco Zorzoli, Rodolfo Murúa, Walter Ortiz, Romina Díaz y Ramón Juárez. En tanto que los policías Pablo Síscaro y Daniel Escobar, de Asuntos Internos, están acusados de encubrimiento.
Hay cuatro partes querellantes. Una por la Defensoría General de la Nación en representación del padre de la víctima. Otra particular de parte del hijo de Casco y una en nombre de un hermano de la víctima. A su vez en septiembre pasado el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, confirmó que volvería a asumir el rol de querellante de cara al juicio.
En principio, según se estableció en el cronograma de audiencias, las jornadas serán los lunes 6, 16 y 28 de diciembre a las 9. Luego continuarán los días 8 y 9 de febrero y a partir de entonces todos los jueves y viernes hasta la finalización del juicio. El tribunal habilitó el auditorio de la Cámara Federal de Apelaciones, de calle Entre Ríos al 400, para que el público general –con prioridad de los familiares de la víctima e imputados- puedan presenciar el debate por videoconferencia.
