Dos casas de repuestos y autopartes de la zona oeste de Rosario fueron
clausuradas ayer en operativos sorpresivos porque no tenían la documentación que acreditara la
procedencia de los elementos que en esos locales se comercializaban. Funcionarios judiciales y
municipales inspeccionaron esos negocios con el objetivo de determinar si la mercadería en acopio
era expendida en forma legal. Los operativos se enmarcan en un propósito que excede la acción
judicial ya que también participan las autoridades provinciales y municipales.
Estas acciones apuntan a fiscalizar la actividad regular de los negocios de este
rubro en el marco de una política criminal nacional a la que adhiere la provincia: apunta a impedir
que a los mostradores lleguen autopartes ilegales, que a veces proceden de delitos cometidos con
altos niveles de violencia, como el robo de automotores. Esta modalidad delictiva produjo, en los
últimos quince días, dos resonantes homicidios ocurridos en Wilde y Derqui, localidades del
conurbano bonaerense (ver aparte).
Las inspecciones de ayer se enmarcan en una ley nacional de agosto del 2003 a la
que la provincia adhirió y reglamentó en octubre de 2008.
Por sorpresa. Ayer a la mañana, la fiscal de la oficina de causas sin autores
individualizados, Viviana Cingolani, agentes de la Guardia Urbana municipal y de la sección
Sustracción de Automotores de la policía rosarina llegaron a dos comercios de autopartes de la zona
oeste. En los dos casos, según dijo Cingolani, los dueños de esos negocios no exhibieron la
documentación en respaldo de la procedencia lícita de los repuestos que tenían a la venta.
"Los negocios fueron clausurados por la Municipalidad porque no tenían las
facturas o los remitos con el número identificatorio de los repuestos usados que se ofrecían. Otra
anomalía que detectamos es que los inventarios de la mercadería estaban incompletos, sostuvo
Cingolani.
Las autoridades estuvieron en un local situado en avenida Circunvalación y
Presidente Perón y en otro ubicado en el cruce de Pellegrini y Felipe Moré. En el primer negocio,
según la fiscal Cingolani, la inspección también comprobó que tenía la habilitación municipal
vencida. Los dueños sostuvieron que los locales que regentean no son desarmaderos. "Dijeron (por
los propietarios de los negocios) que vendían autopartes que se la compraban a terceros, pero no
explicaron a quiénes", indicó Cingolani.
A partir de que la provincia adhirió a la norma nacional que regula la actividad
comercial de los desarmaderos, el organismo encargado de controlar su desempeño legal es la
Secretaría de Justicia, a cargo de Roberto Vicente. "No se nos escapa que el robo de automotores
puede terminar en el desguace y en un comercio ilícito que si no está regulado por el Estado puede
llegar a tener un mercado negro de autopartes".
—¿Cómo planean desalentar esa actividad delictiva?
—En realidad, tenemos la norma provincial que establece una regulación muy
parecida a la nacional, que tiene un registro y a su vez permite ejercer los controles sobre la
base de que cada uno de los repuestos usados que se expongan en los desarmaderos tienen que tener
un sticker para individualizarlos de modo que aquel no tenga este tipo de rotulación no es apto
para la venta porque tal vez su procedencia sea ilegal.
La regularización. Vicente indicó que en la provincia, tres meses atrás, había
inscriptos solamente 17 locales que comercializan autopartes. "Es un indicador que no refleja la
realidad. Por eso alentamos a quienes se dedican a esta actividad se inscriban o se reinscriban a
través de la página web para que puedan trabajar en un marco de legalidad", sostuvo el funcionario
provincial.
"A partir de la reglamentación de la ley, ocurrida en octubre de 2008, la
provincia buscó organismos municipales que contribuyeran al control de autopartes y repuestos en
los locales que los comercializan, de modo añadido se buscó configurar un banco de datos para
entrecruzar información", dijo el secretario de Justicia.
A su vez, Vicente señaló que uno de los objetivos es desalentar la posibilidad
de que esta actividad se realice en un marco informal y en condiciones irregulares. Y sostuvo que
la tarea se está realizando con otras dependencias oficiales. "Les pedimos colaboración al
Ministerio de Seguridad y a la policía de la provincia. Además nos reunimos con los fiscales NN
para aunar criterios y a realizar controles con las municipalidades de Santa Fe y de Rosario",
explicó.
Protesta
Los integrantes de la Cámara Argentina de Comerciantes
y Reparadores de Partes del Automotor (Cacyrpa) realizaron una protesta en la calle Warnes de
Capital Federal “en defensa de la fuente laboral” y contra los desarmaderos
clandestinos. “Controles sí, hostigamiento no” fue la consigna para demostrar que no
están relacionados con el delito.
