El monto es de 18 millones de pesos y 4 mil dólares. El fiscal Miguel Moreno continúa la investigación por extorsiones en la que estaba imputado
Por Claudio Berón
Los efectivos secuestraron de una oficina una importante cantidad de dinero.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron este jueves un allanamiento en el Gigante de Arroyito en el marco de la causa judicial por lavado de dinero en la que estuvo involucrado Andrés "Pillín" Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central asesinado a balazos el sábado 9 de de noviembre junto a su ladero Raúl "Rana" Attardo.
El operativo se realizó a media mañana de este jueves y las primeras informaciones sostuvieron que se secuestraron de una oficina que se encuentra en el estadio18 millones de pesos y cuatro mil dólares. El procedimiento tiene que ver con la causa en la que Bracamonte fue imputado varios meses antes de ser asesinado.
El asesinado líder de la barra auriazul era blanco de una extensa investigación por lavado de activos en la que había sumado imputaciones por una serie de delitos cometidos para imponer negocios con viandas, baños químicos y coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario en una presunta asociación ilícita junto con el también acusado Carlos Vergara, quien estuviera al frente del gremio de la Construcción (Uocra).
Se trata de una causa por la cual Pillín ya había estado preso cinco meses en 2020 hasta que recuperó la libertad bajo una fianza de tres millones de pesos. El expediente fue iniciado por el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno que investigó los negocios que, a su entender, Bracamonte pretendía ocultar con el armado de al menos cuatro empresas de servicios que tenía al club Rosario Central entre sus clientes.
En junio de 2020 Moreno imputó a Bracamonte en función de dos instancias. Una eran las maniobras que le endilgaba para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de la barra brava y la otra, de la cual tenía —lógicamente— más indicios que pruebas concretas, tenía que ver con la manera en la que Pillín había ganado ese dinero. En tal sentido aludía a negocios que suelen atribuirles a las barras, desde el cobro de estacionamiento cerca del estadio los días que hay espectáculos hasta una participación de las ganancias por ventas de futbolistas.
Pasaron unos años pero la investigación siguió. Al punto de que en diciembre de 2023 Bracamonte volvió a ser detenido por requerimiento de Moreno, esta vez junto a Vergara. El arresto tenía relación con la denuncia, seis meses antes, de un colaborador de Uocra afectado a actividades en Villa Constitución, Venado Tuerto y San Lorenzo que días después fue imputado dentro de la misma investigación. Este hombre, Juan M., aseguró que el entonces líder de la barra lo había amedrentado a comienzos de ese año por no haber querido alinearse con su grupo.
El fiscal le atribuyó a Bracamonte comandar junto con el secretario de la Uocra una asociación ilícita que apelaba a “modalidades extorsivas” para “exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio”, explicó en su momento Moreno quien situó el inicio de esa sociedad en 2018 cuando para los fiscales se reforzó el vínculo entre el barra y el gremialista, que le había abierto las puertas a la Uocra de San Lorenzo.
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Las maniobras atribuidas consistían en ofrecer, para que la operatoria tuviera un carácter formal, un “libre deuda” desde las sedes gremiales de la Uocra de Villa Constitución y San Lorenzo con el cual el contratista era autorizado a ingresar a trabajar, por ejemplo en plantas del cordón industrial. Para que cerrara la maniobra, según la acusación, las empresas también eran presionadas para que les exigieran a los contratistas el “libre deuda” como requisito para trabajar en sus predios.
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