El ex jefe de la comisaría 7ª de Rosario, Diego Álvarez, absuelto en el juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco, presentó este lunes en el Ministerio Público de la Acusación una denuncia penal para que se vuelva a investigar la causa del fallecimiento del joven de 20 años ocurrido en 2014. Además solicitó que se investigue como encubridor al ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón y a organizaciones sociales y de derechos humanos. Desde una de las querellas analizaron que se trata de "una ofensiva que corre todos los límites".
Valiéndose del fallo en disidencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 que en julio pasado absolvió al final del juicio oral y público a los policías que habían sido acusados por desaparición forzada seguida de muerte, el ex comisario Diego José Álvarez realizó este lunes una presentación en la Justicia provincial. Junto a sus abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini dejaron en la mesa de entrada un escrito que formula una "denuncia penal a fin que se investigue en qué circunstancias murió ahogado quien en vida fuera Franco Ezequiel Casco y si existió intervención de terceras personas".
"Tal presentación tiene el objetivo de peticionar ante la autoridad una investigación plena que aporte, en la medida de lo posible, al esclarecimiento de los verdaderos hechos que rodearon el fallecimiento de Franco Casco, contribuyendo con ello a la justicia que merecen sus familiares, como así también quien suscribe, el cual, junto a mis compañeros, fuimos imputados, acusados y juzgador para tergiversar la verdad, y asimismo a la comunidad merecedora de una respuesta sobre estos sucesos", continúa la presentación en su introducción.
El 18 de julio pasado 19 policías fueron absueltos en un fallo dividido de los jueces federales Ricardo Vásquez, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci, que votó en disidencia, tras el juicio oral al que llegaron acusados por distintos delitos en relación a la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. En ese marco Álvarez, ex jefe de la seccional donde el joven de 20 años estuvo detenido y fue visto con vida por última vez, enfrentaba junto a 13 policías más un pedido de prisión perpetua de parte de la Fiscalía. Los acusaban de haber torturado y asesinado a Casco la noche del 6 de octubre de 2014, para luego arrojarlo al río Paraná, donde fue hallado sin vida 25 días después.
Ahora, mientras las querellas que representan a los familiares de Casco trabajan en la apelación de la sentencia ante Casación, el ex jefe de la 7ª formuló una denuncia para que se sigan otras líneas de investigación acerca de las causas de la muerte de Casco. El escrito considera que la Justicia Federal tomó una "única hipótesis" que fue la que acusó al personal de la seccional que Álvarez tenía a su cargo.
Por ese motivo la presentación ante la Justicia provincial concluye con la solicitud de que se "ordene la formación de la correspondiente investigación penal preparatoria; se disponga las medidas que se estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la individualización del responsable; y en su oportunidad, en caso de corresponder, se requiera la elevación de la causa a juicio".
Contra funcionarios y organizaciones
La denuncia indica que en los días en que se desconocía el paradero de Casco "distintos actores orientan a la familia con una sola pretensión e hipótesis de la presunta comisión del delito de desaparición forzada involucrando al personal policial de la comisaría 7ª". "Es importante ya en este estado señalar que ese accionar, que desconozco si fue o no intencional, y pretendo que la Fiscalía lo determine, priva a la Justicia y a los familiares de establecer los verdaderos motivos de la muerte de Franco", continúa el documento firmado por Álvarez.
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En ese análisis agrega que durante el juicio los entonces imputados y sus defensas "plantearon la necesidad del esclarecimiento de la muerte de Franco Casco y el error del direccionamiento en un solo sentido de la investigación sin pruebas". "Lo que fue viabilizado mediante el armado de una causa basada en una narrativa contra personas inocentes en una verdadera cada de brujas eligiendo para este papel a personal policial", continúa.
Con ese fundamento Álvarez solicitó que "se investigue como encubridores de la real causa de la muerte del mencionado (Casco), y de corresponder esta causa a un hecho violento, se los impute a los doctores Gabriel Elías Ganón y Lucía Masneri". Se trata de quien en 2014 era defensor general de la provincia y en ese contexto presentó un recurso de habeas corpus para que se realizara una audiencia en los tribunales provinciales para que los entonces efectivos de la comisaría 7ª y funcionarios de la Fiscalía provincial explicaran cómo habían procedido ante la desaparición de Casco.
Pero, además del ex funcionario y su colega, la denuncia de Álvarez apunta a las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron a la familia Casco desde que el joven estaba desaparecido. Puntualmente, según el escrito, "a cualquier otra persona o ente que surja de la investigación como responsable de esa conducta (encubrimiento)". En ese sentido menciona "como dato orientativo" al Bodegón Cultural Casa de Pocho, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional y a la organización Causa.
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Este pedido lo justificaron con el fallo del juez Ricardo Vázquez, que según consideraron Álvarez y sus abogados "analiza cómo familiares de Franco Casco son llevados tras numerosas declaraciones testimoniales formales a un ámbito distinto al Ministerio Público de la Acusación con el propósito de 'forzar' un cambio en las versiones que estaban dando por una distintas que acomoda las circunstancias a la causa armada en contra del personal policial".
Defensas y querellas
Consultada por La Capital, la abogada Antonela Travesaro indicó que el principal aspecto de la solicitud es "que el hecho no prescriba". "Que se sigan otras líneas investigativas" y "si es que hubo intervención de terceras personas o es un hecho no penal", según consideró. En ese sentido explicó que "el encubrimiento podría ser un tema secundario si se comprueba lo primero".
Por su parte, el abogado querellante Guillermo Campana, representante del hijo de Casco, aseguró estar al tanto de la presentación del ex jefe de la comisaría 7ª. "Es una barbaridad querer actuar en nombre de la familia, que sigue convencida de quiénes fueron los asesinos de Franco", analizó.
"Es una especie de ofensiva que ya corre todos los límites, porque no hablan de su inocencia sino de pretender actuar en nombre de la familia. Esto corre un límite y es totalmente inviable lo que están proponiendo", agregó. En tanto, indicó que están trabajando en la presentación ante Casación de la apelación de la sentencia que absolvió a los policías que habían sido acusados por la desaparición y muerte de Casco.